La banca alerta al Gobierno de un colapso en las notarías por la moratoria hipotecaria

La banca pide cambios urgentes al Gobierno para evitar un colapso en notarías y registros a la hora de sellar decenas de miles de moratorias hipotecarias. Las dos principales patronales del sector, la AEB (Asociación Española de Banca) y la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros), han transmitido una queja a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, por los efectos secundarios del Real Decreto-ley 11/2020, del 31 de marzo, que regula la moratoria, según fuentes financieras consultadas por El Confidencial. Ninguno de los protagonistas —patronales y Economía— hicieron comentarios al respecto.

Las entidades se quejan de que el Gobierno introdujo a última hora el requisito de que cualquier moratoria se instrumente en escritura pública y se inscriba en el Registro de la Propiedad. Por ello, cualquiera de los créditos que pueden acogerse a esta medida pública y dejar de pagar tres meses tendrían que pasar por notario y registrador para alargar su vida tres meses. Lo que, a juicio de las entidades, supone un "sobrecoste innecesario y un posible atasco injustificado" cuando se levanten las restricciones de movimientos.

Esta medida generó un gran desconcierto en el sector financiero. Ya que cuando se aprobó en consejo de ministros daba luz verde de forma automática a las moratorias, y al día siguiente cambio repentinamente el mensaje.

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Las fuentes consultadas señalan que podría haber hasta 200.000 hipotecas susceptibles de acogerse a la moratoria, que podrían amontonarse en las próximas semanas pendientes de su elevación a público hasta que el Gobierno ponga fin al confinamiento. En ese momento, todos estos acuerdos tendrían que sellarse ante notario y llevarse al registro. Desde el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores, niegan tal colapso y transmiten que no hay urgencia de plazo una vez se levante la cuarentena y que tienen medios para atender todas las solicitudes.

Otra de las críticas al real decreto-ley, según las entidades, es que deja la puerta abierta a una trampa legal de sus clientes. Así, hay riesgo de que, después de haber dejado de pagar tres cuotas —el efecto de la moratoria es inmediato—, el cliente se niegue a alargar la vida de su hipoteca no acudiendo al notario. Esto, a su vez, podría provocar una sanción del Banco de España a la entidad, según fija también el real decreto. Desde el sector financiero, alertan del “sinsentido” de que los bancos acabaran acudiendo a los tribunales contra sus clientes por una norma que se ha hecho para ayudar a estos últimos. Por su parte, desde el Consejo General del Notariado, creen que el real decreto lo deja todo bien atado y que no habría problema para que la entidad recuperara las tres mensualidades.

La banca también se queja del coste de esta inscripción de las moratorias, a pesar de que el Gobierno ha impuesto una tarifa reducida, que lo rebaja a cerca de la mitad. Las entidades tendrán que pagar entre 30 y 75 euros por escritura y entre 24 y 50 euros la inscripción, más otros 100 euros aproximadamente por su gestoría. Esto hace que unas 200.000 moratorias tendrían un sobrecoste de unos 40 millones de euros. Más allá del volumen total, las entidades ven desproporcionado pagar 200 euros para un ahorro medio de una hipoteca de 1.500 euros en los tres meses.

Desde el Colegio de Registradores, aclaran que estos precios cubren sus costes básicos y subrayan que están ofreciendo “de forma gratuita las notas de índices que los ciudadanos necesitan para acogerse a la moratoria”, según su vicedecano, José Miguel Tabarés. El portavoz del Consejo General del Notariado, José Corral, explica que ellos también han puesto un mecanismo telemático —a través del portal www.portalnotarial.es, pendiente de aprobación pública— para que cualquier posible beneficiario de la moratoria pida copias simples de su contrato de compraventa y del préstamo hipotecario.

“Barriendo para casa”

Las fuentes consultadas señalan que hay incluso una contradicción en la redacción del Real Decreto-ley 11/2020, ya que en la exposición de motivos opta por que la moratoria se aplique por ley, y posteriormente decide lo contrario, que sea por escritura pública. Añaden que hubo un choque de opiniones entre Economía y Justicia, y fue este último ministerio el que impuso su criterio “barriendo para casa”.

Lo que piden los bancos es que se fije por ley que cualquier préstamo que se acoja a la moratoria alargue su vencimiento en el mismo plazo, tres meses, con las mismas condiciones y sin necesidad de más trámites. Renuncian a la protección extra legal que les da elevarlo a público. Los notarios y registradores creen que esta solución pondría en cuestión todo el sistema y dejaría desprotegidos a los bancos, ya que habría tres meses en los que no estaría tan clara la validez de la hipoteca frente a otros acreedores. La vicepresidenta Calviño tendrá la última palabra.