Los fundadores de Codere denuncian ante la CNMV nuevas irregularidades del consejo
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Se amparan en el caso Popular en la AN

Los fundadores de Codere denuncian ante la CNMV nuevas irregularidades del consejo

Los Martínez Sampedro acusan al órgano de ocultarles requerimientos y respuestas enviadas al supervisor. Piden que se requieran las facturas pagadas a Linklaters y otros dos despachos

placeholder Foto: El expresidente de Codere José Antonio Martínez Sampedro.
El expresidente de Codere José Antonio Martínez Sampedro.

Los fundadores de Codere han enviado a la CNMV una nueva ampliación de la demanda que registraron en 2019 por la toma de control de Silver Point, principal accionista de la casa de apuestas desde 2018. Según denuncian, ello supuso la pérdida de control de la firma tras su destitución como primeros ejecutivos y les provocó un daño patrimonial —a ellos y al resto de los accionistas— que entienden que se debió al incumplimiento de la ley de opas por parte de sus primeros accionistas.

En su escrito, el sexto en menos de dos años, José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro aseguran que el consejo de administración se niega a mostrar a su representante, en el máximo órgano de administración de la casa de apuestas, tanto los requerimientos realizados por la CNMV como las respuestas enviadas por la compañía al órgano supervisor del mercado. Añaden que ni el consejo ni el secretario del consejo, Luis Argüello, han satisfecho las peticiones de Pío Cabanillas, representante de los Martínez Sampedro en el consejo.

En la carta registrada el pasado viernes, a la que ha tenido acceso El Confidencial, los que fueran presidente y vicepresidente de la empresa hasta ser destituidos por el consejo en 2018 aseguran aportar pruebas al organismo presidido por Sebastián Albella de lo que entienden es una maniobra irregular. Denuncian que la compañía se gestiona de forma clandestina por los consejeros denunciados y siguiendo instrucciones del presidente, Norman Sorensen, pese a que actúa con rango de consejero independiente.

placeholder Interior de una sala de Codere. (EFE)
Interior de una sala de Codere. (EFE)

Codere señala que "no hace comentarios sobre sus accionistas". En lo referente a la sociedad, la firma se limita a destacar que "cuando el requerimiento es de un accionista o consejero conflictuado por ser demandante de la sociedad, es responsabilidad del consejo analizar los posibles conflictos de interés". Dan a entender que los Martínez Sampedro está conflictuados por ser demandantes de la sociedad. Además, fuentes oficiales de Codere señalan que "cumple perfectamente con las obligaciones de información con sus accionistas y/o consejeros".

Por otro lado, los denunciantes se amparan en una de las últimas diligencias practicadas por la Audiencia Nacional en la causa que investiga el hundimiento de Banco Popular. La familia Martínez Sampedro pide a la CNMV que se requieran las facturas pagadas al despacho de abogados Linklaters y que remitan quiénes fueron los abogados que asesoraron. Solicitan este requerimiento con el afán de demostrar que los abogados asesoraron tanto al primer accionista, Silver Point, como a los consejeros independientes de la compañía para la toma de control de la cotizada y su destitución como primeros ejecutivos de la casa de apuestas. Además, aseguran que parte de las facturas fueron pagadas por Codere, pese a que se trataba de servicios prestados a terceros (accionistas y consejeros). Linklaters ha declinado hacer comentarios.

De forma análoga, también piden que se soliciten las facturas que se abonaron a los bufetes de abogados Bois Schiller Flexner y Jones Day, porque de nuevo creen que la multinacional del juego abonó servicios prestados a los accionistas en el arbitraje que lanzaron contra la compañía en la Cámara de Comercio Internacional (CCI), lo que entienden de nuevo como una irregularidad de los gestores. Fuentes oficiales de la casa de apuestas aseguran que "Codere no ha pagado ninguna factura de sus accionistas".

Dos años de litigios

La familia Martínez Sampedro, accionista del 15% del capital social de Codere a través de la mercantil Masampe, mantiene una pelea judicial contra el actual consejo de administración y el primer accionista, Silver Point, desde que fueron destituidos como presidente y vicepresidente de la compañía en enero de 2018.

Según sus acusaciones, Silver Point, poseedor del 23% de la empresa, actuó de forma concertada con el resto de grandes fondos propietarios de la casa de apuestas, Abrams y M&G (con el 8,72% y el 13,61% del capital, respectivamente), al quitarles la gestión de la empresa. Sostienen que este movimiento contraviene la actual ley de opas, que obliga a lanzar una oferta a todos los accionistas cuando se supera el 30% del capital.

Foto: La sede central de Codere en Alcobendas. (Wikipedia)

Las acciones de Codere cotizaban a 9,5 euros el día de la toma de control por parte de Silver Point (12 de enero de 2018). Eso suponía una capitalización de más de 1.100 millones de euros (los fundadores llegaron a tener un patrimonio de 700 millones en Codere). Antes de la crisis del covid, habían caído hasta los 2,71 euros y en estos momentos ya están en 1,5 euros. Eso significa que los Martínez Sampedro apenas poseen ya 21 millones de euros por su participación en la casa de apuestas.

El fondo estadounidense es el dueño de Codere después de que capitalizara la deuda que poseía la firma. Entre las denuncias de los Martínez Sampedro, destaca la presunta pasividad del presidente de la CNMV, Sebastián Albella, al que critican por la dejación de funciones del supervisor del mercado a la hora de investigar este caso por su pasado en el despacho de abogados Linklaters.

Según detallan, Albella participó como asesor legal en la reestructuración de la deuda de Codere, y Linklaters se mantuvo como asesor legal en la posterior toma de control de Silver Point y la destitución de los fundadores. Basan sus acusaciones en los correos electrónicos destapados en el 'discovery' (proceso que permite conocer toda la información interna de los implicados en el caso) que se practicó en Connecticut. El regulador asegura que Albella se abstiene en las cuestiones relacionadas con Codere para evitar conflictos de interés por su asesoramiento para la firma cuando trabajaba como abogado en Linklaters.

Los fundadores de Codere han enviado a la CNMV una nueva ampliación de la demanda que registraron en 2019 por la toma de control de Silver Point, principal accionista de la casa de apuestas desde 2018. Según denuncian, ello supuso la pérdida de control de la firma tras su destitución como primeros ejecutivos y les provocó un daño patrimonial —a ellos y al resto de los accionistas— que entienden que se debió al incumplimiento de la ley de opas por parte de sus primeros accionistas.

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