Operación ventolín: las 'farmas' GSK y Aldo se salvan del impuesto al gas fluorado

Acuerdo 'in extremis'. Este arranque de semana ha servido para que las farmacéuticas GSK y Aldo-Unión consigan que el impuesto de gases fluorados aprobado a finales de 2021 que afectaba un producto tan extendido como el ventolín se aplace hasta 2026. La enmienda a la Ley de Transparencia de Gestión de las Pymes pactada por PSOE y ERC, que este martes se vota en el Senado, permitirá que las dos plantas de producción existentes en nuestro país continúen con su actividad y no estén en peligro 800 puestos de trabajo.

El acuerdo tejido durante estos meses ha salido adelante gracias a la disposición del Ministerio de Hacienda de aceptar esa excepción, que permitirá evitar el canon a las dos farmacéuticas en este producto. Tanto la multinacional británica como el laboratorio barcelonés habían trasladado sus quejas por el impacto de esta tasa en el coste de fabricación del ventolín, compuesto por submutanol, ya que el precio final de cada inhalador es bajo (2,5 euros unidad) y tiene muy poco margen, según fuentes del mercado farmacéutico.

En nuestro país, las fábricas están ubicadas en el Bajo Llobregat (Aldo) y Aranda de Duero (GSK), con 200 y 600 empleados directos vinculados a este producto, una herramienta necesaria para crisis con broncoespasmo en enfermedades como la EPOC o el asma y, a diferencia de otros inhaladores, sin sustituto. En el caso de la planta burgalesa, la pérdida de competitividad dentro de la propia multinacional podía dar lugar al desarrollo de nuevos ventolines con un menor impacto climático y en otros países sin este impuesto.

La huella económica de los inhaladores de GSK y Aldo trasciende al mercado español

La huella económica de los inhaladores fabricados por GSK y Aldo trasciende al mercado español, donde se producen más de 100 millones de unidades al año, de las cuales se exporta más de un 90% a más de 50 países. Sin embargo, aunque el impacto medioambiental de su producción no es inocuo, el impuesto a gases fluorados para uso médico estaba exento hasta la pasada Ley de Transparencia de Gestión de las Pymes, por lo que su inclusión supuso un pequeño gran terremoto en el sector.

El impuesto a los gases fluorados pretende penalizar de manera indirecta a los productores que usen estos elementos, con un alto potencial de calentamiento atmosférico (PCA). Aunque ahora han sido GSK y Aldo, la realidad es que los principales productores de inhaladores se encuentran en un proceso de sustituir el propelente por uno de menor impacto. La suspensión del impuesto hasta 2026 debe servir para esa adaptación de sus sistemas a alternativas más sostenibles que reduzcan las emisiones hasta un 90%.