El juez archiva la demanda de Iberdrola contra el testigo clave por el robo de facturas

La campaña judicial de Iberdrola contra José Antonio del Olmo, el considerado como testigo clave en los pagos de la eléctrica a José Manuel Villarejo, tiene una nueva sentencia. El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid ha decidido archivar la causa contra el exdirector de Control de Funciones Corporativas del grupo hasta 2016 por el presunto robo de facturas al no aparecer "debidamente justificada la perpetración del delito" que le imputaba la energética.

En un auto emitido esta semana, el juez Arturo Zamarriego acepta los argumentos esgrimidos por la Fiscalía, que explicaba que de las diligencias practicadas no resultaban indicios suficientes para certificar los delitos por los que Iberdrola se querelló contra su exdirectivo. El grupo presidido por Ignacio Sánchez le había acusado a Del Olmo de revelación de secretos de empresa por presuntamente haber sustraído facturas y documentos que habrían sido entregadas a El Confidencial.

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En el juzgado, Del Olmo negó haber extraído del sistema las facturas publicadas y, por ende, afirmó que no se las habría proporcionado a nadie para que las publicara. Un periodista de este medio declaró en sede judicial al ser llamado en calidad de testigo que para confeccionar el artículo contactó con varias fuentes, las cuales no iba a revelar, y que no se entrevistó con el denunciado.

Iberdrola le había acusado de difundir facturas relativas a los pagos a los miembros de su consejo asesor en Castilla y León, un órgano consultivo creado por Galán para, oficialmente, reforzar la vinculación de la eléctrica con esta comunidad autónoma. En ese consejo estaban sentados representante de varias cajas de ahorros locales que habían comprado una participación relevante de Iberdrola y que formaban un núcleo con otras entidades de Andalucía y Valencia con el que la eléctrica se defendió del intento de Florentino Pérez por controlar su capital.

Según documentos oficiales, la energética pagó durante casi una década 20.000 euros por reunión a los presidentes o directores generales de esas cajas. En concreto, Julio Fermoso, catedrático de neurología y presidente de Caja Duero; Victoriano González Ochoa, presidente de Caja España, y José María Achirica, director general de Caja Burgos y patrono de la Fundación Iberdrola, percibían 20.000 euros brutos, 17.000 netos una vez descontados los 3.000 euros de la retención del 15% del IVA, por la asistencia al Consejo Consultivo de Iberdrola en Castilla y León. Lo hacían a título personal, no en nombre de la caja a la que representaban, según las facturas a las que tuvo acceso El Confidencial y que Iberdrola consideraba que habían sido filtradas por Del Olmo.

El Consejo Consultivo de Iberdrola en Castilla y León se disolvió en 2014, una vez que las cajas habían sido intervenidas por el Estado. Las entidades de esta comunidad, agrupadas bajo el nombre de Banco Ceiss recibieron 1.559 millones de euros a cargo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y aparcaron 3.400 millones de préstamos fallidos en la Sareb.

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Si bien es cierto que el investigado, por razón de las funciones que desempeñaba, tenía acceso a dicha documental, es más que probable que otras personas integradas en el organigrama de la empresa también tuvieran acceso a las mismas, sin contar con las personas físicas que aparecen en las facturas como proveedores", explica el magistrado. Asimismo, continúa el juez, consta que Del Olmo "depositó notarialmente en 2004 diversa documentación de la denunciante, incluidas unas facturas del consejo consultivo de Andalucía, pero no del de Castilla y León.

Se trata del segundo capítulo de esta batalla legal de Iberdrola contra Del Olmo. El pasado mes de octubre, la Audiencia Provincial de Vizcaya le dio la razón a la eléctrica al confirmar la condena por vía civil por sustraer facturas "confidenciales" para utilizarlas en contra de la compañía. El tribunal desestimó el recurso de apelación interpuesto por el exdirectivo contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, que le consideró responsable de violación y revelación de secreto empresarial.

El próximo mes de enero, Iberdrola y Del Olmo se verán las caras de nuevo por una demanda laboral por la que la eléctrica le reclama la devolución de 573.128,46 euros brutos. Esa cantidad corresponde, de un lado, a los bonos estratégicos de los años 2014 a 2016 percibidos por el ex controller y a la retribución variable de 2016, cuando dejó la empresa. La compañía, que ha investigado el patrimonio del denunciado, considera que debe reintegrar dicho importe por haberse salto el deber de confidencialidad en relación sobre el presunto robo de las facturas.