Los últimos expropiados por Chávez: “Pedimos a gritos la intervención de Moratinos”

La antigua Agroisleña ha dado paso a la más bolivariana Agropatria. La última empresa de origen español confiscada y expropiada por Hugo Chávez ya opera con su nueva denominación sin que, a día de hoy, el Gobierno, a través de su canciller, Miguel Ángel Moratinos, haya protestado todavía ante las autoridades de Venezuela. Los descendientes del emigrante canario Enrique Fraga Alonso, que fundó la empresa agrícola en 1958, exigen de forma desesperada su intervención para lograr, al menos, una compensación económica. “Pedimos a gritos la intervención de Moratinos”, explican a este diario fuentes de la familia. “El Gobierno de Venezuela ha destituido a toda la antigua junta directiva, ha nombrado a unos nuevos gestores y ni siquiera sabemos si nos compensarán económicamente de alguna manera. Y si lo hacen, lo harán muy por debajo del valor real de la empresa”.

El caso más reciente de toma por lo militar de la propiedad privada en Venezuela no ha logrado enturbiar, al menos en el terreno de lo oficioso, las relaciones, siempre complicadas, de España con Venezuela. La resignada fórmula de “aguantar y negociar lo mejor que se pueda” que, como ya publicó este diario, se lleva a cabo desde la embajada española de Caracas no ha ayudado en absoluto a defender los intereses de los españoles que en su día emigraron a Venezuela e hicieron sus negocios.

El panorama es dramático, según explica a El Confidencial Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria, el organismo que agrupa al sector privado industrial de Venezuela. Solo en lo que va de año ya se han confiscado más de 190 empresas sin contabilizar las expropiaciones de terrenos agrícolas. “Hay muchos agricultores de origen canario que han sido expropiados, pero lo que pasa es que hay un miedo a contarlo por la amenaza de que si la gente habla, no serán compensados los daños de la expropiación”, señala.

“El termino expropiación no es el más adecuado. Porque la Constitución de Venezuela dice en su artículo 115 que para que una empresa sea expropiada, primero debe haber una sentencia firme en un tribunal y, después, una justa compensación a los propietarios antes de que pueda ser tomada. El Gobierno de Chávez ha aprobado diferentes leyes que sobrepasan la Constitución y que permiten al Gobierno tomar posesión de las empresas y después empezar un proceso de negociación que, en muy pocos casos, termina en compensación económica”.

“No se ve una respuesta clara por parte de España”

En el caso de Agroisleña, la historia toma un cariz aún más calamitoso, pues sus propietarios se enteraron por el programa televisivo que protagoniza el propio Chávez que su empresa sería nacionalizada de la noche a la mañana. “Es una empresa creada por gente de origen español que le han dedicado toda su vida a este país y que han hecho mucho por el sector agrícola. El presidente Chávez lo anuncia en un programa de televisión y, al día siguiente, el Ejército toma las instalaciones como si estuviéramos en un estado de sitio”, explica Larrazábal.

Con esta filosofía, el presidente de Conindustria se lamenta de que el Gobierno de su país se haya lanzado a una cruzada que supone “la destrucción del capital privado de Venezuela, sea de donde sea, sin importar de dónde venga”. Una situación ante la que no aprecia una respuesta firme y contundente del Gobierno español. “De forma paralela a la toma Agroisleña, uno lee en la prensa que el Gobierno de Venezuela piensa comprar unas fragatas misilísticas a España. No se ve una respuesta clara por parte de España. Muchos gobiernos no entienden que en Venezuela se está atacando la propiedad privada que protege la Constitución y también, la propia democracia”.

“En el caso de Agroisleña”, añade, “se ha afirmado que era una empresa que tenía prácticas de oligopolio. En el supuesto caso de que eso fuera así, en Venezuela existe una ley de pro-competencia que data del año 1992. En ella se dice que si una empresa realiza prácticas de monopolio u oligopolio que afectan al consumidor, se establecen unas penalizaciones similares a las que hay en España y en otras partes del mundo. Multas muy fuertes que conllevan la obligación de que la empresa se fraccione, pero que, en ningún caso, contempla la expropiación”.