Transparencia, código de conducta y registro: así quiere regular el Gobierno los 'lobbies'

"La regulación de la actividad de influencia de los grupos de interés en el seno de las Cortes Generales es una asignatura pendiente del parlamentarismo español". Así de tajante comienza la proposición de reforma del reglamento del Congreso de los Diputados para incorporar un nuevo título XIV para la regulación de los grupos de interés del PSOE. O en otras palabras, la proposición de ley con que el Gobierno quiere regular la actividad de los 'lobbies' y grupos de interés en España.

Las diversas propuestas de regular el 'lobby' en España no son nuevas, pero es verdad que ninguna ha llegado a transformarse en ley. El último paso adelante lo dio el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, a mediados de marzo, cuando comunicó a la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) que estaba empezando a configurar una normativa en torno a un sector que, pese a llevar más de tres décadas funcionando en España y que esas propias empresas piden operar bajo una norma concreta, no cuenta con una regulación en nuestro país.

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Lo que quiere el Gobierno (y la oposición)

Ahora, el Gobierno, representado en este caso por el Grupo Parlamentario Socialista, pretende que el sector tenga acceso a un mayor proceso de transparencia. En la exposición de motivos de su proposición de ley, el PSOE propone la creación de un registro público (aparecería en la web del Congreso de los Diputados) donde figuren de manera detallada todas aquellas empresas de relaciones institucionales, grupos de interés o colectivos ciudadanos que quieran intervenir en el debate político mediante reuniones con los diputados del Congreso.

Además, el PSOE incluye que todos aquellos diputados que mantengan reuniones de este tipo difundan su agenda para que quede constancia de dichas reuniones. El Grupo Parlamentario Popular (GPP), por su parte, solicita algo similar, pero invirtiendo la carga de la prueba: en su propuesta, propone que no sean los diputados, sino las propias empresas de 'lobby', quienes difundan esa agenda de reuniones. Más allá de quién presente la documentación, el PP también solicita que haya casos en que esta no sea difundida si "su contenido es considerado reservado por motivos económicos y comerciales, secreto profesional, propiedad intelectual o industrial o por exigencias normativas", algo que el PSOE no contempla.

La nueva ley implantaría un código de conducta para 'lobistas' y diputados, un registro público y una 'huella legislativa' de cada ley tramitada

Lo que sí proponen ambos partidos es la implantación de un código de conducta para los 'lobistas', que serían sancionados en caso de no cumplirlo. En el baremo que planea el Gobierno, estas sanciones podrán ir desde el apercibimiento hasta su salida del registro de grupos de interés durante 10 años o incluso de forma indefinida, lo que les impediría volver a reunirse con los diputados del Congreso de ninguna de las maneras.

Otra de las novedades más destacadas pasa por el establecimiento de un informe de huella legislativa. Este procedimiento consistiría en que, ante la redacción de una ley, habrá un documento público en el que aparezcan todas las versiones del texto legislativo, los cambios que ha ido sufriendo durante el proceso de elaboración, los grupos de interés que han solicitado reunirse con diputados al hilo de dicha ley e incluso si alguno de esos grupos ha aportado información al texto final o inspirado su redacción. A día de hoy, la proposición de ley está pendiente de debate en el Congreso de los Diputados.

El sector, a favor de la regulación

La intención de regular la actividad 'lobística' en España parte del Gobierno, y lo cierto es que las propias empresas de relaciones institucionales lo apoyan. De hecho, llevan tiempo pidiendo la regulación de su actividad en nuestro país: todos los asociados de APRI ya se rigen por su propio código interno de conducta y desde el colectivo se hizo en su momento una propuesta de legislación del sector.

Alfonso López, fundador de Reti España, lo tiene claro: "A mayor regulación, más transparencia y, por ende, más democracia". López no solo está a favor de la regulación, sino que además considera que "será importante para cualquier proceso de elaboración de normas, ya que permitiría conocer cómo se han tomado las decisiones y quién ha participado en el proceso". En su opinión, "debe haber transparencia (registro público), accesibilidad a los centros de decisión y acreditación (particularmente, al Congreso y Senado), responsabilidad (código ético del 'lobista') y limitaciones (nunca debe suponer un perjuicio del interés general)".

Desde APRI, también se muestran favorables a la regulación, ya que defienden que "la mayoría de los representantes y cargos públicos se relaciona con 'lobistas' de forma natural y frecuente". Según un estudio elaborado por la asociación, "el 96,7% ha tratado en algún momento con ellos, mientras el 74,6% mantiene un contacto frecuente".

APRI considera que "los recelos hacia la actividad del 'lobista' que todavía existen en determinados sectores de la opinión pública son atribuidos, principalmente, a malas prácticas del pasado, a ciertos prejuicios respecto a la clase política y empresarial y a la falta de transparencia que aún impera en los procesos decisorios". Sin embargo, ya estamos lejos de esa imagen oculta del 'lobby': "Estamos viendo una demanda creciente de servicios de 'public affairs' por parte de multinacionales extranjeras (sobre todo, norteamericanas y chinas), empresas del Ibex, compañías no cotizadas y parte de la sociedad civil", añade López. El auge, explica, ha provocado una subida bidireccional: "Crece el número de consultoras especializadas y el de empresas y multinacionales que crean o refuerzan sus departamentos de relaciones institucionales".

De hecho, el fundador de Reti España cree que el hecho de que nuestro país aún no tenga regulado el 'lobby' es una anomalía, ya que "el Consejo de Europa y el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) ya han dicho que una de las grandes lagunas jurídicas de España es la ausencia de regulación de los 'lobbies".

Consulta pública a los ciudadanos

Teniendo en cuenta que la regulación del 'lobby' afecta no solo a partidos políticos y grupos de interés, sino a la sociedad en su conjunto, el Gobierno ha lanzado una consulta pública a la ciudadanía. En dicha consulta, abierta hasta el próximo 28 de mayo, los ciudadanos pueden mostrar su opinión sobre todo los aspectos relativos a la norma que finalmente pueda aprobarse.

Se trata, en definitiva, de que todas las aristas involucradas debatan en torno a la actividad del 'lobby' en España y la posible regulación de un sector que mueve 500 millones de euros y da empleo a cerca de 2.000 personas.