El consejo de Pescanova juega sus cartas con los bancos del G-7 para evitar la liquidación

Los accionistas minoritarios de Pescanova que suman el 6% del capital junto con el respaldo del consejo que representa a los antiguos socios de control de la compañía velan armas con vistas a la decisiva junta general del martes en Pontevedra. La ‘coalición’ de ambos grupos de interés se enfrenta con los planes de la banca acreedora, el llamado G-7 que componen La Caixa, Sabadell, BBVA, Popular, Abanca, Bankia y el UBI italiano. Las entidades financieras quieren cumplir a rajatabla el convenio de acreedores que les otorga un 95% de la Nueva Pescanova surgida de la reconversión. Los antiguos socios pretenden aumentar el 5% restante que les conceden los bancos hasta un 20% a fin de asegurar una cierta posición de relieve en el futuro desarrollo de la compañía.

El reparto de capital de la empresa que surja de la refinanciación de Pescanova es el elemento crucial para entender el tira y afloja que desde hace meses se viene produciendo en el seno del grupo pesquero español. La falta de acuerdo puede derivar en consecuencias nefastas para una multinacional que tiene más de 12.000 trabajadores en todo el mundo y cuyo desenlace podría abocarse a una liquidación si la gran banca se niega a consentirque los antiguos accionistas de la empresa pasen a convertirse en socios relevantes a partir de la nueva etapa empresarial que debe iniciarse el próximo martes, día 29.

Para esa fecha está convocada la reunión extraordinaria de accionistas en el domicilio que la sociedad tiene en la localidad pontevedresa de Chapela-Redondela. La junta ha sido preparada a conciencia por el denominado G-4 que forman el consejo de administración de la compañía, encabezado por Alejandro Legarda y en el que también participan activamente Diego Fontán en representación del Grupo Masaveu, Fernando Herce como apoderado de Iberfomento y César Mata en calidad de consejero y secretario del consejo. Todos ellos han venido gestionando la empresa estos meses atrás junto al administrador judicial y socio de Deloitte, Senén Touza, alma máter en el proceso de reconversión llevado a cabo por la multinacional española que suspendió pagos en abril de 2013.

La compañía presidida entonces por Manuel Fernández Sousa, hijo del fundador del grupo pesquero, llegó al juzgado con un cuadro clínico que parecía irreversible y condenada a una quiebra que todos los observadores daban por descontada. Los avatares siguientes entre la banca y el Grupo Damm que intentaba reflotar la compañía acabaron como el rosario de la aurora, pero la labor llevada a cabo entonces por Juan Manuel Urgoiti, como representante de la cerveceraque preside Demetrio Carceller, permitieron mantener las constantes vitales, otorgando a Pescanova una segunda oportunidad de reflotamiento que ahora deberá ser sometida al escrutinio definitivo de sus accionistas y también de sus acreedores.

El consejo de Pescanova considera que el grupo tendrá un patrimonio de 100 millones tras la refinanciación en ciernes de la filial de Argentina

La tarjeta de visita con que la compañía comparecerá ante sus accionistas ofrece un negocio con un patrimonio inicialde 60 millones de euros y una deuda de 1.050 millones de los que 700 millones corresponden al pasivo concursal y 350 a las empresas filiales distribuidas por el resto del mundo. Aunque al cierre del primer semestre la empresa registró pérdidas de casi 25 millones, los miembros del consejode administración entienden que Pescanova puede encarar con solvencia su futueroy reclaman, con el respaldo de los minoritarios, una participación del 20% en la Nueva Pescanova que surja de la fusión y posterior escisión de todas las empresas que conforman el actual grupo.

El rescate supone el traspaso de activos y pasivos a una empresa de nueva creación en la que el G-7 tendrá la mayoría cualificada de capital, pero en la que los antiguos dueños dispondrán de una participación conjunta que les convierte en primera fuerza accionarial. Dicho de otro modo, eleventual 20% en poder de Masaveu, Damm, Luxempart, Cartesian, Iberfomento, Fernández Sousa y demás minoritarios se convierte en una garantía de futuro para que los accionistas actuales de la empresa puedan participar como algo más que simples testigos de excepción en el posterior desarrollo corporativo de la compañía.

A tal efecto, el consejo guarda una carta secreta que puede ser clave para persuadir a los bancos. Pescanova está llevando a cabo la refinanciación de su filial en Argentina con una quita prevista de la deuda de 40 millones de euros. De esta forma, el patrimonio del grupo se elevará a 100 millones, reforzando las expectativas de un reparto de capital más equitativo. El planteamiento de los minoritarios, impulsada por el consejo, está avalada por informes de expertos independientes y deberá ser votada en la junta general como una mejora del convenio de acreedores que otorga a la banca un 95% de las acciones.

La propuesta de los minoritarios será votada en la junta del martes pero luego los bancos acreedores tendrán la última palabra para evitar la liquidación

El acuerdo inicial con las entidades financieras se fundamenta sobre la base de una ampliación de capital de 47 millones de euros, de los que 40 serían asumidos por los bancos y los otros siete deberían ser financiados por los actuales accionistas como contrapartida para comprar el 15% adicional al 5% que ya tienen garantizado de entrada. La propuesta mejorada de los minoritarios trata de exonerar a los actuales dueños de cualquier aportación dineraria y reduce el esfuerzo de los acreedores financieros a un máximo de 10 millones de euros.

La justificación de esta segunda opción se ampara en el citado valor patrimonial de la empresa pero exige, claro está, que los bancos recapitalicen sus deudas por acciones de la Nueva Pescanova. A partir del martes, el G-7 tendrá la última palabra ante el juez y deberá decidir si se suma a la 'invitación' del consejo y los minoritarios o se cierra en banda forzando la liquidación de la compañía.