La Justicia de EEUU congela el pago de los 16.000 M de Argentina por expropiar YPF

La jueza de Nueva York Loretta Preska ha acordado retrasar temporalmente la ejecución de una sentencia de 16.100 millones de dólares contra Argentina por la expropiación en 2012 de la petrolera YPF a Repsol, pero ha fijado nuevas condiciones, como aportar otros activos como garantía para evitar embargos.

Argentina, que busca la revisión del laudo del 15 de septiembre, había pedido evitar pagar esta cantidad mientras se considera el recurso de apelación presentado ante los tribunales, según apunta Bloomberg.

La jueza federal permitió el martes a Argentina retrasar el pago sin una fianza de apelación que garantice el monto total a cambio de la participación accionaria del 51% del país en YPF y sus cuentas por cobrar ligadas a una presa y a una planta hidroeléctrica construida entre Argentina y Paraguay.

Los inversores dijeron que la participación de YPF en Argentina vale entre 2.350 millones de dólares y 3.050 millones de dólares. No obstante, Preska suspendió la ejecución de la sentencia hasta el 5 de diciembre para permitir que Argentina dé cumplimiento a los compromisos que ha adquirido.

Después del fallo adverso por la "expropiación irregular" de la petrolera YPF, impulsada por Cristina Kirchner y llevada adelante por Kicillof, el país había argumentado que pagar la sentencia causaría graves dificultades al pueblo argentino, ya que equivale a casi una quinta parte del presupuesto de la nación.

Las acciones de la petrolera subieron con fuerza (+38,62%) tras la victoria en la segunda vuelta electoral de Javier Milei, que planea que la petrolera, de capital mayoritario estatal, sea privatizada.

El proceso judicial lleva más de ocho años y tuvo varios reveses para el país. A fines de marzo de este año, Preska reconoció que el Estado argentino expropió mal la petrolera y lo condenó a resarcir a los demandantes. Seis meses más tarde, volvió a fallar en contra de Argentina y el fondo Burford, especializado en comprar juicios, señaló que la compensación debía rondar los 16.000 millones de dólares. Cantidad que el país rebajaba a 5.000 millones.