Ferraz teme que el puerto de Gijón se convierta en el 'Palma Arena' del PSOE

Marejada de politiqueos e intrigas al sol del verde paraíso asturiano. En la Junta General del Principado, los populares reclaman a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega que ordene al fiscal general del Estado una investigación concerniente al escandaloso sobrecoste del puerto de Gijón. El Partido Popular exige el mismo trato que para los trajes del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Asimismo pide la dimisión del consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía, y del presidente de la Autoridad Portuaria, Fernando Menéndez Rexach.

“No se puede tapar por más tiempo la gravedad del asunto”, manifiestan los populares a este diario. Y con el fin del estío hasta el ministro José Blanco saca la artillería pesada contra el Gobierno regional y pide “un examen de conciencia”. Así las cosas, es necesario idear un plan B de relevo del presidente Vicente Álvarez Areces por si la Oficina Antifraude Europea destapa las presuntas irregularidades. Ante las circunstancias, el diputado Álvaro Cuesta promociona a Javier Fernández como candidato mientras Areces se marcha de vacaciones.

Por su parte, la Unión Europea ya había cortado el grifo al enterarse de que la factura había superado un 43,3% el precio inicial de licitación. Las voces críticas predicen que tendrá que devolver las ayudas ya concedidas, con lo cual el pufo podría alcanzar unos 837 millones de euros.

El consejero Buendía reacciona a la defensiva y arremete contra el Ejecutivo central al asegurar que los ministerios de Fomento y Economía avalaron todas las decisiones sobre la obra. “El Consejo de Administración portuario cuenta con seis representantes del Gobierno Central”, declara el consejero al ver peligrar su cargo. Buendía involucra a las vicepresidentas Salgado y De la Vega, al ministro Blanco y al propio Zapatero que visitó la obra y dio el visto bueno. Además alerta que “las críticas” podrían poner en peligro los fondos otorgados por Bruselas... Entretanto, Areces no da señales de vida hasta el estreno de West Side Story en la Universidad Laboral y la llegada de Brad Pitt, que estudia participar en un proyecto urbanístico en Avilés.

La triste historia de desatino a la asturiana comenzó el 4 de enero de 2005 cuando Areces acudió a la reunión en la que se adjudicó la licitación de la obra por 579 millones de euros. La empresa ganadora del concurso fue la UTE Dique Torres, liderada por el grupo ACS de Florentino Pérez. Lo sorprendente del asunto es que Areces no era miembro habitual del consejo del puerto -su representante era el consejero Buendía-.

En diciembre de 2007, el consejo condicionó incrementar el precio del contrato de la obra para pagar los 251 millones de subida debido a un aumento en el precio de la piedra. El asunto se zanjó el pasado 30 de julio de este año cuando el consejo aprobó el sobrecoste. Al final, Fomento decidió otorgar un crédito a largo plazo para cubrir el pufo. Sin embargo, Los Verdes acusan a los socialistas de supuestas ilegalidades en los pagos de la obra.

En realidad, existen infinitas lagunas sin resolver. Así según un informe europeo: “Hidrocantábrico elevó el precio por el suministro de los materiales de 7,30 euros/m3 a 18,22 euros/m3. Esto conllevó un sobrecoste de 46,18 millones de euros (aproximadamente el 9,21% del precio inicial)”. Según el diario La Nueva España: “El Puerto de Gijón hizo uso de 165.000 metros cúbicos de piedra de la cantera de Aboño, que pagó a 1,65 euros el metro cúbico”.

Para más INRI EFE informa que un vecino de Gijón, Marcelino Laruelo Roa, presentó ante la Fiscalía especial de Medio Ambiente una denuncia en la que asegura que la Autoridad Portuaria y la UTE extraen áridos del fondo marino para utilizarlos en las obras de ampliación del puerto.