Traslado urgente a España y prisión para los piratas somalíes

Los dos piratas somalíes detenidos el pasado sábado como autores del secuestro del atunero español ‘Alakrana’ en aguas internacionales van a ser trasladados de forma urgente a España, donde serán enviados a prisión de manera incondicional. Así lo ha acordado el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a petición de la Fiscalía.

Les imputa 36 delitos de detención ilegal –igual que el número de tripulantes a bordo-, uno de robo con violencia y otro de asociación ilícita. De todas maneras, el magistrado no descarta, a lo largo de la investigación, modificar esta última imputación en otra de organización terrorista.

Por eso, ordena que sea la Comisaría General de Información -encargada de los asuntos de terrorismo- la que asuma la investigación de los hechos “en todas sus fases y extensión”, en coordinación con las Fuerzas Armadas que se hallan en el escenario de operaciones.

En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 explica que, en vista de la “suma gravedad” de los hechos, esta medida adoptada es la “única coherente, lógica e indispensable” que procede para asegurar no sólo las personas sino el objeto de la causa.

Con esta decisión se entiende que Garzón, al igual que la Fiscalía, considera que la competencia para investigar los hechos es de la Justicia española y no de Kenia, al encontrarse el atunero español fuera de la zona de seguridad de la ‘operación Atalanta’ marcada por la Unión Europea.

En el caso que se encuentre dentro de esta zona de aguas internacionales, el país competente para investigar los delitos de piratería es Kenia, según un acuerdo entre este país y la UE.

El precedente del Marqués de la Ensenada

Justamente por ese acuerdo, los piratas detenidos por el buque español Marqués de la Ensenada’ cuando intentaban secuestrar un barco panameño el pasado mes de mayo no fueron entregados a España, a pesar de que el juez Fernando Andreu ordenara su ingreso en prisión.

La Fiscalía le obligó a retirar los cargos de los catorce piratas arrestados, quienes finalmente fueron entregados a las autoridades keniatas. Andreu consideraba que la piratería es perseguible en todos los países por el principio de jurisdicción penal internacional regulado en el Convenio de Ginebra y la Convención de Naciones Unidas.