El Congreso autoriza, en secreto y a puerta cerrada, los negocios privados de Michavila

José María Michavila obtuvo ayer el visto bueno del Congreso para dedicarse al último de sus múltiples negocios privados: un family office para gestionar los bienes y patrimonios de familias adineradas.

En una votación secreta y a puerta cerrada, el Pleno aprobó por mayoría absoluta un informe reservado de la Comisión del Estatuto del Diputado que da luz verde al  pluriempleo de Michavila -pese a que algunas de sus actividades chocan frontalmente con las incompatibilidades que fija la ley electoral- y de otros 79 parlamentarios de todos los partidos.

Aunque las actividades extraparlamentarias de Michavila y su absentismo en el Congreso le han granjeado abundantes críticas en el hemiciclo, incluso entre sus propios compañeros de filas, a la hora de la verdad muy pocos se atrevieron ayer a censurar su actitud: sólo 43 diputados -el 12% de la Cámara- votaron en contra del informe, que obtuvo 256 votos a favor.

La razón de esa aparente muestra de corporativismo y manga ancha resulta tan sencilla como irritante: nadie está dispuesto a arrojar piedras sobre su propio tejado, y la inmensa mayoría de los diputados se opone a cualquier iniciativa que suponga endurecer el régimen de incompatibilidades de sus señorías y dar transparencia a sus actividades privadas.

De hecho, casi el 90% de los 350 miembros de la Cámara tiene otras ocupaciones fuera del hemiciclo, pese a que la Ley del Régimen Electoral General les impone dedicación absoluta a su labor parlamentaria.

El despacho jurídico en el que trabaja Michavila -Eius abogados- aparece relacionado con numerosas actuaciones presuntamente irregulares vinculadas al llmado caso Gürtel, y asesora al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), epicentro del supuesto caso de corrupción que ha salpicado de lleno al PP.

La ley electoral prohíbe expresamente a los diputados contratar con la Administración pública, y ese veto también incluye a los ayuntamientos, pero el Congreso prefiere hacer la vista gorda, y no sólo con Michavila.

Dudosa compatibilidad

Otros tres diputados del PP -Ángel Acebes, Manuel Pizarro y Fernando López Amor- también fueron autorizados ayer a ejercer actividades de dudosa compatibilidad con el escaño. El ex ministro de Justicia del PP será miembro del consejo de administración de Cibeles, un holding financiero del grupo Caja Madrid a punto de salir a Bolsa.

Acebes compartirá asiento con el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez-Ponga y el ex consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela. El consejo de administración de Cibeles está compuesto por 17 miembros, incluidos el presidente, Miguel Blesa, y el consejero delegado, Carlos María Martínez.

El diputado de IU Gaspar Llamazares -que ha presentado una proposición no de ley para que se hagan públicas las actividades de los parlamentarios- cree que la presencia de Acebes en Cibeles es incompatible con su labor como diputado. El artículo 159.2 de la Ley Electoral prohíbe expresamente a los diputados compatibilizar su escaño con "las funciones de presidente del consejo de administración, consejero, administrador, director general, gerente o cargos equivalentes, así como la prestación de servicios en entidades de crédito o en cualesquiera sociedades o entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero".

Pizarro, por su parte, participa en una decena de fundaciones, academias y comités de honor, como la presidencia de honor de Endesa y de la Fundación Ibercaja. El ex primer ejecutivo de Endesa no percibe ningún salario por esas actividades, aunque sí cobra dietas. Pizarro ejerce como portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso y asesora al grupo parlamentario en diversas materias económicas y financieras, pero mantiene en el hemiciclo un perfil político muy bajo.

López Amor, ex director general de RTVE y diputado por Córdoba -aunque nacido en Salamanca-, podrá seguir ejerciendo como consejero de Grupo Santa Mónica Sports. Esta sociedad gestiona los derechos de 10 equipos de fútbol que militan en Primera División, parte de los cuales están vendidos a televisiones públicas, tanto TVE como las cadenas autonómicas.