prestamistas y accionistas del grupo andaluz

Las familias Santacana y Tarragó abren tres frentes judiciales contra Carbures

Deloitte advierte, en la auditoría de cuentas de 2017, de que la fusión con Inypsa y el préstamo de 10 millones son "imprescindibles" y un retraso en los mismos afectaría a la continuidad de la empresa

Foto: José María Tarragó, exconsejero delegado de Carbures. (Foto: Carbures)
José María Tarragó, exconsejero delegado de Carbures. (Foto: Carbures)

La entrada del fondo Black Toro Capital (BTC) como primer accionista en Carbures en los últimos días de 2016, al capitalizar créditos por 45 millones para controlar el 49% de la firma, se explicó no sólo como lo que era: un rescate financiero. Sino también como una vía para apaciguar la pugna entre el anterior accionista mayoritario, cofundador y presidente, Rafael Contreras, y el propio BTC, y quien fue durante un año (2015) consejero delegado, José María Tarragó y su sociedad familiar Lacus Group. Pero las cuentas anuales de 2017 de Carbures muestran todo lo contrario: los Tarragó y la otra familia catalana que llegó de su mano a Carbures, los Santacana, abrieron el año pasado tres frentes judiciales contra la compañía. Todo ello en medio del segundo rescate de Carbures por parte de la ingeniería Inypsa.

Anangu Group, la sociedad de la familia Santacana desde la que esta saga controla su negocio principal de climatización -la firma Eurofred-, protagoniza dos de estos pleitos, según las cuentas enviadas al MAB a las 23:47 del pasado 30 de abril, sólo 13 minutos antes de que se cumpliera el plazo legal para entregarlas. Anangu, accionista y prestamista de Carbures, ha pedido en primer lugar ejecutar la prenda sobre las acciones de Mapro (filial de Carbures en Cataluña) que respaldaba un préstamo de 4 millones concedido por los Santacana y que vence este mes de mayo. Carbures ha demandado a su vez por daños y perjuicios a Anangu por un importe de 8 millones, y entiende que no se dan las circunstancias para la ejecución de esa prenda. El juicio está previsto en Madrid en julio, tras rechazarse en primera y segunda instancia las medidas cautelares solicitadas por Carbures contra Anangu.

En segundo lugar, Anangu también presentó el pasado año ante un juzgado de El Puerto de Santa María (Cádiz, donde está la sede social de Carbures) demanda de ejecución del segundo préstamo que concedió a la empresa, de 13 millones en 2014 y con vencimiento a tres años. Carbures ha recibido un auto judicial que le ordena la devolución del importe principal más los intereses y costas. El recurso de Carbures en segunda instancia está pendiente de resolución a la fecha de entrega de las cuentas, tras rechazar el juzgado de primera instancia su escrito de oposición a esa demanda de ejecución, No obstante, la empresa ha provisionado en sus cuentas de 2017 un importe de 1,4 millones para cubrir los intereses y costas, y asegura que la dirección cree que "no existe riesgo de condena dineraria".

La familia Santacana, que controla Eurofred en segunda generación a través de Marta Santacana tras la fundación de la empresa por su padre Jorge Santacana en 1966, prestó en total 17 millones a Carbures. Lo hizo a cambio de acciones y hoy posee, tras la capitalización de los préstamos de BTC mediante ampliación de capital, menos de un 5% de la empresa valorado en menos de 5 millones de euros.

Demanda de nulidad contra la toma de control por Black Toro

En tercer lugar, tanto Anangu como Lacus (la sociedad de los Tarragó, una de las dos sagas que controlaba el proveedor de automoción catalán Ficosa), lideran el tercer y quizá más relevante de todos estos frentes judiciales. Se trata de la demanda, presentada en Cádiz, "de impugnación de los acuerdos sociales de aumento de capital por compensación de créditos" aprobados en la junta de febrero de 2017. Los que le dieron la mayoría a Black Toro, el fondo que dirige Ramón Betolaza (consejero de Carbures). Anangu y Lacus piden la nulidad de pleno derecho de todos los acuerdos. Las medidas cautelares solicitadas en paralelo por ambos grupos han sido rechazadas en primera y segunda instancia. La audiencia previa para analizar el núcleo de la demanda se celebra este mes de mayo.

Este amplio enfrentamiento judicial deriva del encontronazo entre Rafael Contreras, quien está previsto que siga como presidente de la futura sociedad fusionada Inypsa-Carbures al menos durante los primeros seis meses de vida de la misma, y las dos familias que le apoyaron para sacar adelante la empresa. En 2014-2015 la sociedad atravesó una profunda crisis tras descubrir Pwc irregularidades en la relación entre Carbures y algunas empresas participadas por ella. Tuvo que reformular cuentas y pasar tres meses suspendida de cotización. Todo ello, apenas unos meses después del caso Gowex. Las familias catalanas apoyaron financieramente a Carbures y José María Tarragó asumió los poderes ejecutivos de manos de Contreras. Pero ya en 2016, el presidente, con el nuevo apoyo financiero de BTC, desplazó a Tarragó y sus aliados (los Santacana).

Pérdidas de 19 millones en 2017

Junto a esta pugna judicial, la cuentas de 2017 recogen la opinión de auditoría de Deloitte, empresa que cumplió el pasado ejercicio el último de los tres años de contrato que tenía firmados con Carbures. La firma, a través de su socio director en Andalucía, Leopoldo Parias, que es quien firma la auditoría, señala respecto al rescate de Carbures por Inypsa: "Dicho acuerdo contempla la concesion irrevocable de una línea de crédito revolving a Carbures disponible con carácter previo independiente de la fusión por importe máximo de 10 millones y vencimiento de doce meses desde la fecha del acuerdo, siendo la disposición de esta línea de crédito imprescindible para poder atender las necesidades de tesorería de la sociedad y sus sociedades dependientes en tanto se completa el proceso de fusión".

Y alerta, respecto a la materialización o no de esa integración de Carbures en Inypsa: "La no formalización de este acuerdo o un retraso en el calendario previsto afectaría al cumplimiento de las estimaciones realizadas por los administradores en relación con la continuidad de de la actividad" de la compañía. Esta es, por ello, lo que se denomina una cuestión clave en la auditoría de las cuentas de 2017.

Carbures perdió 19 millones el pasado año, frente a los 12 millones también en negativo en 2016. Con ello, los números rojos acumulados por la compañía desde que salió a Bolsa en 2012 (sólo ganó dinero ese año) ascienden ya a 90 millones de euros. La firma cerró el año con una cartera de contrato de 189 millones, que son su mejor activo para poder afrontar un futuro conjunto con la ingeniería energética y ambiental Inypsa.

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