El PP propone reformar la Constitución para que enero y julio sean hábiles en el Congreso

El PP ha presentado una iniciativa en el Congreso para reformar la Constitución por la vía rápida y habilitar parlamentariamente los meses de enero y julio. De esta forma, la formación que lidera Rajoy pretende acallar las críticas que los diputados están recibiendo por el exceso de vacaciones de sus señorías: dos meses en verano, otros dos en Navidad y ahora dos ‘semanas blancas’ en febrero.

El Congreso cerrará hoy sus puertas hasta la segunda semana de marzo con la excusa de las elecciones vascas y gallegas. El PP ha intentado evitar este nuevo vacío parlamentario en la Junta de Portavoces y la Mesa del Congreso, pero el PSOE y los demás grupos se han negado a modificar el calendario de sesiones.

Con la iniciativa se intenta poner coto a las ‘excesivas’ vacaciones de sus señorías. El sistema elegido por los ‘populares’ es el de la reforma de la constitución por la vía rápida, que no exige de ningún referéndum y sólo necesita del apoyo de tres quintas partes de la cámara, al tratarse sólo de un artículo, concretamente el 73. Ese precepto, dentro del Título III, sobre las Cortes Generales, establece que las dos Cámaras -Congreso y Senado- "se reunirán anualmente en dos periodos de sesiones, el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio".

Tal y como informamos hoy, el pasado día 3, la Junta de Portavoces dio su visto bueno a la supresión de las tres sesiones plenarias -martes, miércoles y jueves- fijadas en el calendario parlamentario para la última semana de febrero. La razón esgrimida fue que el domingo 1 de marzo están convocadas elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco, y que, "conforme al criterio existente", la cita con las urnas y el Pleno del Congreso no debían coincidir en la misma semana.

El PP intentó trasladar esas sesiones para la primera semana de marzo, pero los demás partidos se negaron. A pesar de las justificaciones de los diputados, que alegan que aprovechan esos días para dedicarse a asuntos de sus circunscripciones, las críticas de la opinión pública han ido en aumento, sobre todo teniendo en cuenta la delicada situación del país, con una crisis galopante y un paro que podría llegar a los cuatro millones este año.