Telefónica pierde el megapleito en Perú y afronta el pago de la mayor sanción de su historia (790 M)

Telefónica ha perdido finalmente la batalla fiscal contra las autoridades peruanas por unos litigios fiscales que comenzaron en 2007. Según han confirmado fuentes próximas al caso, la operadora española ha recibido ya la sentencia en firme de la Corte Suprema por la que tendrá que abonar de forma inmediata los 790 millones de euros que le reclamaban las autoridades de la república latinoamericana. En total, la compañía tiene 916 millones de euros provisionados para hacer frente a esta y otras disputas abiertas en Perú.

Aunque Telefónica había tendido puentes con los responsables del Gobierno del Perú, con los que se reunió el pasado mes de septiembre, con la ayuda incluida de Jaume Roures, el presidente de Mediapro, la Corte Suprema ha dictaminado que la multinacional española cometió una serie de irregularidades a la hora de pagar los impuestos de sociedades a partir del año 1998.

TE PUEDE INTERESAR

Roures participa en la reunión entre Perú y Telefónica para solventar el litigio de 750M

Agustín Marco

La sanción total asciende a 790 millones de euros, la mayor de la historia del grupo presidido por José María Álvarez-Pallete. No obstante, por ejercicio de prudencia contable, Telefónica ya había provisionado esa cantidad, por lo que en principio no tendrá impacto en los resultados del grupo, que serán presentados a finales de febrero. Sin embargo, si golpeará la caja de la empresa porque tendrá que hacer efectivo el pago en los próximos días.

El litigio con Perú ha centrado la preocupación de Pallete, que en diciembre mantuvo reuniones con la secretaria general y la dirección de asuntos jurídicos al tener indicios evidentes de que la sentencia de la Corte Suprema sería desfavorable. De hecho, el presidente ya daba por hecho que tendría que hacer frente a este desembolso antes de anunciar las cuentas de 2022.

Misión peruana

En el citado viaje a Lima, Telefónica mandó a Pablo Carvajal, secretario general del consejo; a Javier de Paz, consejero del grupo de telecomunicaciones y hombre experto en solucionar problemas diplomáticos, y a Alfonso Gómez, consejero delegado de Telefónica Hispanoamérica, para reunirse con el presidente del Consejo de Ministros de la República de Perú, Aníbal Torres. Un reencuentro en el que estuvo presente Roures, que a priori no tiene ninguna vinculación corporativa con el grupo presidido por José María Álvarez-Pallete.

Meses atrás, cuando el ahora destituido presidente del país latinoamericano aseguró que Telefónica iba a pagar la deuda con su pueblo, la compañía española señaló en un comunicado que, “desde hace más de 15 años, Telefónica del Perú mantiene una disputa con el Estado peruano sobre cuestiones tributarias, que se viene tramitando ante distintos órganos administrativos y jurisdiccionales”, y agregó que “se respetará lo que dispongan las instituciones competentes”. “La empresa reitera que cumplirá con las resoluciones que se emitan en relación con las disputas, y además continuará con su plan de despliegue de fibra y seguirá prestando los servicios de telecomunicaciones que tiene concedidos en beneficio del desarrollo del Perú”, añadió.

La filial del operador español en Perú mantiene abiertos numerosos procesos judiciales relativos a asuntos fiscales por el impuesto sobre sociedades e IVA correspondientes a los ejercicios de 1998 a 2005. Los más relevantes son los de los ejercicios de 1998 a 2001. A principios de enero, la multinacional española comunicó a la Bolsa de Lima una nueva provisión de 630 millones de soles (155 millones de euros). Una cantidad que se suma a los 761 millones provisionados con anterioridad, para un total de 916 millones. Esta cifra incluye también la provisión de otras disputas pendientes en el país.

La compañía recurrirá la sentencia ante el CIADI al considerar desproporcionada la cantidad exigida

Telefónica ha ha iniciado los trámites para recurri ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) la sentencia de las autoridades peruanas, al considerar excesiva la cantidad exigida. Especialmente porque el origen del litigio parte de una suma de 100 millones de euros. Según la versión de la operadora, el Gobierno del país latinoamericano ha ido elevando la reclamación al no considerar el doble tipo impositivo, asi como no poder deducirse los intereses pagados ya para el despliegue de la red en el territorio.

Este golpe fiscal contrasta con las buenas noticias que Telefónica recibió a finales de 2022 de los juzgados españoles. En octubre, la Audiencia Nacional dictó un acuerdo de ejecución de sentencia por el que ordena a la Agencia Tributaria a pagar a la operadora 1.315 millones de euros por las cantidades ingresadas en exceso en 2009 y 2010, más los intereses de demora.