Botín y Fridman agotan el plazo para rescatar DIA con reparto de pérdidas

Fin de semana frenético para decidir el futuro de DIA y sus 44.000 empleados, 28.000 de ellos en España. Tras horas intensas de negociación, con madrugadas incluidas, LetterOne, el principal accionista de la cadena de supermercados, y Banco Santander, el mayor acreedor, han intentado agotar el plazo legal establecido para firmar un acuerdo que permita al grupo de distribución evitar tener que acogerse hoy al concurso voluntario ante su imposibilidad de atender sus deudas bancarias —900 millones de euros— y a los proveedores.

Las negociaciones entre Stephan DuCharme, el hombre fuerte de LetterOne, y Javier García-Carranza, el máximo responsable de lo que el Santander denomina situaciones especiales, se han intensificado el sábado y el domingo para tratar de acercar unas posturas que el pasado viernes eran muy distantes. Como adelantó El Confidencial el pasado miércoles, la negativa del banco a aceptar las exigentes condiciones del fondo dirigido por Mikhail Fridman y la petición de que recaiga sobre los bonistas parte de la reestructuración hacían imposible cualquier acuerdo.

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Al ver que las horas se agotaban, tanto LetterOne como Santander consultaron con los abogados de DIA para saber si disponían aún de este lunes para alargar las negociaciones o si la compañía estaba obligada a comunicar a las 8:00 de hoy la solicitud del 5 bis —preconcurso de acreedores— antes de que abriesen los mercados de capitales. La respuesta fue positiva, por lo que anoche, ante la falta todavía de acuerdo, acordaron darse una última prórroga para intentar limar las diferencias.

Una situación que fuentes próximas a las negociaciones interpretan como positiva, al poner de manifiesto la voluntad de LetterOne y Santander de evitar que la compañía tenga que acogerse a la quiebra. Una solicitud que en teoría daría dos meses adicionales para negociar una solución definitiva, pero que en realidad supondría la muerte inmediata de DIA, ya que los proveedores dejarían de forma inmediata de venderle productos ante el alto riesgo de no cobrar las facturas. La consecuencia sería el desabastecimiento de las tiendas y la huida de los clientes.

DIA ya ha reconocido que la relación con los proveedores se ha tensionado en los últimos meses

DIA ya ha reconocido que la relación con los proveedores se ha tensionado en los últimos meses debido a que han exigido seguros de cobro para venderle mercancía. Aunque los supermercados no han sufrido todavía escasez de productos, desde el grupo admiten que algunos les han reclamado por burofax el pago inmediato de facturas que se están almacenando.

Los bonistas, a la mesa

Las mismas fuentes agregaban que ni LetterOne, que ha invertido ya cerca de 900 millones para hacerse con el 70% de DIA, ni Santander, que tiene cerca de 300 millones pendientes de cobro, estaban dispuestos a dejar caer una cadena de supermercados que genera un beneficio bruto de explotación de 248 millones de euros en el peor momento de su historia. Especialmente cuando hay un inversor que, además, está dispuesto a aportar 500 millones adicionales a través de una ampliación de capital para asegurar el futuro los dos próximos años.

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Sin embargo, otras aún se mostraban incrédulas debido a que el Santander no iba a dar un paso atrás, al considerar que aceptar no cobrar en cuatro años, no imponer obligaciones a Fridman —'covenants' en el argot financiero— y encima conceder un nuevo crédito supondría abrir un precedente que le dejaría en una posición muy débil en futuras negociaciones. El banco exige un trato igualitario con los bonistas, que también tienen otros 900 millones de deuda a sus espaldas y que, según el planteamiento de Fridman, sí cobrarían a tiempo y el 100% de la deuda.

En otras palabras, que Fridman debería pedir a los bonistas, que no han participado en las negociaciones, extender el vencimiento de la primera emisión que expira en julio —300 millones— o directamente una quita. El problema adicional es que la compañía no tendría tiempo suficiente para alcanzar un pacto con los tenedores de los bonos, ya que sería necesario al menos un mes para convocar una asamblea de bonistas para saber si daban su visto bueno o no.