Podemos pedirá que el Santander responda en Bruselas por los dividendos black

Cum/ex-Files es una investigación periodística europea coordinada por el medio alemán Correctiv

Podemos ha anunciado que su eurodiputado y portavoz en la Eurocámara, Miguel Urbán, pedirá que el Banco de Santander comparezca en el Parlamento Europeo por su presunta implicación en la trama de fraude fiscal investigada por Alemania y en la que estarían implicados varios bancos europeos, según los documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial.

[Consulte el especial dividendos 'black']

“La implicación del Santander en esta nueva trama demuestra que los bancos están en el centro de estas operaciones de elusión y evasión fiscal, como se ha visto ya en episodios similares como los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso”, según asegura el eurodiputado en un comunicado.

Podemos reclamará a la Comisión sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión fiscales (TAX3) que celebre una audiencia pública con diversos bancos europeos, entre ellos el español, para que respondan ante su presunta aparición en el sumario judicial abierto en Colonia desde el pasado mes de junio.

El próximo 9 de noviembre, los coponentes de la Comisión TAX3 presentarán el primer borrador del informe que se está elaborando actualmente sobre la materia. A partir de esa fecha, será Urbán quien ejerza de ponente del GUE/NGL y llevará la voz del grupo a las negociaciones con el objetivo de que el documento final refleje la posición de Podemos y del grupo.

La comparecencia del Santander y del resto de entidades bancarias se produciría previsiblemente el próximo año, una vez empiece esa segunda fase de trabajos en TAX3. El eurodiputado de Podemos avisa, además que “la UE no puede mirar de nuevo hacia otro lado” y exige que la Comisión Europea plantee “sanciones claras como la retirada de las licencias bancarias en casos de que haya reiteración de estas actitudes de fraude.

Finalmente, Urbán reclama “al grupo socialista europeo que no se quede de brazos cruzados sino que actúe y se implique en poner freno a estas actitudes fraudulentas que no son sino un ataque contra el Estado de bienestar porque la elusión y la evasión fiscal suponen una pérdida de recursos públicos con los que luego financiar servicios y derechos básicos de los ciudadanos, como la educación o la sanidad”.