La sentencia de Banco de Valencia hace un roto millonario (y moral) al Estado

Golpe judicial para el Estado. La última sentencia de la Audiencia Nacional con Banco de Valencia supone una pésima noticia para el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Hay en juego más de 4.000 millones en presuntas irregularidades investigadas por la Fiscalía y los tribunales.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal estableció ayer que el perjudicado por los delitos de antiguos directivos de Banco de Valencia fue el propio banco —hoy CaixaBank— y no el FROB, que inyectó 5.500 millones de euros en su rescate. De esta forma, será la catalana la que reciba los casi 200 millones que ha impuesto como indemnización el tribunal.

Un acuerdo privado entre CaixaBank y el FROB permitirá a este último recuperar la parte de los 200 millones que abonen los condenados. Pero esta es una excepción que solo se repite en las demandas por NCG Banco (Abanca), pero no en otras entidades rescatadas por el Estado como Bankia, Catalunya Banc, BMN o CAM (del Fondo de Garantía de Depósitos), entre otras. En estos casos, si se da por buena la línea cogida por la Audiencia, el Estado se quedará sin recuperar dinero en los tribunales.

La cruzada de Gómez-Jara

Esta es una batalla que tanto el FROB como el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) llevan librando en los tribunales desde que estalló la crisis, luchando contra la jurisprudencia del caso Banesto. El tribunal que llevó a la cárcel a Mario Conde fijó hace casi dos décadas que el FGD no podía ser parte acusadora, ya que cuando se cometieron los delitos no tenía intereses en Banesto. Siguiendo un ejemplo gráfico, en el caso de un herido (Banesto), el médico que le atendió (FGD) no se considera víctima.

Pero el FGD consiguió dar un giro a esta situación en 2015, con una sentencia del Supremo por CAM. La logró precisamente el mismo abogado que ha representado a CaixaBank en el caso Banco de Valencia, Carlos Gómez-Jara. Lejos del ejemplo del herido de bala, este letrado consiguió que el Supremo aceptara el símil del bombero (FROB) herido en un fuego (rescate bancario), que debe ser indemnizado por los daños sufridos en su labor de salvamento.

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Sin embargo, el alto tribunal volvió a tratar el asunto el año pasado. Lo hizo dentro del caso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. El abogado del FROB en este juicio, Fernando Aizpún, intentó el doble o nada con un recurso en el que pedía toda la indemnización para su representado y negándosela a Bankia. En su lugar, el Supremo fijó "que la aportación del FROB no constituye una entrega sustitutiva de la indemnización, de forma que Bankia pudiera ya considerarse indemnizada, resultando el FROB el único perjudicado". Al contrario, el alto tribunal considera que el FROB tendrá derecho a recuperar la indemnización cuando venda su participación en Bankia.

La sentencia conocida este jueves de Banco de Valencia va a provocar una oleada de recursos, tanto de los condenados como de las acusaciones. A pesar de que el FROB recupera hasta 200 millones gracias a su acuerdo con CaixaBank, intentará que el Supremo dé un nuevo giro volviendo a la jurisprudencia de 2015. También podrían recurrir Sareb —que reclamaba para sí 140 millones— y la Fiscalía Anticorrupción, que ha visto cómo parte de su acusación no era tenida en cuenta por el tribunal, en lo referido a su petición de prisión para Fernando Polanco Huidobro por irregularidades en torno a la sociedad Faverch Desarrollos.

El problema para el FROB y el FGD es que mientras se resuelven los recursos contra esta última sentencia, se esperan otras muchas en torno a causas de Bankia, Banco de Valencia, CAM, BMN y las cajas gallegas y catalanas. El Estado ha perdido una batalla, aunque todavía no la guerra.