Montilla, Carod y Saura tendrán que aportar información sobre 22 informes ‘sospechosos’

El presidente del Parlamento catalán, el republicano Ernest Benach, ha apretado las tuercas por escrito a los principales dirigentes del tripartito catalán para que aporten a la oposición la documentación relativa a 22 informes sospechosos que se realizaron durante el año 2007. Ha dado quince días de plazo para que los tres departamentos implicados envíen la documentación que la oposición, a través del diputado de Convergència i Unió (CiU) Jordi Turull, ha solicitado y se le ha negado hasta ahora.

Los informes de los que Turull había pedido documentación pertenecen a Presidencia, Vicepresidencia e Interior, es decir, a los departamentos que encabezan José Montilla, Josep Lluís Carod-Rovira y Joan Saura. Son los únicos que no han respondido a las interpelaciones que hizo la oposición en el Parlamento autonómico. “Se trataba de informes de cuantía inferior a 12.000 euros, para los que no hace falta concurrencia, o sea, que son adjudicados a dedo directamente y sin necesidad de tener un mínimo de tres ofertas, como ocurre con los contratos superiores a esa cantidad. Para los que superan los 30.000 euros, es preciso ir a concurso público y la convocatoria salga publicada en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC). Tras varias peticiones, pedí el amparo del presidente del Parlamento para que podamos tener acceso a la documentación de estos informes”, manifestó Turull a El Confidencial.

El diputado convergente está investigando los informes correspondientes al año 2007. “Después de un primer estudio, estamos convencidos de que hay tres vertientes sobre el análisis de los informes que encargó el Gobierno en ese ejercicio. La primera es que se podían ahorrar muchos de los estudios; la segunda, que hay muchos de ellos que podían haber realizado los propios funcionarios de la Generalitat; y la tercera, que algunos de ellos encubren una contratación de personal y fueron manipulados”, explica el diputado de CiU.

El parking de Tortosa

Turull pidió desde el 8 de enero pasado diversa documentación que nunca ha llegado a su mano. En concreto, exigió luz sobre siete informes que le resultaron “sospechosos” encargados por la Presidencia de la Generalitat. En su petición, reclamaba los documentos oficiales sobre un “informe de posicionamiento de gencat.net en los buscadores” de Internet; sobre un “estudio de viabilidad sobre un aparcamiento en Tortosa”; sobre una “encuesta de satisfacción de los usuarios del 012” (teléfono de emergencias); un “análisis diagnóstico de los servicios ofrecidos por la Oficina de Atención Ciudadana de Girona”; un “Estudio de implementación de un CPD alternativo”; un estudio sobre la marca “Govern de Catalunya”, que aparece en todos los anuncios; y la elaboración de un informe jurídico sobre la regulación del Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña digital. “¿Es que el Gobierno no tiene un equipo de juristas que le pueda hacer este trabajo? ¿Y no existe una delegación del Gobierno en Tortosa como para que tenga que hacerse cargo Presidencia de un estudio de viabilidad allí? ¿Qué ocultan estos encargos?”, señaló a El Confidencial Jordi Turull.

Pero eso no es todo. Benach se ha dirigido también a Carod-Rovira y a Saura para que aporten la documentación relativa a los informes sospechosos. En el caso de Saura, afecta a la consejería de Interior. Se trata de diez informes que van desde la “elaboración del calendario de tareas para la puesta en marcha del Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencias 112” hasta la “Validación del Plan Funcional 112 Cataluña”, el “Estudio para la redacción del anteproyecto de Estudios de la entidad de derecho público Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña”, la “elaboración de un diagnóstico organizativo previo a la implantación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2000 en el proceso de detención (que ya había sido denunciado por El Confidencial el pasado mes de enero); o los “estudios técnicos para perfilar el perfil de los candidatos en la convocatoria de subinspector e inspector” de los Mossos d’Esquadra.

Sospechas de “amiguismo”

Al departamento de Carod le corresponden cinco informes sospechosos: la segunda parte del estudio “Origen y difusión de la conmemoración del 11 de septiembre”; otro sobre la “promoción y el uso” del catalán; dos sobre los “equipamientos culturales en la zona transfronteriza”; y la segunda parte de un estudio sobre cómo “fomentar el uso del catalán". Todos estos fueron encargados a personas “amigas” que, sospecha la oposición, se han contratado irregularmente y, para justificar su sueldo, camuflan las retribuciones como si fuesen informes que han realizado.

Turull recuerda que ha encontrado varios informes falsificados. En concreto, señala que hace pocas semanas cuando empezó a investigar el tema, varias personas que presuntamente habían cobrado por informes se pusieron en contacto con su grupo parlamentario para decir que no habían hecho nada, sino que eran meros asesores de diversas consejerías. “He tenido acceso a informes cuya primera redacción era diferente a la que me enviaron al final, es decir, que habían sido manipulados. Hay ya cinco personas que han declarado que los presuntos informes que se les atribuyen no eran tales, sino que su función era otra muy diferente. Hemos de reconocer que de los miles de informes que se han hecho, algunos son muy buenos, pero también otros que son una auténtica chapuza. Para echar a correr”.

Y recuerda el diputado la respuesta que le dio el secretario general de Economía de la Generailtat, Martí Carnicer, el pasado 17 de febrero como consecuencia de sus peticiones de información. Le subrayaba que se había encargado una auditoría de los informes el año pasado y que, como consecuencia de ello, “se ha abierto un proceso de alegaciones con todas las consejerías de la Generalitat. Se está procediendo a completar algunos aspectos de la información que han puesto en evidencia los citados informes. Con esta información, el Interventor General elaborará el informe sobre los estudios y dictámenes contratados por la Generalitat durante el año 2007. Este informe será presentado en el Parlamento cuando esté listo”. Hasta entonces, la oposición prepara una nueva batería de preguntas sobre informes que superan los 12.000 euros. La historia continuará.