La sentencia contra Sáenz sigue sin hacerse pública pese a conocerse el fallo

Ya ha pasado más de un mes desde que se conoció el fallo del Tribunal Supremo que condenaba a ocho meses de prisión, multa e inhabilitación especial para cualquier empleo relacionado con la banca a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander, por delitos de presentación de una acusación falsa y de estafa procesal.

Esta dilación en hacer pública la sentencia una vez que se conoce el fallo no es ni mucho menos habitual en este órgano judicial. Aun así, hay que puntualizar que el fallo no fue anunciado por el propio tribunal, como sería el cauce ordinario, sino por una filtración a un medio de comunicación.

El retraso, sin embargo, tiene una explicación: el ponente encargado de redactar la sentencia es contrario al fallo dictado. Esto significa que todo el texto redactado es inútil y que otro magistrado ha tenido que iniciar de cero los fundamentos jurídicos de la sentencia, según las fuentes.

Posible recurso por violación de derechos fundamentales

La filtración del fallo podría ser empleada por Sáenz para recurrir en un futuro su condena ante el Tribunal Constitucional por violación de sus derechos fundamentales al haber conocido por un medio de comunicación la decisión de un tribunal que todavía no tiene la sentencia. Mientras tanto, continúa en el cargo como vicepresidente del Banco Santander con normalidad porque en la práctica todavía no ha sido condenado.

El presidente de la entidad, Emilio Botín, ya señaló tras conocer la noticia que “no hay riesgo reputacional, no hay sentencia y no hay absolutamente nada, ¿está claro?”. Ni siquiera quiso plantearse qué sucedería si llegase a materializarse la sentencia.

Por ahora, desde la entidad no se va a mover ficha, por lo menos hasta que resuelva el Constitucional, algo que podría alargarse incluso hasta dos años. Eso sí, siempre y cuando este tribunal decida suspender la inhabilitación hasta la decisión final.

De su etapa de Banesto

Según el fallo hecho público, el ejecutivo habría cometido dichas infracciones cuando era presidente de Banesto. Fue entonces cuando “con su conocimiento y beneplácito” se presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra cuatro empresarios, a pesar de que sabía que eran inocentes.

Dicho procedimiento dio como resultado la detención de éstos, el encarcelamiento durante varios días de tres de ellos y el embargo de bienes por valor de 4,5 millones de euros. Estas acusaciones se utilizaron como medida de presión para intentar cobrar una deuda de 3,8 millones de euros que el grupo participado por dichos ejecutivos tenía con Banesto.

Ya en diciembre de 2009, la Audiencia Provincial de Barcelona entendió que Sáenz tenía conocimiento de que los hechos imputados (a los empresarios) no eran ciertos, así como tampoco los de los escritos posteriores de ampliación de querella y que actuó de esa manera como “medida de presión” contra los industriales. La interposición de la querella por parte de Banesto “obedeció al único propósito de recuperar unos créditos, de la forma que fuere, sin empacho alguno en formularla contra personas físicas que nada debían”, sostuvo la Audiencia Provincial de Barcelona.