El lobby nuclear español se pliega a nuevos controles de seguridad

Los ecos de psicosis atómica procedentes de Japón llegaron ayer hasta España, donde Gobierno, oposición, Congreso, ecologistas y lobby nuclear movieron ficha para no quedar en fuera de juego ante la opinión pública. José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo su silencio sobre la crisis, pero creó en Moncloa un grupo de seguimiento con altos cargos de Presidencia y varios ministerios. Mientras, la industria del sector saludaba las nuevas pruebas de seguridad acordadas desde Bruselas, y el Parlamento aprobaba elevar a 1.200 millones la responsabilidad civil por accidentes nucleares.

La exigencia de más seguridad se ha apoderado del discurso político, aunque, simultáneamente, desde el Foro Nuclear, que agrupa a las empresas españolas relacionados con la energía nuclear, se insiste en que las centrales españolas cuentan con suficientes garantías. Europa ya no lo cree así y, ayer, influidos por la antinuclear Austria, los 27 alcanzaron un acuerdo con la industria para someter a las 142 plantas de la UE a “pruebas de resistencia” para comprobar su seguridad.

Fuentes del lobby nuclear español señalaron que el sector “está dispuesto a colaborar en cualquier reevaluación”, y aceptará “de forma positiva cualquier inspección”. No obstante, fuentes de la industria nuclear pusieron en duda la consistencia de estos stress test, dado que ha sido un concepto improvisado en los últimos dos días. Poco importa que los exámenes todavía estén por definir, el sector trata de transmitir confianza a toda costa, y Santiago San Antonio, director general de Foratom, foro del ámbito europeo, se atrevió a asegurar que “todas las centrales españolas podrán pasar las pruebas de estrés”.

El peligro de provocar el rechazo de la opinión pública es tal que el PP, principal fuerza política pro-nuclear, continuó ayer suavizando su mensaje. Soraya Sáenz de Santamaría afirmó que es “necesario” analizar las condiciones de seguridad de las centrales españolas, y reclamó una mayor “coordinación de las políticas europeas”. En cambio, los populares sí se retrataron en el Parlamento vasco, donde votaron en contra del cierre definitivo de Garoña. La iniciativa fue finalmente aprobada por socialistas y nacionalistas, pero el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, confirmó que seguirá en funcionamiento hasta 2013.  

Al margen de estas declaraciones, el Gobierno trata de mantenerse al margen del debate nuclear, maniatado por sus últimos bandazos en política energética y la presión de su electorado. La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, insistió en que “no es el momento” de debatir sobre las centrales en España, mientras Zapatero y el titular de Industria, Miguel Sebastián, se reunían, entre otros, con la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, Carmen Martínez Ten, sin hacer declaraciones.

Protesta ecologista

El Ejecutivo ha decidido recientemente prorrogar hasta los 37 años la actividad de la planta de Cofrentes (Valencia), y continúa retrasando sine die la ubicación del almacén transitorio centralizado (ATC). El accidente de Fukishima puede complicar todavía más la decisión, incluso una vez superada la urgencia electoral.

Los ecologistas pretenden avivar el rechazo a la energía nuclear aprovechando la actual alarma internacional. Greenpeace, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, entre otras organizaciones, han convocado una protesta en la madrileña Puerta del Sol para el próximo jueves bajo el lema “Nucleares ni aquí ni en Japón. Garoña cierre ya”. Los manifestantes exigirán también al Ejecutivo que prescinda de esta energía a partir de 2020.