Indra reúne al consejo para debatir la destitución del CEO en la próxima junta

Indra celebrará en los próximos días un consejo de administración de gran relevancia. La compañía participada por el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales reunirá al órgano de gobierno para determinar el orden del día de la próxima junta general de accionistas que, según fuentes financieras, se celebrará el próximo 23 de junio. Un acto, cuya fecha aún no es oficial, en el que Moncloa quiere imponer su poder y relevar al actual consejero delegado, Ignacio Mataix.

Según han confirmado varias fuentes próximas al grupo de tecnología y defensa, en el consejo de administración de Indra hay un profundo debate abierto sobre quién llevará el timón a partir del próximo 24 de junio. Aunque la salida el pasado 22 de abril de Cristina Ruiz como co-consejera delegada había aclarado la gobernabilidad de la compañía al quedar Mataix como único primer ejecutivo, estas fuentes indican que la división sigue abierta por la intención de la SEPI de que sea Marc Murtra, el presidente nombrado el pasado año a petición de la rama catalana del PSOE.

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Murtra, que en la junta de 2021 sustituyó a Fernando Abril-Martorell por orden del Gobierno de Pedro Sánchez, no pudo ser nombrado presidente ejecutivo, como era su predecesor, por la oposición de los consejeros independientes. Por tanto, accedió a la presidencia, pero sin galones. Aquella pelea se resolvió con el nombramiento de dos consejeros delegados, Cristina Ruiz e Ignacio Mataix, una fórmula transitoria que apenas ha perdurado diez meses tras la reciente destitución de la responsable de la división de tecnología.

Pero en Moncloa quieren también la salida de Mataix, pese a ser la persona con más conocimiento del sector aeroespacial, uno de los segmentos en los que Indra quiere crecer si termina por comprar una participación minoritaria en la vasca ITP Aero. Parte del consejo le recrimina haber perdido varios contratos por los que pujaba la compañía y la actual tensión con Estados Unidos, por un mandato de 150 millones para construir las antenas para las fragatas F-110 de Lockheed Martin. Y no haber podido retener al director financiero, Javier Lázaro, un directivo clave, que dejó el cargo el pasado 1 de abril.

Fuentes internas de Indra admiten la tensión entre los integrantes del consejo de administración, del que saldrá seguramente Alberto Terol, el administrador más beligerante contra las pretensiones del Gobierno, al que le vence su cuarto mandato, tras doce años en el cargo.

Un núcleo duro

La SEPI es actualmente el mayor accionista, con el 18,75% del capital. Pero el pasado mes de febrero anunció su deseo de llegar hasta el 28%, con la compra de un 10% adicional. Una adquisición que se daba por hecho que se produciría antes de la junta, lo que le daría derecho a tener un consejero adicional (actualmente cuenta con dos) y disponer de más opciones para condecorar a Murtra con funciones plenamente ejecutivas y no de representación, como actualmente.

Además, Sapa Placencia, la empresa vasca de la familia Aperrabay que adquirió un 5% de Indra a Corporación Financiera Alba el pasado mes de diciembre, podrá también reclamar un asiento en consejo de administración. Aunque el órgano de gobierno está formado por 13 integrantes, el reglamento de Indra permite ampliar el número de consejeros hasta un máximo de 15. Por lo que tanto la SEPI como Sapa pueden reclamar un representante adicional, lo que les daría mayoría frente a los independientes.

Mientras tanto, el Gobierno sigue intentando convencer a Telefónica y a 'la Caixa' para que entren a formar parte de un núcleo duro de Indra que blinde a una compañía que desde Moncloa se considera estratégica. Especialmente tras el estallido de la guerra en Ucrania, que va a provocar un aumento del presupuesto para defensa de la mayoría de los países de Europa, como ya han anunciado, entre otros, Alemania. La operadora, que solo estaría interesada en la división de tecnología, se resiste a entrar en un negocio con un componente militar fuera de su línea estratégica, mientras la caja catalana es la más receptiva a los deseos de Sánchez, pese a que en el ámbito empresarial se da ya por amortizada la legislatura actual.