Operación Tigris, Nova, 11-M… las instrucciones de los jueces de la Audiencia Nacional hacen agua

Esa lección se les pasó a los jueces de la Audiencia Nacional. Por muchos indicios que existan contra alguien no significa que sea finalmente condenado. Las pruebas deben demostrar sin ningún género de dudas que un imputado es culpable y los indicios no son suficientes. La instrucción de un juez a través de una investigación policial no siempre implica que el sospechoso luego sea condenado. En ocasiones, a pesar de la existencia de indicios, las pruebas no son suficientemente contundentes para destruir la presunción de inocencia de un procesado. Registros domiciliarios sin autorización judicial, escuchas telefónicas irregulares o torturas son algunas de las causas por las que toda una investigación puede quedar anulada.

La semana pasada, la Audiencia Nacional ha tirado por tierra parte de la instrucción de Baltasar Garzón en la denominada 'Operación Tigris', dejando absueltos a diez de los catorce miembros de la célula terrorista que ayudó a huir a varios autores de la masacre del 11-M. En este caso, la Sala ha declarado nula la intervención policial de una serie de correos electrónicos, que sirvieron en gran parte de base a la instrucción de Garzón, lo que explica el elevado número de absoluciones.

En lo que al terrorismo islamista se refiere, es muy complicado, teniendo en cuenta la Justicia garantista que existe en España, que una Sala confirme la investigación realizada por un juez y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Después del 11-M, se quiso hacer una lucha preventiva, evitando que los terroristas llegaran a atentar. Sin embargo, este tipo de trabajo de investigación es más complicado de demostrar luego.

El propio Tribunal Supremo decía en la sentencia por la 'Operación Nova' -célula que intentó volar la Audiencia Nacional- que la investigación sobre terrorismo islamista reviste una "gran complejidad" por la forma en que se generan y "por las amplias posibilidades de que el número de personas que puedan resultar seducidas por las predicaciones de fanáticos religiosos sea imprevisible y totalmente aleatoria".

Actuaciones embrionarias

Además, entiende que no es posible afirmar que la predicación de doctrinas integristas y fanáticas capte a todos aquellos que la escuchan e, incluso, participan de sus dogmas y contenidos "llegando a inflamarse de animadversión hacia las personas que estiman enemigas de sus religiones y creencias". Las manifestaciones de este fenómeno son mucho más complejas, en cuanto a su investigación y prueba, que cualquier otra modalidad delictiva, sobre todo, cuando la actividad que se detecta en las actuaciones policiales y judiciales es embrionaria, sin haberse concretado en resultados catastróficos.

De todas maneras, los profesionales de la judicatura entienden que una sentencia que no confirma una instrucción supone la fortaleza del Estado de Derecho y el refuerzo de las garantías de los ciudadanos, sobre todo para aquellos que se ven implicados en una causa.

Es muy común que en los juicios de miembros de ETA se ponga en duda la actuación policial, acusando a los agentes de torturas, malos tratos, amenazas y vulneración de sus derechos fundamentales. Sin embargo, la norma general es que estas acusaciones no queden probadas, aunque sí es cierto que en algunas ocasiones un tribunal tira por tierra la actuación policial. No todo lo que se investiga tiene la verdad absoluta sino que existen varios filtros hasta que una persona queda finalmente condenada o absuelta y eso es precisamente el pilar fundamental de nuestro sistema de garantías.

Aunque un juez de instrucción considere que tiene indicios suficientes para acusar a una persona de algún delito, no será válido si no queda probado durante el juicio. Un claro ejemplo es la absolución del presunto ideólogo de los atentados del 11-M, Rabei Osman El Sayed, 'El Egipcio'. A simple vista, no cabría ninguna duda de la culpabilidad de una persona a la que le han intervenido conversaciones telefónicas en las que dice que "la operación de Madrid fue idea mía". Así lo vio tanto el juez de instrucción Juan del Olmo como la fiscal del caso Olga Sánchez. Y por eso, 'El Egipcio' se sentó en el banquillo de los acusados enfrentándose a 40.000 años de prisión.

Sin embargo, con las pruebas encima de la mesa, el tribunal, presidido por Javier Gómez Bermúdez, entendió que las pruebas no eran los suficientemente claras y contundentes para condenarle y tuvo que ser absuelto. La principal prueba contra él eras las escuchas telefónicas realizadas por la policía italiana en su domicilio de Milán. Pero a la hora de presentarla en el juicio, los traductores no se pusieron de acuerdo sobre la veracidad de la frase autoinculpatoria. No se destruyó la presunción de inocencia y por tanto quedó absuelto.