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La orden de arresto de tres militares de EEUU pone en apuros al Gobierno
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La orden de arresto de tres militares de EEUU pone en apuros al Gobierno

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó el miércoles la busca y captura y detención internacional a efectos de extradición de los tres militares

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La orden de arresto de tres militares de EEUU pone en apuros al Gobierno

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó el miércoles la busca y captura y detención internacional a efectos de extradición de los tres militares estadounidenses imputados por la muerte el 8 de abril de 2003, en el hotel Palestina de Bagdad, capital de Iraq, del cámara de Tele 5 José Couso. En un auto notificado el miércoles, el magistrado afirmó que ésta es "la única medida efectiva para asegurar la presencia de los imputados en el proceso a disposición de la autoridad judicial española, a la vista de la nula cooperación judicial prestada por las autoridades estadounidenses para el esclarecimiento de los hechos".

En respuesta, el Departamento de Estado norteamericano recordó ayer al Gobierno español que el Pentágono desarrolló ya una investigación sobre la muerte del periodista español y que no halló culpables a los soldados implicados en el ataque contra el Hotel Palestina.

Según informó un portavoz del Departamento de Estado a la agencia Europa Press, el informe que ofreció el Pentágono al Ejecutivo en 2003 reveló "que los soldados actuaron de acuerdo con las reglas de enfrentamiento".

Además, el Departamento de Estado subrayó que la muerte de José Couso fue "una tragedia" y el Gobierno estadounidense "ya expresó sus condolencias a la familia" y dirigió "una investigación de forma inmediata tras el incidente".

Pedraz afirmó, tras emitir la orden de detención, que anteriormente cursó dos peticiones de auxilio judicial a los Estados Unidos, una el 21 de abril de 2004 solicitando documentación y la otra el pasado 6 de junio pidiendo que se tomara declaración a los militares imputados "o bien que se autorizara el desplazamiento de una comisión judicial española hasta territorio estadounidense para la ejecución de esas declaraciones".

"Hasta la fecha no se ha recibido respuesta por la autoridad requerida sobre el cumplimiento de ambas solicitudes de auxilio", señala la resolución.

Los reclamados son el sargento Thomas Gibson, de la Compañía A del Regimiento de Blindados número 64 de la Tercera División de Infantería Acorazada del Ejército norteamericano; el capitán Philip Wolford, que estaba al mando de la unidad de blindados de la Compañía A; y el teniente coronel Philip de Camp, responsable del Regimiento.

Gibson fue la persona que el 8 de abril de 2003 disparó desde el carro de combate Abrahms M-1 que tripulaba, después de advertir que alguien les observaba con prismáticos desde el hotel Palestina de Bagdad, en el que se alojaban la mayoría de los periodistas extranjeros que cubrían la información sobre la invasión norteamericana de Iraq.

En unas declaraciones emitidas por Tele 5 un mes después del ataque, en el que también resultó muerto el periodista de la agencia Reuters Taras Protsyuk, el propio Gibson dijo: "no disparé inmediatamente sobre él. Llamé a mis jefes y les dije lo que había visto. Diez minutos después me llamaron y me dijeron que disparara sobre él y eso hice".

Su inmediato superior, el capitán Wolford, fue quien autorizó el disparo después de que el artillero le dijera que había visto a alguien con prismáticos en el hotel, según manifestó este oficial en una entrevista a Le Nouvel Observateur.

Por último, la persona que ordenó disparar contra el hotel Palestina, fue el teniente coronel De Camp, según reconoció él mismo en una entrevista publicada en Los Angeles Times el día 11 de abril.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó el miércoles la busca y captura y detención internacional a efectos de extradición de los tres militares estadounidenses imputados por la muerte el 8 de abril de 2003, en el hotel Palestina de Bagdad, capital de Iraq, del cámara de Tele 5 José Couso. En un auto notificado el miércoles, el magistrado afirmó que ésta es "la única medida efectiva para asegurar la presencia de los imputados en el proceso a disposición de la autoridad judicial española, a la vista de la nula cooperación judicial prestada por las autoridades estadounidenses para el esclarecimiento de los hechos".

José Couso