REE gana a Hacienda tras alegar el doble de pérdidas por la expropiación de Evo Morales

Red Eléctrica Corporación ha logrado en los tribunales que se le reconozca el derecho a pagar menos impuestos de lo que pagó hace casi una década. La compañía, perteneciente al grupo renombrado como Redeia, ha conseguido que la Audiencia Nacional estime un recurso frente al fisco. Además, la Justicia ha condenado en costas a la propia Hacienda, que paradójicamente es la responsable de la SEPI, máximo accionista de REE.

La firma presidida por Beatriz Corredor, que había sido ministra de Vivienda con el PSOE poco antes de que se produjeran los hechos, consideró que podía reducir la base imponible sobre el impuesto de sociedades por las pérdidas que había sufrido tras la expropiación de la empresa boliviana Transportadora de Electricidad SA, que adquirió en 2002.

En 2012, tras la llegada como presidente del secretario de Estado de Presupuestos en tiempos de Aznar, José Folgado (PP), la entonces Red Eléctrica de España reconoció unas pérdidas de casi 40 millones de euros por la expropiación ejecutada por el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales. Esto le permitía rebajar los ingresos a pagar a las arcas públicas por los beneficios totales del grupo consolidado.

Sin embargo, dos años después y tras una consulta vinculante a Hacienda, tal y como señala el fallo judicial y confirman fuentes de la empresa, Red Eléctrica afloró más del doble de pérdidas por su inversión en el Estado boliviano. En total, 91,6 millones de euros. Es decir, más de 51 millones más de lo que estimó inicialmente. Por ello, decidió rebajarse aún más el impuesto de sociedades que paga por los beneficios que obtiene fundamentalmente por el pago en la factura de la luz de los ciudadanos españoles. Concretamente, pagó 12 millones menos de lo que inicialmente ingresó a las arcas públicas.

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Esta maniobra, sin embargo, no fue bien vista por Hacienda, dirigida entonces por Cristóbal Montoro. "El 21 de abril de 2015, la jefa adjunta de la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes dictó resolución desestimatoria", señala la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Red Eléctrica consideró que su interpretación fiscal estaba bien hecha, a diferencia de lo que entendía Hacienda, y lanzó un recurso frente al Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que en 2019 lo estimó parcialmente, algo anómalo, ya que este tribunal depende de Hacienda y en la mayoría de casos falla a favor de la Agencia Tributaria. Eso sí, solicitó informes pertinentes para que "se comprueben las magnitudes que la entidad ha ido señalando en sus escritos, y que presentan algunas contradicciones relevantes".

Pese a la victoria parcial, la firma, cuyo máximo accionista es el Estado a través de la SEPI (20% del capital social), elevó aún más su reclamación y la llevó a la Justicia ordinaria. Tras casi una década de pugna contra el fisco, la firma del grupo Redeia logra que los jueces le den la razón y avalen la reducción millonaria de impuestos que ejecutó ya en 2014, más los intereses de demora correspondientes.

No solo eso, sino que la Justicia ha condenado en costas a la demandada Hacienda, cuya máxima responsable es ahora la ministra María Jesús Montero. "Se imponen a la Administración demandada las costas causadas en esta instancia al haber visto rechazadas todas sus pretensiones y no apreciar la existencia de serias dudas de hecho ni de derecho", señalaron los magistrados a finales de julio.

Fuentes de Red Eléctrica confirman que "en el ejercicio de 2014 y tras una consulta vinculante con la Agencia Tributaria, anotamos las pérdidas adicionales de 51 millones y se ajustó en la declaración de ese año".

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Evo Morales fue presidente de Bolivia entre 2006 y 2019. En sus 13 años de mandato, el indígena e indigenista no solo expropió a Red Eléctrica, sino que otras compañías como Iberdrola también sufrieron la salida forzosa de sus inversiones en el país. El mandatario salió del Gobierno entre fuertes protestas de la población y se exilió a México por sugerencia de las fuerzas armadas y la policía boliviana después de recibir amenazas. A finales de 2019, se trasladó a Argentina en calidad de refugiado.

Otras grandes empresas del Ibex 35 han tenido problemas con sus apuestas inversores en países latinoamericanos. Una de las más significativas fue la marcha de Repsol de Argentina, tras la expropiación de YPF.

También otras energéticas han tenido problemas. Enagás mantiene un arbitraje contra el Estado de Perú por su participación en TGP, donde reclama alrededor de 500 millones de euros. Las complicaciones llegaron tras destaparse el escándalo de corrupción de Odebrecht, su socio en ese proyecto. Naturgy salió forzosamente de Electricaribe, firma de electricidad de Colombia. La entonces Gas Natural Fenosa también ha litigado por esta causa contra el Estado colombiano.