El directivo que señaló a Galán por Villarejo valida su versión tras la ofensiva de Iberdrola

Ignacio Sánchez Galán celebra este miércoles en Madrid el tradicional encuentro de Navidad con sus directivos, después de reunirse este martes con los que están en la sede de Bilbao. Unos encuentros que previamente han sido precedidos de un comunicado a toda la plantilla en el que resalta que Iberdrola no ha cometido ninguna ilegalidad en la contratación de José Manuel Villarejo. Entre los asistentes a estos actos están algunos ejecutivos que se han reunido con José Antonio Olmo, el empleado de la eléctrica que elaboró el informe que describe la presunta trama de facturas falsas que organizó la compañía para pagar al comisario y que habría sido ordenada por el propio presidente.

Según han confirmado varias fuentes próximas a la compañía, José Luis San Pedro, número dos de Iberdrola hasta 2014, y Juan Carlos Rebollo se pusieron en contacto con Olmo un día después de que El Confidencial publicase el 2 y el 3 de diciembre el documento que describe el presunto 'modus operandi' de Iberdrola y de su jefe de Seguridad, Antonio Asenjo, para encargar a Villarejo operaciones de espionaje y de compra de políticos. Un trabajo “totalmente confidencial”, “conocido únicamente por I. S. Galán, F. Mtz. Córcoles [el actual número dos del grupo], Fernando Becker [anterior director general de Servicios Generales] y Asenjo”. Los pagos fueron calificados de “facturas anómalas”, según el informe, que especifica que sirvieron para “pillar a otros políticos”.

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Agustín Marco

San Pedro le pidió una reunión a Olmo, que accedió a sentarse con él. En el citado encuentro, San Pedro, la persona a la que remitió el informe elaborado durante 2004, le animó a que negase la veracidad del contenido del informe, firmado por el propio Olmo. Le inquirió que se sumara a la firma de un escrito en el que este directivo, más Pablo Insunza y Juan Carlos Rebollo, iban a aseverar que el relato de los hechos era completamente falso porque, directamente, el archivo no existía.

Pero el autor del informe, que iba acompañado por las ocho facturas que presuntamente se usaron para tapar los pagos a Villarejo por 351.500 euros, rechazó el ofrecimiento y le confirmó la exactitud de los hechos, con las fechas precisas en las que se reunió con Asenjo y en las que el ya exjefe de Seguridad le ordenó los abonos de las facturas a nombre de Castellana de Seguridad (Casesa). Un documento con referencia JADO-001 que agregaba una factura a Cenyt, la empresa del comisario, por 100.000 euros, así como el anuncio de otros pagos al policía por "350.000 euros adicionales a devengar en 2005 por otros asuntos de naturaleza semejante".

Ante esta reacción, San Pedro, que percibió más de 16 millones de euros de liquidación tras dejar Iberdrola, Insunza y Rebollo, que siguen en la eléctrica, remitieron un escrito a la compañía en el que "no reconocían ni la emisión ni la recepción del informe; que el supuesto documento no se había localizado en ninguno de los archivos oficiales de Iberdrola; que la fecha de emisión era muy posterior a la recepción y pago de las facturas a las que alude, y que, en todo caso, su contenido no evidencia ninguna irregularidad en la relación con Castellana de Seguridad (Casesa), empresa emisora de las facturas".

Tras la negativa, Iberdrola hizo un requerimiento a través del bufete Uría y Menéndez a Olmo para que se pronunciase sobre la veracidad del documento y comunicase si disponía de cualquier información relacionada con el caso de la que la empresa no tuviera constancia o archivo. Según distintas fuentes, el exdirectivo, que tiene una hija trabajando en la compañía, les ha confirmado de palabra la total certeza de la información, pero se ha negado a contestar oficialmente a Iberdrola, que le ha vuelto a enviar un segundo requerimiento para conocer su versión legal. Una nueva petición que también ha rechazado, al tener solo intención de declarar ante un juez, según fuentes próximas al caso.

El autor del documento ha rechazado la petición de Ia compañía de firmar un escrito para desmentir la información y ha ratificado la veracidad del informe

Iberdrola considera que “ha sido bombardeada con una serie de informaciones que tienen como objetivo perjudicar y desestabilizar la compañía”. Además, defiende que desde el inicio de esas informaciones impulsó investigaciones internas exhaustivas por parte tanto de Auditoría Interna como de la Unidad de Cumplimiento, con la participación de asesores externos, para aclarar la contratación de los servicios de una empresa llamada Cenyt, presuntamente vinculada a Villarejo, en la actualidad en prisión.

“La investigación se ha llevado a cabo de manera apropiada y de acuerdo con nuestros procedimientos internos, totalmente alineados con los más altos estándares. Dicha investigación avanza de acuerdo a lo previsto y no hay pruebas de malas prácticas”, sostiene la eléctrica en un comunicado interno, en el que añade que se ha personado en un procedimiento judicial que lleva a cabo la Audiencia Nacional (Juzgado Central de Instrucción número 6) sobre la materia.

Además, agrega que, el mismo día que le requiere a Olmo su versión, presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Bilbao, lugar donde tiene su sede social, al objeto de que se investigue la publicación de este supuesto documento interno. Ayer, la institución vasca decidió devolver el caso a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, debido a que la Audiencia Nacional ya está al frente de las pesquisas, lo que supone un revés para la estrategia jurídica de la eléctrica.