Sorpresa en la Audiencia por la negativa a declarar de empleados de BBVA

Desconcierto en el caso Villarejo. Este lunes se retomaban las declaraciones en la pieza BBVA con el turno de tres empleados del banco que tenían la oportunidad de aclarar algunas de las sospechas de juez y fiscales sobre presuntas irregularidades. Sin embargo, los tres se acogieron a su derecho a no testificar, así como el cuarto citado, el expolicía y antiguo socio de Villarejo, Antonio Bonilla, al que contrató BBVA.

Se trata de Simón Galera, responsable de proyectos y estrategias en el área de Seguridad, el trabajador José Manuel Cantero y una secretaria ajena al área de seguridad. Esta última aclaró a preguntas de su abogado que no tiene nada que ver con el caso, ya que lo único que hizo fue coger una llamada de teléfono: "Le dije [al interlocutor] que no entendía lo que me decía y que me enviara un 'e-mail', maldita la hora en que se lo dije".

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J. Zuloaga

Los otros dos, Galera y Cantero, se acogieron a su derecho a no testificar, algo que según los expertos consultados por este medio les expone al juicio oral. "Han perdido su oportunidad de generar dudas sobre su imputación a la Fiscalía. Irán a juicio, salvo que los fiscales encuentren alguna prueba documental que les haga cambiar de opinión", explican fuentes del caso.

Uno de los factores que podrían haber influido en esta decisión es que todavía no se han incorporado a la pieza BBVA todos los informes que justificaron su imputación, por lo que buscarían protegerse de realizar cualquier testimonio que les acabe perjudicando.

Origen

Estos empleados y otro (Óscar Tuche, también del área de Seguridad) figuran como investigados por un contrato que firmó BBVA con Anbycol, del exsocio de Villarejo, para conseguir información clasificada en bases policiales de decenas de personas. Entre ellas, de un exbanquero privado al que demandó el banco, y clientes de la entidad.

BBVA, que todavía tiene que declarar por estos hechos en calidad de imputada como persona jurídica, intentó anular esta decisión del juez, alegando mala praxis procesal y que los hechos investigados no tienen que ver con Villarejo. El magistrado rechazó su recurso y está ahora pendiente de la Sala de lo Penal.