La factura eléctrica de la industria amenaza con un frente entre Sánchez y las CCAA

Al conflicto que puede generarse entre las baronías que apoyan el carbón y el Gobierno central puede unirse otro de mayor dimensión territorial. La reducción de la retribución otorgada a la industria electrointensiva a través de las subastas de interrumpibilidad, apoyada por el PSOE a finales de 2017, ha provocado el estallido de estas empresas, críticas en sus territorios por el empleo que generan.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo de Sidenor y Siderúrgica Balboa (Grupo Gallardo) contra la norma que modificó la subasta de interrumpibilidad (pagos que da el sistema eléctrico por desconectarse de la red cuando lo requiera el operador del sistema) este año, y que ha supuesto una merma de sus honorarios del 40%.

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Estas dos compañías creen que el sistema es "injusto" porque pese a reducir el tamaño de los bloques subastados para mejorar la competencia, algo que venía solicitando Bruselas, en la práctica no se consigue ya que mantener la exigencia de disponibilidad de horas interrumpibles del 91% deja a la mayoría en fuera de juego.

Esto, sin embargo, no contenta a los grandes beneficiarios de este sistema: Arcelormittal, Asturiana de Zinc, Ferroatlántica, Alcoa y Celsa. Ni siquiera a los dos que más se han podido beneficiar de que los bloques subastados hayan pasado de 90MW a 40MW: Acerinox y Ercros.

Todas estas compañías, englobadas en la patronal AEGE, calificaron recientemente la subasta de interrumpibilidad como "jarro de agua fría", después de que se haya pasado de pagar unos 525 millones en 2017 a 315 millones en 2018. Según esta patronal, las empresas electrointensivas sufren unos costes de suministro eléctrico hasta un 30% más caros que sus competidoras de otros países europeos.

De manera individual, empresas como Alcoa, que ha logrado la misma potencia pero a menor precio, aseguraba que su fábrica coruñesa no es rentable tras el resultado de la puja eléctrica. Acerinox también criticó hace pocas semanas los altos costes energéticos que sufren debido al elevado precio del mercado y los cambios de la interrumpibilidad.

La patronal de la gran industria califica la subasta de interrumpibilidad como "jarro de agua fría", después de que se haya pasado de 525 M a 315 M

Fuentes del sector aseguran que esta situación "pone en peligro su competitividad". La situación geográfica de las plantas afectadas, y el empleo que generan, supone un riesgo de choque entre los gobiernos regionales y el nuevo Ejecutivo de Sánchez.

Un exalto cargo del Ministerio de Industria explica que cada vez que las grandes empresas se consideran perjudicadas por una reducción de apoyos presionan al presidente regional y ponen encima de la mesa la necesidad de ajustes o incluso lanzan el órdago de cierre y deslocalización de su actividad. De ahí que a su vez los barones territoriales presionen a la Administración Central. Esto no es nuevo y ya ha sucedido en el pasado.

Las industrias afectadas están situadas en regiones claves. Así, la demandante Siderurgia Balboa está en Extremadura, gobernada por el PSOE. También hay un peso importante de esta industria en Asturias y en menor medida en Andalucía, todas ellas gobernadas por el propio Partido Socialista. Por otro lado, el grueso de la industria electrointensiva está en País Vasco y Cataluña, gobernadas por partidos nacionalistas, apoyos clave en la caída de Mariano Rajoy en la moción de censura que llevó al poder a Pedro Sánchez.

Ante esta situación, los trabajadores de Alcoa, cuya fábrica emplea a 400 personas en A Coruña, reclamaban la ayuda que incluyó el PP de 150 millones de euros para apoyar a la industria en los Presupuestos Generales del Estado. Una ayuda que quedó en vía muerta en 2017, según explican fuentes del sector. La partida se redujo a 133 millones pero el Ministerio de Energía no logró encontrar un esquema que fuera aceptado por Bruselas.

Para 2018, el ramo que dirigía Álvaro Nadal pasó una partida de 78 millones de compensación indirecta a Industria que se sumaba a una partida de este ministerio de seis millones. Así, esos 84 millones de apoyo ahora están en el aire tras la llegada del PSOE al poder. Una cantidad, en cualquier caso, muy inferior a los más de 200 millones que ha bajado la retribución de la interrumpibilidad. Además, de la misma no se puede aprovechar la mayor parte de los que no exportan. Ahí está la industria cementera, algunas compañías de químicos y empresas industriales que producen gases, que vende su producción en territorio nacional.

Por otro lado, la nueva norma de interrumpibilidad ha cambiado radicalmente. De no usarse casi nunca, este 2018 las empresas han registrado más de 600 órdenes para desconectarse. Este cambio se debe a que, con la nueva orden, se puede hacer un uso económico y no solo por seguridad de suministro. Así, algunos empresarios aseguran que ya no les merece tanto la pena participar, dado que hay días que reciben hasta dos cortes, lo que supone un incremento de costes y un trastorno para la producción.

La reforma de las subasta de interrumpibilidad se produjo después de que Bruselas las pusiera en el foco, por considerarlas una ayuda encubierta. Podemos planteó una reforma para abaratar este sistema ajustando la potencia subastada a la baja. La moción fue apoyada por el PSOE. No obstante, esta incluía una línea de ayudas a la industria a través de los presupuestos. Ahora el sector industrial afectado asegura estar expectante a las decisiones que tome el nuevo Ejecutivo.