​Primer cisma oficial en El Corte Inglés: los Areces Galán abren una guerra pública

Ha sido la gota que ha colmado el vaso. Tras muchos meses especulándose sobre las diferencias que existen entre los principales accionistas de El Corte Inglés, estas tensiones han saltado por los aires con el acuerdo de venta de un porcentaje del capital al grupo catarí Primefin, sociedad controlada por H.E. Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani.

La familia Areces Galán, una de las ramas herederas del fundador, ha enviado un comunicado oficial a los medios denunciando esta operación y explicando los motivos por los cuales está en contra del acuerdo. Se trata de un hecho histórico para el gigante español de la distribución, cuya opacidad ha sido siempre un signo diferencial de su ADN.

Precisamente, esta falta de transparencia es uno de los puntos que denuncian los Areces Galán, que controlan casi un 10% de la compañía a través de Corporación Ceslar. Convencida de que "la operación de préstamo por la que se dará entrada al grupo catarí Primefin en el accionariado de El Corte Inglés, no es más que una maniobra para arrinconar a los accionistas tradicionales y conseguir blindar el poder del actual equipo gestor", esta saga advierte de que está dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para revertir la situación.

Entre los argumentos que esgrime Ceslar para oponerse al acuerdo destaca lo que denominan "una pérdida de valor inaceptable para los accionistas", a quienes se les impide ejercer su derecho preferente sobre la autocartera, bolsa de acciones que se utilizará para dar entrada a Primefin. La operación de entrada del socio catarí se ha orquestado como un préstamo a tres años pagadero en acciones "con unos intereses muy por encima del mercado y con una serie de penalizaciones que siempre favorecen al inversor catarí y que no están justificados en ningún caso", señala Ceslar.

Esta afirmación responden a que el tipo de interés que se aplicará al préstamo, en principio, es del 5,25% anual (52,5 millones), siempre y cuando la compañía cumpla una serie de condiciones, como crecimiento del ebitda del 12% anualizado durante los próximos 5 años. "De no cumplirse este requisito, el tipo de interés que El Corte Inglés deberá pagar se sitúa en aproximadamente el 7,5%", unos intereses adicionales que también se sufragarán con títulos de la autocartera.

Con estos números sobre la mesa, los Areces Galán denuncian que la participación real que podría terminar teniendo Primefin en el capital ascenderá a entre el 12,5% y el 15,25%, en vez del 10% que comunicó la compañía, cuando creen que existían otras alternativas, como haber llevado a cabo una ampliación de capital o haber recurrido al mercado de renta fija, "que aportaría mayor seguridad a menor precio".

Además, desde Corporación Ceslar se considera que los 1.000 millones en que se ha fijado el acuerdo suponen infravalorar significativamente la empresa, ya que sólo el valor de sus activos inmobiliarios asciende a 18.000 millones de euros, según la última valoración realizada por Tinsa en 2013. Esta es una de las razones que les llevó a votar en contra de la entrada del socio catarí, oposición que también dejó clara en el consejo del grupo Cartera Mancor, dueño de otro 10% de El Corte Inglés.

El papel de Morgan y la misteriosa comisión

Suma y sigue, porque los dardos de los Areces Galán alcanzan al mismísimo Morgan Stanley, banco de inversión que realizó la fairness opinion, un documento que, según denuncian, "no les fue proporcionado hasta el mismo día de la celebración del consejo de administración; práctica no habitual, ya que los consejeros no pueden evaluarlo ni analizarlo, al tiempo que este documento tan sólo contiene la firma de un Managing Director sin especificar su nombre.

Frente a esta forma de actuar, Corporación Ceslar defiende que se debería haber dado el mandato a un "banco de inversión para conseguir diferentes ofertas y poder elegir la mejor de las opciones, como hacen todas las empresas ante una inyección de capital de este calibre".

Pero el punto más espinoso, y que los Areces Galán se han marcado como una prioridad destapar, es el pago de una comisión "valorada en millones de euros (se estima que 17 millones), a una empresa de la que solamente se conoce que está radicada en uno de los países con mayor opacidad fiscal (Singapur) y fuera de la regulación del marco normativo europeo. Una compañía, de la que, además, ninguno de los directivos supo decir ni cómo se llamaba, ni quién estaba detrás de esa empresa y ni siquiera cuál era su denominación", denuncia Ceslar.