Las diferencias entre PSOE-UP retrasan al menos hasta 2022 el impuesto a las socimis

Fue una de las medidas que más titulares acaparó el pasado 27 de octubre, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente, Pablo Iglesias, anunciaron la luz verde del Gobierno a los Presupuestos Generales del Estado de 2021, y, sin embargo, la realidad es que se ha dejado voluntariamente fuera de esta ley.

Se trata del tributo del 15% al beneficio no distribuido de las socimis, uno de los caballos de batalla de la formación morada, junto a otras líneas rojas como son el tope a los alquileres o la subida del IRPF a las rentas altas, todas ellas medidas que Iglesias se vanaglorió de haber conseguido sacar adelante en los presupuestos..., aunque no fuera exactamente así.

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La realidad es que la tasa a las socimis se ha dejado fuera. En ninguna parte de la ley de presupuestos aparece esta medida, cuando ya estaba en el anteproyecto de hace dos años, y con el añadido de que el Ministerio de Hacienda sí ha contabilizado el impacto recaudatorio que tendría esta nueva tasa en las arcas públicas: 25 millones de euros.

Más allá de lo irrelevante (en términos recaudatorios) de esta cifra, lo llamativo es que la propia cartera que dirige María Jesús Montero reconoce que este tributo no tendrá impacto en caja hasta 2022, una dilación que nada tiene que ver con la idea que la maquinaria política ha conseguido dejar en el imaginario popular de que se han subido los impuestos a las socimis. Por el momento no, y dentro de dos años, veremos.

Fuentes políticas aseguran que el motivo de que se haya sacado de la ley de presupuestos esta tasa es que los dos socios de Gobierno no han logrado consensuar el articulado de este tributo, mientras que desde el sector empresarial se apunta al rechazo del Ministerio de Economía a una tasa que tampoco cuenta con el respaldo de los equipos técnicos, por su nulo impacto recaudatorio; postura que choca frontalmente con el interés de los morados por trasladar el mensaje de haber acorralado a las socimis.

En la cartera dirigida por Nadia Calviño se considera que esta norma llega en el peor momento para el sector, cuyos ingresos y valor de activos van a verse seriamente golpeados por la crisis, que solo sirve para espantar inversores, desconfiados de cambios legales motivados más por razones ideológicas que económicas, y que, además, no resuelve los problemas que sí puede tener el régimen de socimis.

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Estas diferencias entre las dos almas del Ejecutivo de coalición, según las fuentes consultadas, son el motivo de que la tasa a las socimis haya quedado fuera de los PGE y de que, ahora, se tenga sobre la mesa la opción de llevarlo como enmienda a la Ley Antifraude, o encomendársela al grupo de expertos que anunció Calviño que se creará para hacer una reforma a fondo de toda la fiscalidad nacional.

Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que se incluirá como enmienda a la ley Antifraude durante su tramitación, pero sin aclarar qué formación la presentará ni cuándo estará lista. Lo que sí afirman es que se tratará de un tipo del 15% sobre el 20% del beneficio de las socimis que no se reparta como dividendo (el otro 80% es obligatorio repartirlo para poderse acoger a este régimen), es decir, lo que ya estaba contemplado hace dos años. ¿Qué sentido tiene entonces sacarlo de la ley presupuestaria?

Esta fórmula apenas tiene impacto recaudatorio, ya que todas las grandes socimis reparten, incluso, más dividendos del beneficio contable que declaran (lea aquí la explicación de por qué puede ocurrir esto) y tampoco corrige los errores que tiene el régimen español y que permiten, entre otras cosas, que grandes patrimonios creen una socimi con el único objetivo de tributar menos, no para ser un vehículo de inversión abierto, y que los fondos internacionales esquiven la tributación en España mediante un sistema de préstamos entre sociedades matrices y filiales que siempre se ubican en países de baja tributación.

Para corregir estos fallos más de fondo, estaría la opción de incluir a las socimis dentro de la batería de impuestos que deberá revisar el comité de expertos que anunció Calviño, pero, en ese caso, es prácticamente imposible que la tasa esté vigente ya no en 2022, como contempla Hacienda, sino en algún momento de esta legislatura.