El juez rectifica y rebaja la indemnización de Santander a Orcel de 68 a 51 millones

Banco Santander amortigua el golpe Andrea Orcel. El tribunal que condenó a la entidad española a pagar 68 millones al banquero italiano, por su fichaje frustrado, ha decidido rebajar la indemnización en 16,4 millones. De esta forma, Santander tendrá que pagar 51,4 millones al consejero delegado de UniCredit, en caso de que esta sentencia se mantuviera ante los recursos que se van a presentar. Además, la cifra podría incluso bajar de los 50 millones de euros, ya que Orcel recibirá parte en acciones y de forma diferida.

El juez Javier Sánchez Beltrán ha reconocido su error en un escrito remitido esta semana a las distintas partes. Así, en su sentencia original el magistrado había decidido que Santander pagara a Orcel el 'buy out' (bonus que los banqueros arrastran de una entidad a otra) íntegro que tenía en UBS, de 35 millones, sin tener en cuenta que el italiano ya había cobrado parte. Por ello, el juez rebaja los seis millones percibidos ya por Orcel y también le quita la "ecualización fiscal" que pedía, por lo que el 'buy out' baja hasta los 18,6 millones.

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De este modo, la potencial indemnización —pendiente de recursos— quedaría en 51,4 millones: 17 millones por la prima de fichaje, 5,8 millones en concepto de dos años de sueldo, 10 millones por daños morales y 18,6 millones por el 'buy out', que se cobrará en acciones de Santander y en diferido.

"Será satisfecha íntegramente en acciones del Banco Santander; estará sujeta a los objetivos o parámetros de medición del plan de retribución variable del Santander vigente, o los del plan que lo sustituya, acciones que serán entregadas (en el importe resultante de esos parámetros de medición) siguiendo el mismo calendario previsto en su plan actual. Todas las acciones entregadas estarán sujetas a un período de retención de un año", expone la aclaración de sentencia.

Origen del pleito

Orcel presentó su demanda contra Santander a mediados de 2019, por su fichaje frustrado como consejero delegado del grupo presidido por Ana Botín. En su escrito original, reclamaba el cumplimiento del contrato firmado con el banco o una indemnización de 112 millones, más del doble de lo que ha fijado ahora el juez.

Santander sostuvo durante el juicio que la carta de oferta que enviaron a Orcel no era un contrato válido al no ser aprobada ni por su consejo ni por su junta de accionistas; y destacó que su fichaje estaba sujeto a la evaluación de idoneidad del Banco Central Europeo (BCE). Además, Botín defendió que la 'ruptura' con Orcel se debió a su inflexibilidad a la hora de negociar una rebaja en el 'buy out', que hacía que su fichaje costara 52 millones en pleno ERE (expediente de regulación de empleo) en España.

El juez Sánchez Beltrán inclinó esta disputa del lado de Orcel al considerar que el contrato "es válido y perfecto, ya que en él se contiene oferta de una parte, aceptación de contra, con el consiguiente consentimiento de ambas partes a cambio de una retribución y una causa".

Más allá del valor económico, esta rebaja del 25% de la indemnización da argumentos a Santander en su recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid de que haya errores más allá de los reconocidos en la rectificación.