El expresidente de la empresa pública investigada Defex utilizó la amnistía fiscal
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regularizío a través de una sociedad patrimonial

El expresidente de la empresa pública investigada Defex utilizó la amnistía fiscal

Varios directivos de la empresa están investigados por desviar fondos a cuentas en paraísos fiscales durante el mandato de Ignacio Encinas Charro

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Foto: Defex.

José Ignacio Encinas Charro, presidente de la empresa pública Defex entre 1991 y 2012, utilizó la amnistía fiscal del Gobierno para regularizar cerca de 500.000 euros mientras era el máximo responsable de la corporación. El capital amnistiado fue aflorado a través de Karma Alquileres, sociedad patrimonial de la que Encinas ha sido socio hasta 2014, tal y como ha podido confirmar El Confidencial. Varios contratos realizados en la última etapa de su mandato como máximo responsable de Defex han provocado que esta empresa pública se encuentre ahora bajo la lupa de la Justicia por haber creado una trama de desvío y blanqueo de dinero.

El juez Pablo Ruz envió a prisión el hoy expresidente de Defex en julio de 2014 junto a otras seis personas relacionadas con la empresa, participada en un 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Dedicada a la intermediación entre productores de material de defensa y terceros países, en su accionariado cuenta además con varias empresas de fabricantes de armas. Según las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, avaladas por la decisión de la Audiencia Nacional, los altos cargos de Defex serían responsables de un fraude de 152 millones de euros en la venta de armas a Angola. En una pieza separada del caso, todavía bajo secreto de sumario, se están investigando además contratos parecidos con Camerún y Arabia Saudí, según adelantó la Cadena Ser.

Junto a la mercantil Comercial Cueto, Encinas Charro y otros directivos de Defex habrían conseguido desviar fondos a través de un entramado de sociedades opacas con ramificaciones en Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas, algunas de ellas creadas por Mossack Fonseca, el despacho al centro de la investigación de Los papeles de Panamá, como publicó El Confidencial. Tras esta revelación, la SEPI empezó a plantearse el cierre definitivo de la empresa pública.

[Mossack Fonseca facilitó el desvío del dinero de la venta de armas a Angola]

El contrato bajo sospecha con el país subsahariano se remonta al año 2008, cuatro años antes de que Encinas dejara la presidencia de Defex y de que entrara en vigor la amnistía fiscal. Entre las personas que hicieron uso de la medida de Cristobal Montoro no aparece de forma directa el nombre del ex altro cargo, sino el de Karma Alquileres Sociedad Limitada, una pequeña empresa de arrendamiento de inmuebles de la que Encinas fue socio entre 2003 y 2014. Este diario no ha conseguido ponerse en contacto con Encinas, mientras desde Karma Alquileres han preferido no comentar los hechos.

La 'declaración tributaria especial' permitió que evasores y defraudadores fiscales regularizaran su situación abonando un tipo del 10% sobre la renta no prescrita -y en algunos casos incluso menos, como ha desvelado la investigación conocida como 'Los Papeles de la Castellana'. De los 32.000 contribuyentes que regularizaron su patrimonio a través de la 'declaración tributaria especial', se identificó una lista de 705 Personas Expuestas Políticamente (PEP) que habrían podido blanquear dinero procedente de actividades delictivas. Se trata de políticos y altos funcionarios del Estado o familiares directos de los mismo cuyos ingresos no se justificaran con sus actividades declaradas.

La Agencia Tributaria rechazó en marzo de este año hacer público el listado de sociedades que, como la de Encinas, se acogieron a la Amnistía Fiscal. La AET llevó a los tribunales la decisión del Consejo de Transparencia, que dictó hacer público el listado tras una Petición de Acceso a la Información Pública realizada por este diario.

Entramado en Luxemburgo

Al seguir la pista de una investigación arrancada en Luxemburgo, la Fiscalía Anticorrupción española encontró presuntos delitos de corrupción de las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, organización y grupo criminal y falsedad documental. La Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil, llegó a afirmar en un informe realizado durante la investigación que "Defex actúa como una organización criminal".

El principal contrato investigado se firmó en junio de 2008 en Luanda (Angola) entre la Unión Temporal de Empresas Cueto - Defex y la Policía Nacional angoleña. En teoría, las empresas españolas entregaban a las autoridades del país subsahariano vehículos, uniformes y equipamientos policiales. Pero la investigación ha desvelado que solo 35 millones de euros fueron pagados a los proveedores de la UTE mientras otros 41 millones se desviaban a Luxemburgo. La pista en el Gran Ducado condujo hasta el Etude García, firma legal creada por Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía Francisco Paesa, e Interconsult, también relacionada con ella. El bufete consta en la base de datos de Mossack Fonseca como cliente que gestionó JCB y Darwin Yacthing, la sociedad supuestamente receptora de los fondos desviados desde Angola.

Fueron directamente los directivos de Defex quienes ordenador los pagos a decenas de cuentas bancarias a nombre de sociedades radicadas en paraísos fiscales. Entre los beneficiarios de las mismas se encuentran también altos funcionarios angoleños.

Un año después de la primera sentencia, basada en el contrato de Angola, la Audiencia Nacional tuvo que abrir una pieza separada del caso a encontrara indicios de un entramado parecido en contratos de Defex en Camerún y Arabia Saudí. Uno de los grandes interrogantes por despejar en el caso quién es "Kin" -una mala transcripción del inglés ‘King’, "el rey"- que sería la cabeza de la trama de desvío de fondos. Al ser interrogado por Ruz, Encinas Charro se negó a desvelar su identidad: "eso son palabras mayores", afirmó ante el juez.

Tras hacerse pública la investigación sobre los contratos de Defex, los nuevos responsables de la compañía que ahora preside el teniente general Juan Carlos Villamía han tratado de blindar el gobierno corporativo de Defex con la adopción de un reglamento interno del consejo de administración, la revisión del Código de Conducta Empresarial y la creación de un Comité de Prevención de Riesgos Penales.

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