El comisario del Faisán no se achica y acusa de nuevo a mandos de Interior

El comisario Carlos Germán, jefe del equipo que investigó el chivatazo a ETA, ha ratificado ante el juez Pablo Ruz todas y cada una de las conclusiones del informe definitivo entregado al magistrado días atrás. El chivatazo (4 de mayo de 2006), reiteró Germán, tuvo un objetivo político: preservar la negociación que el Gobierno mantenía en ese momento con la banda terrorista y evitar la detención del dirigente del PNV Gorka Aguirre por mediar en el pago del chantaje de un empresario a la red de extorsión que tenía su “sede” en el bar Faisán. También mantuvo que los autores de la filtración fueron el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros, y que también colaboraron en el mismo otros dos mandos policiales.

Carlos Germán compareció durante cuatro horas con una versión sin fisuras, según fuentes jurídicas presentes en su declaración, aunque las defensas de los imputados intentaron introducir dudas en su testimonio, como la existencia de una llamada que realizó a uno de sus subordinados a las 12,26 horas, fuera ya del periodo temporal en el que se produjo la filtración. Un dato con el que las defensas intentaron incriminar al comisario y su equipo como los autores del delito.

El hecho de que Joseba Elosua, dueño del Faisán, no reconociera este miércoles (tampoco lo hizo años antes) al inspector José María Ballesteros como la persona que le entregó el móvil a través del que se concretó el chivatazo, fue puesto en solfa con otro ejemplo. El propio Germán le interrogó durante 72 horas cuando fue detenido en junio de 2006, y hace escasas fechas, cuando el policía regresó al bar Faisán para elaborar una infografía que pidió el juez, Elosua no lo reconoció. “Si no conoce al que le interrogó durante 3 días, ¿cómo iba a identificar a una persona con la que estuvo tan solo unos minutos?”, explicó a este diario una fuente jurídica.

Las defensas recurrieron también a la extraña actuación de Elosua tras recibir el chivatazo, ya que tardó una hora en coger su coche para desplazarse a Francia. Este lapsus de tiempo fue explicado por Germán de forma contundente: Elosua fue a la lonja que tenía frente al Faisán para deshacerse de las cartas de extorsión y el sello de ETA que estampaba en ellas, y que el chivatazo impidió incautar.

Una fuente presente en la declaración dijo a este diario que el 80% de las preguntas que las defensas plantearon al policía no se sustentaban en datos de la causa.

El informe, ratificado punto por punto, contiene datos que pueden avalar la acusación de colaboración con banda armada frente a la de revelación de secreto, que presumiblemente defenderá el fiscal, que supondría la remisión de la causa a un juzgado de Irún y rebajaría la pena de los acusados, si llegaran a ser condenados, de 10 a 3 años de reclusión.

La colaboración con la banda se concretaría en que se permitió que los 54.000 euros que Joseba Elosúa, dueño del Faisán, tenía previsto entregar al etarra Cau Aldanur y que se iban a intervenir en la operación, llegaran a ETA. Igualmente, “evitó que el plus informativo que siempre genera una investigación de esta naturaleza fue absolutamente nulo”, y salvo un recibo justificativo de un pago del “impuesto revolucionario” (intervenido en el domicilio de Cau Aldanur cuando la operación contra la red se llevó a cabo un mes después), “no se halló ningún otro elemento indiciario en poder de los detenidos que corroborara la actividad delictiva de los miembros de la red de extorsión”.

“Después de más de dos años de intensas investigaciones -dice el informe- tampoco se hallaron los esperados y previsibles datos complementarios referidos a listas y claves de extorsión, cartas, sellos de ETA, contabilidad, notas de la transmisión de fondos de los Aparatos, e información financiera del Aparato de Extorsión de la organización terrorista, vía para lograr el verdadero objetivo final de la investigación”.

Las conclusiones ratificadas ante el juez concluye que el chivatazo permitió a los miembros de la red “poner a salvo de la acción policial y judicial los medios y recursos utilizados en su procedimiento de extorsión y, lo más grave, pudieron sustraer el conocimiento de los servicios policiales antiterroristas datos esenciales sobre la estructura, composición, procedimientos operativos y responsables del Aparato Financiero de ETA en esos momentos”.

Los otros cuatro integrantes del equipo investigador prestarán declaración a partir de este viernes y no se descarta que su testimonio se prolongue incluso a la tarde del próximo domingo.