El fondo Anchorage presta 10 millones a los 'enemigos' españoles de Argentina e YPF

El fondo Anchorage engorda su exposición a uno de los mayores bombazos judiciales de los últimos tiempos. Este inversor norteamericano, conocido en España por su posición en Celsa, ha prestado 9,7 millones a las sociedades españolas que han derrotado judicialmente a Argentina por la expropiación de la petrolera YPF: Petersen Energía (PESA) y Petersen Energía Inversora (Peisa), de los Eskenazi.

Estas sociedades se fueron a concurso de acreedores tras la expropiación de 2012 y decidieron demandar a Argentina e YPF en los tribunales norteamericanos. El año pasado consiguieron derrotar a la potencia latinoamericana con una sentencia histórica que le impone un pago de 16.000 millones de dólares (unos 14.500 millones de euros).

Este fallo ha generado una crisis institucional y económica en Argentina. El propio presidente, Javier Milei, hizo público hace unos días que el país tendrá que emitir un bono perpetuo por valor de 16.000 millones de dólares para fijar la fianza que han exigido los tribunales norteamericanos mientras avanzan los recursos presentados. Lo financiará con el denominado impuesto Kicillof, nombrado en honor al ministro kirchnerista que impulsó la nacionalización de YPF.

Argentina tiene hasta el 10 de enero para consignar la fianza o las sociedades españolas y su mayor financiador, el fondo Burford, podrían exigir el embargo de sus acciones en YPF. Desde el entorno de PESA y Peisa se espera que el Gobierno argentino se siente en algún momento a negociar una salida a esta crisis, con una rebaja del importe de la sentencia a cambio de dilatar en el tiempo su ejecución.

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J. Z.

Lograr este éxito ha sido largo y costoso. La liquidación de las empresas españolas se inició en 2014 y la demanda contra Argentina e YPF se presentó en 2015 y ha contado con asesores de bufetes internacionales como King & Spalding. Por ello se recurrió a la financiación de uno de los mayores de fondos de litigios, Burford, que por ello se quedará con el 70% de lo fijado en la sentencia, 11.200 millones de dólares.

El segundo y mayor acreedor son Repsol, con derechos de crédito de casi 1.500 millones, y el fondo Anchorage, que compró deuda a alguno de los financiadores originales de PESA y Peisa. Entre ellos se encontraban Credit Suisse, Goldman Sachs, Citi, BNP Paribas, Itaú, Standard Chartered y Santander.

Batalla con Repsol

Junto a la financiación del pleito norteamericano, el administrador concursal, Armando Betancor, también ha exigido dinero para financiar su actividad y algunos pleitos derivados que se abrieron en España, en los que le ha asesorado el abogado Blas A. González. Chocó por ello con Repsol, que consiguió paralizar su financiación en una ocasión, pero finalmente logró firmar el cheque en blanco de Anchorage, que de momento asciende a la cifra de casi 10 millones. Esta cifra es muy superior a la que se suele ver de gastos de la administración concursal en otros grandes colapsos empresariales. También su actividad (y éxito) ha sido superior.

La expropiación de YPF será, de este modo, un negocio muy rentable para fondos oportunistas como Burford y Anchorage. En el caso de este último, ha ido adquiriendo posiciones de deuda en los últimos años a entidades como Credit Suisse, Citi y Jefferies.