Disa denuncia el impuesto energético de Sánchez ante la Comisión Europea

Los Carceller, la familia propietaria de Cervezas Damm, Sacyr y Disa, han presentado una demanda ante la Unión Europea contra el Reino de España por el impuesto que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó para las energéticas en 2022 por el aumento de sus beneficios provocado por la subida de los precios de la energía.

Según han confirmado fuentes oficiales, Disa Corporación Petrolífera, la división energética de la familia Carceller, considera que “la normativa española no respeta los principios de proporcionalidad ni de no discriminación y que ello, en primer lugar, implica una vulneración de las reglas que delimitan la contribución solidaria temporal que regula el Reglamento UE 2022/1854”. Por ello, el pasado año presentó una "denuncia ante la Comisión Europea contra el Reino de España por incumplimiento del derecho de la Unión al haber creado, por medio de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, un gravamen contrario a distintas normas europeas".

El denominado gravamen energético temporal tuvo un impacto de 38 millones de euros en las cuentas de 2022 de Disa Corporación Petrolífera, que la compañía abonó en dos tramos. Una cantidad similar a la que el grupo con sede en Canarias ha tenido que cargar contra los resultados de 2023, ya que el impuesto se correspondía con el 1,2% del importe neto de la cifra de negocio derivado de las citadas actividades que desarrollen en España en los dos últimos años.

No obstante, el pasado 27 de diciembre, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz acordaron extender esta tasa, creada a mediados de 2022 para que las energéticas contribuyeran al pacto social contra la inflación. No obstante, el PSOE considera que este gravamen tiene que rediseñarse con el escenario actual, por lo que ha propuesto incluir en las próximas cuentas públicas mecanismos para rebajar el impuesto energético a cambio de reinversiones en transición verde y proyectos industriales vinculados a la descarbonización.

Los impuestos ya están en vigor y para modificarlos sería necesario un cambio legal

"Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del estado de bienestar", reza el texto en su literalidad que aprobó el Consejo de Ministros. La coalición liderada por Díaz sostiene que debe seguir operando tal y como lo ha hecho los dos últimos años y hasta finales de 2024. Los impuestos ya están en vigor, y para modificarlos sería necesario un cambio legal, sea en este decreto, sea a través de otra norma, además de ser refrendados por un Congreso de los Diputados muy fragmentado.

Según datos oficiales, las empresas más afectadas por el llamado impuestazo son Repsol, que tuvo que liquidar 450 millones el pasado año, Cepsa (323 millones), Naturgy (300 millones), Iberdrola (216 millones), Endesa (208 millones), Disa (76 millones) EDP (50 millones) y Acciona (15 millones). Hasta la fecha, las que han denunciado esta tasa especial han sido Iberdrola, Endesa y EDP a través de Aelec, la patronal de las grandes eléctricas. También lo ha hecho Repsol, que presentó un recurso contra la normativa ante la Audiencia Nacional. Pero no ante Bruselas, como sí han hecho los Carceller.