La Fiscalía lo tiene claro: los dos piratas cumplirán la condena en España

Los dos piratas van a ser enjuiciados en la Audiencia Nacional y, si son condenados, tendrán que cumplir la pena en cárceles españolas. Una vez que los 36 marineros del atunero Alakrana están liberados y de vuelta a casa, ya no hay ninguna razón para hacer una pirueta legal y devolverles a Somalia. La Fiscalía está dispuesta a mantener la petición de más de doscientos años de cárcel por su participación en el secuestro del barco, que tuvo lugar el pasado 2 de octubre.

El juicio parece que se va a celebrar más pronto que tarde, aunque fuentes jurídicas apuntan que el proceso ya no tiene carácter de urgencia. Lo previsible es que esta semana, el fiscal Jesús Alonso presente su escrito de calificaciones. En él, acusará a Abdu Willy y Raageggesey Hassan Aji de 36 delitos de detención ilegal, con una pena de seis años por cada delito, y otro de robo con violencia y uso de armas. Eso sí, les ha retirado la imputación por el delito de asociación ilícita como sostenía Baltasar Garzón.

Ahora, con los marineros liberados, el futuro de los dos jóvenes corsarios pinta muy negro. Las declaraciones de los marineros van a ser esenciales en el juicio. Podrán concretar su participación en el secuestro y tirar por tierra su versión de que no tenían nada que ver con el grupo que asaltó el barco sino que subieron obligados.

Viaje de Pedraz a País Vasco y Galicia

Según fuentes jurídicas, el juez Santiago Pedraz irá al País Vasco y Galicia, previsiblemente el próximo martes y miércoles, para interrogar en calidad de testigos a los tripulantes del atunero. A pesar que el magistrado ha dado por concluido el sumario y ya lo ha elevado a la Sala para que fije fecha del juicio oral, las declaraciones de los afectados se sumará a la causa y se tendrá en cuenta en el juicio. Es más, lo más probable es que si la Fiscalía lo pide, tengan que declarar en la vista oral.

Además de la versión de los marineros, la Sección Cuarta de lo Penal, que preside Angela Murillo, cuenta con la declaración de los militares que participaron en la detención de los dos piratas cuando se dirigían en un esquife a tierra firme, así como el informe del Estado Mayor de la Defensa certificando los hechos. Si el tribunal da por válidas estas pruebas, los dos corsarios pasarán en la cárcel treinta años, el máximo establecido por el Código Penal.

La única opción para mandarles de vuelta a Somalia sería que el Gobierno les concediera un indulto o su extradición. En el primero de los casos, tendría que haber primero una sentencia firme del Tribunal Supremo, que podría tardar dos años más, algo, por tanto, poco probable. La extradición, hoy por hoy, es imposible porque no existe ninguno convenio con Somalia, aunque se está intentando allanar el camino para que pueda ser así.