Los terroristas del 11-M sólo gastaron 54.271 euros en la preparación y ejecución de los atentados

La célula integrista que cometió los atentados del 11 de marzo de 2004 gastó únicamente 54.271 euros en preparar la masacre, según se desprende de un informe de la Policía incluido en el auto de procesamiento hecho público ayer por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo. Dicho documento asegura, además, que los terroristas habían acumulado 51.795 euros más en metálico para hacer frente a futuras acciones criminales. El texto policial califica de “escaso” el coste económico de los atentados.

En concreto, los autores del texto policial consideran que la mayor parte de los gastos se derivaron de la adquisición de los 210 kilos de explosivos y 260 detonadores a José Emilio Suárez Trashorras. Tras analizar las cuentas bancarias del minero asturiano y su cuñado, Antonio Toro Castro, y no detectar movimientos relacionados con dicha entrega, deducen que el pago se realizó “mediante la entrega de dinero en efectivo, en especie, o bien, mediante el trueque de explosivos por hachís”. La Policía se decanta porque el pago final fueron entre 25 y 30 kilogramos de esta droga, cuyo precio entonces en el mercado negro se situaba entre 1.275 y 1.500 euros el kilos. Es decir, un total de 45.000 euros.

A esta cantidad, los investigadores suman el alquiler de la finca de Chinchón donde se montaron las mochilas bomba (2.520 euros), así como los salarios pagados a tres personas por los trabajos realizados en la misma (2.140 euros), los materiales adquiridos para dichas obras (461,60 euros) y la compra de “diversos efectos” (300 euros). Los terroristas, además, pagaron 800 euros por el alquiler de un chalé en la localidad granadina de Albolote que nunca llegaron a ocupar y 1.800 euros más por el del piso de Leganés donde finalmente se suicidaron siete de los integrantes de la célula. En la adquisición de teléfonos y tarjetas SIM, la Policía cree que la célula islamista invirtió 1.250 euros, ya que da por probado que adquirieron 100 tarjetas a un precio de 6,5 euros cada una, así como al menos diez teléfonos móviles a 60 euros cada terminal.

Los autores del documento policial consideran, además, que los terroristas no gastaron dinero en conseguir vehículos, ya que una parte de ellos fueron robados y el resto eran propios de los integrantes de la célula, de familiares o de amigos. El único gasto que adjudican en este sentido, y que califican de “irrelevante”, es la adquisición de tres placas de matrícula por importe de 57 euros. Algo similar ocurre con la documentación falsa utilizada -que los investigadores creen obtenida tras manipular “de forma burda” documentos de amigos y familiares y, por tanto, sin costo alguno- y las armas utilizadas.

Por todo ello, los investigadores establecen la cifra de 54.271 euros como el costo aproximado con el que se financió la masacre de Madrid, y señalan a uno de los jefes de la célula, Jamal Ahmidan, El Chino, como el principal responsable de conseguir dicha cantidad. En este sentido, la Policía destaca que la actividad delictiva de El Chino como traficante de drogas “le proporcionó liquidez suficiente (…) para ponerla a disposición de los fines del grupo terroristas” y que incluso él era el encargado de pagar con dinero en metálico parte de dichos gastos, llegando a hacer en algún momento “manifiesta ostentación de su capacidad económica”.

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