Moncloa condicionará la opa australiana a Naturgy para blindar el control de 'la Caixa'

El Gobierno apura el plazo de seis meses para pronunciarse sobre la oferta del fondo australiano IFM, interesado en comprar al menos un 17% del grupo energético Naturgy. Según fuentes vinculadas a la operación, Moncloa ha decidido que su posición sea favorable, aunque con condiciones para que la entrada del inversor no afecte a la propiedad de determinados activos estratégicos, como se considera a los negocios de distribución y generación (luz y gas), además de otras infraestructuras críticas como Medgaz (conexión con Argelia), en caso de haber nueva mayoría accionarial.

A la vista del calendario, este mes de julio pasará por Consejo de Ministros el visto bueno a la oferta de IFM, salvo que se deje para uno extraordinario en agosto. Sobre la mesa nunca ha estado un veto a la operación, pero sí las consecuencias que puede tener en el futuro de Naturgy, siendo uno de los tres grandes operadores energéticos del país, ante la sospecha de que la entrada del fondo australiano esté concertado con los fondos ya accionistas, CVC y GIP, con los que estaría en disposición de poder formar una mayoría de control al margen de 'la Caixa', accionista histórico y garante de la españolidad, según deslizó CriteriaCaixa en un comunicado en mayo.

Hasta la fecha, ninguna de las partes en liza se ha manifestado públicamente, ni Naturgy, obligado sujeto pasivo hasta que la oferta esté aprobada por la CNMV, ni Fundación 'la Caixa', primer accionista con un 25,5%. Sin embargo, el único pronunciamiento al respecto ha sido por parte de Criteria (brazo inversor de la fundación), donde mediante un comunicado informó de su intención de llegar al 30% de la compañía en el futuro, reforzando su compromiso como accionista de referencia a largo plazo, y por extensión dando a entender que negaba la posibilidad de acudir a la opa.

Este mensaje al mercado, efectuado el 18 de mayo, estaría alineado con el espíritu de las condiciones que impondrá el Gobierno: garantizar que los activos del negocio (regulado) siguen en el perímetro de Naturgy o, dicho de otra manera, que la españolidad de estas infraestructuras (atribuida al accionista de referencia) no se verá alterada en caso de nuevas mayorías. Además, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) también tendrá voz en el listado de condicionalidades, aunque dependerá de los ámbitos que abarque la aprobación de Moncloa.

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Esta prerrogativa del Gobierno está respaldada por la normativa sobre inversiones exteriores en España, que el pasado 25 de junio fue prorrogada en el Consejo de Ministros hasta el próximo 31 de diciembre. Este marco excepcional, permitido por Bruselas y aprobado a raíz de las circunstancias provocadas por la pandemia, concede al Ejecutivo la potestad para vetar operaciones corporativas en las que un inversor internacional (incluida la UE) quiera hacerse con más de un 10% de una compañía, sea cotizada o no, siempre que sea considerada estratégica para el país.

Durante estos meses, Moncloa ha recabado información de todos los actores en juego, así como de otros organismos del Estado. Entre otros, el propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según fuentes oficiosas, que habría aportado un informe con su opinión en contra de la operación, al entender que puede poner en riesgo las relaciones de gobernanza que ahora garantizan la españolidad de Naturgy. De fondo, como aseguran varias fuentes, está el recuerdo de la venta de Endesa, que terminó troceada y en manos de Enel, una compañía controlada por el Estado italiano.

Moncloa ha recabado información de los actores en juego, así como de otros organismos del Estado como el Centro Nacional de Inteligencia

Estos requisitos a la oferta podrían hacer que el fondo IFM modifique las condiciones originales o, en el caso extremo, que desista, algo que por ahora no ha manifestado que esté entre sus planes. Asumiendo que habrá condiciones, el inversor australiano ha dejado ya entrever que estaría dispuesto a una participación por debajo del 17% de Naturgy, lo que alimenta la sospecha de que le bastaría con un 10%, ya que esa parte serviría para configurar una mayoría junto a CVC y GIP, sin 'la Caixa', aunque no suficiente para conseguir una exclusión de bolsa, una de las tesis manejadas en un primer momento cuando trascendió su oferta.

La operación de Naturgy no es una excepción. En estos momentos, el Gobierno debe pronunciarse sobre la venta de ITP Aero, fabricante de turbopropulsores, propiedad de la británica Rolls-Royce. Al margen de las condiciones económicas, Moncloa ha exigido un plan industrial a los fondos finalistas, así como compromisos de colaboración con proveedores españoles del sector aeroespacial, una vez descartada la posibilidad de entrar en el accionariado de la compañía. Y en el caso de IFM, la intención parece clara: su dinero es bienvenido, pero no para hacer cualquier cosa.

Por más dudas que pueda alimentar Moncloa, los ministerios más afectados (Economía, Industria y Transición Ecológica) son conscientes de que vetar una operación de esta envergadura es un mensaje claramente hostil al mercado internacional en un momento en el que la entrada de capital es clave para la recuperación.

Estratégica en España

Naturgy es el primer operador gasista español. Además, está considerado como el principal mayorista de GNL en el Atlántico. Dentro de España, es el operador dominante de la distribución gasista. Nedgia, su firma de canalización de gas natural hasta el hogar, cuenta con la gran mayoría de activos repartidos por todo el país.

También es el comercializador de gas natural con más clientes, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito de pymes e industrial. En venta de electricidad es el tercer operador, solo por detrás de Endesa e Iberdrola. "Naturgy cuenta en España con más de siete millones de clientes que tienen más de 11 millones de contratos de gas, electricidad y servicios, desde el consumidor doméstico hasta el terciario e industrial", señala la empresa.

Otro punto fuerte de los activos de la empresa es su red de distribución eléctrica. La compra de Unión Fenosa por parte de Gas Natural supuso controlar las redes de Galicia, León, Zamora, Ávila, gran parte de Madrid y la mayoría de Castilla-La Mancha.

Naturgy cuenta en España con más de siete millones de clientes que tienen más de 11 millones de contratos de gas, luz y servicios

Al margen de lo anterior, Naturgy controla con BlackRock y Sonatrach uno de los activos geoestratégicos más importantes: el gasoducto del Medgaz. Dicho tubo une Argelia con la península ibérica por el Mediterráneo. A través del mismo llega la mitad del gas que consume España. Además, cuenta con contratos a muy largo plazo de aprovisionamiento.

También cuenta con acuerdos para traer gas desde Argelia por el otro gasoducto estratégico, el tubo del Magreb que llega a la península ibérica cruzando Marruecos. En estos momentos y en plena crisis diplomática con el reino alauita, está pendiente de renovar la concesión de este activo.

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Agencias

En generación, Naturgy es el grupo con más plantas de ciclo combinado de España. Dichas térmicas de producción eléctrica a partir de gas cada vez son menos rentables, pero suponen la base del sistema que da respaldo a las renovables, intermitentes en su producción. También participa en el parque nuclear e hidráulico, aunque en menor medida que Iberdrola y Endesa.

La compañía dirigida por Francisco Reynés preparaba un plan estratégico con el que actualizar su hoja de ruta que llega hasta 2023. En el mismo, su intención era simplificar su presencia geográfica hacia territorios con más seguridad jurídica y reposicionar a la compañía en generación renovable. Sin embargo, la opa de IFM tiene paralizada a la empresa a la espera de que se resuelva la situación interna.