Abengoa pide ayuda al Gobierno mientras exige hasta 1.130M en arbitrajes a España

Abengoa cumple este martes la fecha tope que se dio a final de junio para tener cerrado su tercer rescate financiero en los cinco últimos años. No hay certeza aún de que esta fecha se tenga que posponer, como ocurrió en los otros dos procesos de reestructuración financiera, pero lo que sí es seguro es que el Estado jugará algún papel si sale adelante el plan de salvamento de la ingeniería sevillana. Los 550 millones en préstamos y avales solicitados al ICO y la aseguradora semipública Cesce, que total o parcialmente podrían proceder finalmente del fondo de la SEPI para empresas en crisis, contrastan con los hasta 1.130 millones que la propia Abengoa reclama al Reino de España.

Es la cifra más impactante del informe elaborado por KPMG, a instancias de la propia Abengoa, al que ha accedido El Confidencial, para examinar qué activos tiene la empresa para pagar los casi 700 millones en deudas vencidas con proveedores. Eliminar ese pasivo es, junto a la refinanciación de 3.000 millones de deuda financiera y los citados 550 millones solicitados al Gobierno, uno de los pilares clave del plan de refinanciación. Esas reclamaciones de Abengoa al Estado proceden de los arbitrajes interpuestos por la empresa en 2014 ante la Corte de Estocolmo por los cambios legislativos que afectaron a sus plantas termosolares en España.

En vísperas del posible desenlace de las conversaciones, las acciones B de la compañía, las que representan de manera mayoritaria su capitalización, subieron ayer un 2,7%, el doble que el Ibex 35. Cerraron en su cotización en el Mercado Continuo a 0,0038 euros. Las de clase A se dispararon un 14,4%, hasta 0,0103 euros.

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El documento 'privado y confidencial' de KPMG, que examina en detalle todos los activos y potenciales entradas de efectivo a fecha del pasado 6 de junio, especifica que las reclamaciones por daños y pérdidas en seis plantas termosolares ascienden a una horquilla de entre 565 y 1.131 millones de euros. Una prestigiosa consultora estadounidense, Compass Lexecon, ha realizado cuatro informes en los últimos seis años por encargo de Abengoa en relación con estas reclamaciones y actualizó sus estimaciones a 10 de marzo pasado.

Previo al informe de esta Big Four, Abengoa ya detalló que una de las formas en que quería saldar sus deudas con los proveedores era con los litigios que mantiene contra España, a la que ahora solicita ayuda vía ICO, Cesce y/o SEPI. En su plan de negocio, presentado el pasado 20 de mayo, barajaba saldar parte de los 682 millones de euros que debe a proveedores con deuda vencida y otros acreedores asignando "derechos preferentes sobre la realización de ciertos activos, incluyendo el efectivo futuro obtenido de la venta de activos, efectivo obtenido de los procesos de arbitraje en curso y otras entradas de efectivo no recurrentes como el arbitraje con el Reino de España".

Abengoa detalla que quiere pagar a proveedores (682 millones) con "otras entradas de efectivo no recurrentes como el arbitraje con España"

Una solución que no convence a algunos de estos proveedores, quienes consideran que se trata de poco menos que una quita total y en la práctica supondrá dejarles sin cobrar, con la repercusión que ello puede tener para sus negocios. Los litigios, más allá de en cuánto estén valorados, tienen un elevadísimo riesgo de ejecución. No en vano, España aún no ha desembolsado ni un euro de ninguno de los arbitrajes que ha perdido y los periodos estimados de cobro se demoran por largos años. Por otro lado, fuentes próximas a estos proveedores no entienden cómo el Gobierno puede salir al rescate de Abengoa y a su vez no exige que se pague a estos suministradores.

Los arbitrajes contra España

España, hasta ahora, ha visto cómo el organismo de arbitrajes del Banco Mundial (Ciadi) le condenaba al pago de unos 1.000 millones al dar la razón a inversores reclamantes en 11 casos. Pero, desde finales del pasado año, la situación ha dado un giro. La decisión del Gobierno de ofrecer mejores condiciones de retribución a las plantas afectadas para desactivar las reclamaciones ya ha tenido efectos: el propio Ciadi tumbó en diciembre dos casos por 484 millones planteados por inversores institucionales alemanes en plantas termosolares. Una nueva legislación europea de 2018, en cualquier caso, está permitiendo a España evitar el pago de los laudos contrarios.

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Ya este año, en febrero, otro laudo de un organismo de la ONU (Uncitral) ha dejado en 90 millones la reclamación de hasta 2.000 millones de dueños de plantas fotovoltaicas que denunciaron en 2011 a España. Más recientemente, la Abogacía del Estado, que defiende a España, ha logrado anular un laudo (128 millones de indemnización) tras demostrar que uno de los árbitros tenía un conflicto de interés con el demandante.

Abengoa, pese a todo ello, mantiene esa horquilla de posibles indemnizaciones. El frente de pagos vencidos a proveedores se está tratando de encauzar mediante quitas de hasta el 90% de las deudas pendientes y abonando el restante 10% con derechos de cobro sobre esos ingresos futuros derivados de desinversiones o éxitos en los arbitrajes.

El denominado Proyecto Acre, título del documento de análisis de esos activos en los que desinvertirá Abengoa para saldar deudas con sus suministradores, se centra en otros dos procesos de arbitraje y en seis proyectos. Los primeros son por una central de ciclo combinado en Polonia y unos proyectos de transmisión eléctrica en Kenia, y estima que obtendrá 11 millones netos en cada caso. Los segundos son plantas eléctricas, desaladoras y proyectos hidráulicos —algunos no iniciados o paralizados desde hace años— que en total podrían reportar a Abengoa 62,5 millones como máximo.