Se agarra a un tecnicismo legal

La Generalitat se niega a pagar a Acciona por ATTL e incluso le reclama 38 millones

El expediente provisional de liquidación que hoy ha hecho público la conselleria de Territori no reconoce ninguna indemnización a Acciona

Foto: Vista aérea de la desalinizadora de Aigües del Ter Llobregat.
Vista aérea de la desalinizadora de Aigües del Ter Llobregat.

Ya se sabía que la Generalitat pensaba abonar una cantidad muy baja por la renacionalización de la empresa de gestión de agua en alta ATLL, pero no tanto. El expediente provisional de liquidación que hoy ha hecho público la conselleria de Territori no reconoce ninguna indemnización a Acciona. Incluso le reclama a la constructora 38,4 millones, por cobros a la administración que ya no tenían que haberse llevado a cabo. Por tanto, un abismo separa a la Generalitat de los 1.036 millones que dice Acciona que se deben por la pérdida de una concesión que debía de durar 50 años y ha durado cinco.

En el cálculo de la liquidación, la comisión de la conselleria que dirige Damià Calvet ha tenido en cuenta que las sentencias han declarado la nulidad del procedimiento de contratación, lo que significa que el contrato de adjudicación queda sin efectos desde el momento inicial. Este concepto, el de “nulidad” es la clave de la postura de la administración catalana.

Las grandes diferencias entre las pretensiones de la empresa de los Entrecanales y la disponibilidad que muestra la Generalitat auguran una larga batalla judicial que acabará dirimida ante el Tribunal Supremo, el mismo que ya anuló el concurso. Por lo tanto, hay por delante otros cinco años de pleitos para el mayor fiasco de una privatización en España, sobre el que nadie ha asumido ningún tipo de responsabilidad política.

De manera que no se acepta ni indemnización ni lucro cesante para Acciona. En el cálculo la comisión de Territori valora que "no se pueden tener en cuenta otros conceptos que han supuesto un coste para la sociedad concesionaria, ya que pertenecen a relaciones con otros sujetos públicos y privados fuera de la relación contractual". Ahí se incluyen, por ejemplo, gastos de licitación del contrato o los pagos de impuestos.

La Generalitat calcula lo que ha aportado la administración catalana y lo que ha percibido Acciona y, en su conclusión, les sale a deber, ya que Acciona y sus socios habrían percibido un total de 912 millones, incluyendo la tarifa percibida, que marcaba la propia Generalitat, y la venta de energía eléctrica que obtenían a través de placas fotovoltaicas; y la Generalitat habría asumido un total de 874 millones. La diferencia es lo que todavía reclama la administración catalana.

Espadas en alto

Acciona ahora presentará alegaciones en el plazo de diez días, manteniendo el desacuerdo y exigiendo los más de 1.000 millones que reclama a la Generalitat.

La Generalitat justifica la dureza de este cálculo porque "queda excluido el concepto indemnizatorio, ya que una indemnización de daños y perjuicios sólo podría ser aplicable si una de las partes hubiera sido declarada culpable, hecho que en este caso no se ha producido".

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