La Audiencia Nacional abre la puerta a imputar al director de auditoría de BBVA

El juez del "caso Villarejo" ha admitido la querella contra el ex director del gabinete de presidencia del BBVA y actual jefe de auditoría interna de la entidad, Joaquín Gortari, presentada por un perjudicado por el supuesto espionaje que el banco encargó al excomisario José Villarejo.

En su auto el titular del juzgado central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, acepta la querella interpuesta a principios de año por el abogado Felipe Izquierdo, que también se dirige contra el que fuera presidente del BBVA, Francisco González, y la propia entidad, si bien ambos ya habían sido imputados previamente en la causa.

Según expone el magistrado, la admisión a trámite ha contado con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, con lo que el querellante podrá figurar en el caso como acusación particular "en cuanto persona perjudicada por el delito".

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Izquierdo asegura en su querella, de la que se hace eco el auto, "haber tenido conocimiento de que la entidad bancaria dio órdenes de 'espiarle' con flagrante vulneración de su intimidad y violación de sus derechos fundamentales por orden, presuntamente, de Francisco González y Joaquín Gortari".

Unos hechos que, continúa, podrían ser constitutivos posibles y presuntos delitos de cohecho activo, revelación de secretos y corrupción de los negocios.

En concreto, desde 2010 Gortari desempeñaba el cargo de director de gabinete de la presidencia de BBVA, entonces en manos de González, coincidiendo con la época de los hechos.

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Fuentes jurídicas ha informado de que el querellante ya ha formalizado el trámite de ratificación de la querella. El "caso Tándem", novena pieza separada del caso Villarejo, gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.

A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de Francisco González en una causa en la que figuraban como investigados otros exdirectivos del banco, como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano; el ex consejero delegado Ángel Cano y el exresponsable de riesgos Antonio Béjar.

A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos. En el auto de levantamiento del secreto de sumario, el juez consideró que los trabajos encargados supuestamente por BBVA a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017, supusieron una "reiterada injerencia" en los derechos de las personas "mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria".