Santander vende la deuda del sistema gasista al ICO y a Liberbank y reduce su exposición al CO₂

Banco Santander ha cedido los derechos de cobro del déficit acumulado en el sistema gasista, una deuda que llegó a superar los 1.000 millones de euros y se amortiza mes a mes a través de la factura de gas de todos los consumidores.

La entidad presidida por Ana Botín adquirió este activo en 2019 y menos de dos años después, a finales de 2020, tras un proceso competitivo, fue vendido al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a Liberbank. No obstante, la operación no ha sido notificado de forma definitiva a la CNMC, supervisora de los mercados energéticos, hasta hace pocos días.

El sistema gasista acumuló un déficit de más de 1.000 millones de euros entre 2004 y 2014. Es decir, que los costes regulados del sistema (transporte, gestión, almacenamiento, distribución del gas, etc.) no fueron completamente satisfechos por los consumidores. Posteriormente, en 2017, los operadores gasistas (Enagás, Naturgy, Redexis, Nortegás, Madrileña Red de Gas, etc.) decidieron titulizar esa deuda amortizable en 15 años (hasta 2031) a un interés del 1,104% y cederla a un actor financiero.

Actualmente, la deuda viva que resta por pagar es de más de 756 millones de euros. La mayor parte de la misma (el 48%) ha sido adquirida por el ICO. La entidad pública asegura que dicha operación forma parte de su negocio habitual, con lo que pretende optimizar su balance y así posteriormente poder ayudar a la financiación de empresas.

Banco Santander se desprendió de este activo por rotación de cartera, advierten fuentes al tanto de la operativa de la entidad. La venta se produce en paralelo al plan de descarbonización del banco cántabro. En febrero de 2021, presentó la hoja de ruta para ser neutros en emisiones de CO₂ en 2050 como parte de su estrategia de alinearse con los objetivos del Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático.

La venta de la deuda del sistema gasista se da en paralelo al plan para fijar objetivos de reducción en la financiación de activos que emiten CO₂

Santander señaló entonces que dejará de dar servicios financieros a clientes de generación de energía eléctrica cuyos ingresos dependan en más de un 10% del carbón. En este sentido, anunció que para 2022 fijará objetivos de descarbonización para otros sectores relevantes, como los de petróleo y gas, transporte, minería y siderometalurgia. Antes de dar cuenta de esta nueva ruta para reducir su riesgo climático, Santander ya se desprendió de una parte de la deuda del sistema eléctrico. La firma vendió derechos por 3.327 millones de euros a Cima Finance en 2019.

La salida de Banco Santander de este activo ligado a los combustibles fósiles se produce cuando el gas está en el punto de mira de diversas administraciones públicas. Pese a que se consideraba hasta hace poco el combustible de la transición, la transformación hacia las renovables, los vehículos eléctricos y los productos cero emisiones hace que muchos expertos cada vez den un recorrido más corto al potencial del gas.

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El Gobierno de España tramita ahora una ley para cargar parte de los costes de la electricidad (las primas a las renovables) al gas y a los combustibles fósiles. Esto provocará una subida de unos 67 euros en la factura gasista anual, según estimaciones de la CNMC. El objetivo de esta reforma, según Transición Ecológica, es electrificar la economía para descarbonizar y cumplir con los objetivos medioambientales comprometidos con Bruselas. Por si esto fuera poco, las eléctricas y otras empresas energéticas trabajan para sustituir usos tradicionales del gas por productos que consuman electricidad.

Prueba de esto es la bomba de calor, un sistema de calefacción eléctrica para el que diversas empresas están solicitando fondos europeos Next Generation y sustituir con dicho sistema las calderas de gas de hogares y negocios. Un proceso que puede debilitar los ingresos del sistema gasista en el medio plazo y comprometer el superávit que acumula en los últimos años. El equilibrio actual sirve para amortizar la deuda antigua, cuyos derechos (y la asunción del riesgo) tienen ahora Liberbank y el ICO, la entidad de crédito del Estado.