Castellano y Portela pasan al ataque y piden 100 millones a Vodafone por daños al honor

El conflicto entre Vodafone y los anteriores responsables de ONO se ha recrudecido en las últimas semanas a raíz de las pruebas acumuladas por el bufete de Antonio Hernández Mancha contra lo que se considera un “manifiesto incumplimiento del contrato” derivado de la compra de la empresa española de cable por parte de la multinacional británica. El acuerdo estaba vinculado al pago de sendos bonus de 25 millones de euros a José María Castellano y Rosalía Portela, que Vodafone mantiene bloqueados de manera unilateral por un supuesto fraude fiscal previo realizado por ONO en su operativa de reventa de llamadas. Los antiguos presidente y consejera delegada de la empresa cablera reclaman su dinero y otro tanto, hasta 100 millones de euros, por daños al honor.

El despacho legal que dirige el antiguo presidente de Alianza Popular tiene ya ultimada la documentación jurídica para demandar ante los tribunales el abono del citado plan de incentivos, fijado de antemano por la puesta en valor de ONO y el consiguiente “hecho de liquidez” que supuso la venta a Vodafone. La multinacional con sede en Londres pagó al final 7.200 millones de euros en una de las operaciones de consolidación más llamativas dentro del mercado europeo de telecomunicaciones. Tras cerrar la adquisición en julio pasado, Vodafone se hizo cargo de lo que se entiende como un fraude de carrusel en virtud del cual los proveedores de servicios subcontratados por ONO han girado las facturas sin efectuar luego las pertinentes liquidaciones de IVA.

Bajo este argumento, y al margen de las posibles implicaciones delictivas, Vodafone decidió por su cuenta retener el mencionado bonus al considerar que la alta dirección de ONO aparentó con estas prácticas un volumen de negocio superior al real, justificando así el mayor atractivo de su empresa e induciendo a un precio más alto en la compraventa. Castellano y Portela alegan en su defensa que las investigaciones del fisco no se han traducido en ninguna reclamación ni imputación contra Vodafone y ni siquiera se ha levantado acta contra los responsables directos que llevaron a cabo la subcontratación de servicios por parte de ONO con los supuestos defraudadores finales.

Hacienda ha identificado, en efecto, la presunta operativa ilegal en torno a un grupo de profesionales de ONO que trabajaban en el departamento de reventa de voz, sin que de estas actuaciones pueda establecerse ninguna relación de culpa con Castellano y Portela. Los antiguos presidente y consejera delegada de la empresa cablera entienden que Vodafone se maneja con “la típica excusa del mal pagador” ya que el impago de las cantidades que se les adeudan sólo puede ser legalmente acordado por la autoridad judicial o administrativa. En su opinión, la multinacional británica trata de tomarse la justicia por su mano sin invocar siquiera el auxilio de los tribunales con una medida que “es claramente ilegal”.

Incidencia fiscal y escritura de compraventa

Los abogados que dirige Hernández Mancha manejan, además, datos concretos para demostrar que Rosalía Portela informó personalmente al primer ejecutivo de Vodafone España, Antonio Coimbra, acerca de la “incidencia fiscal” relativa a la investigación llevada a cabo por el inspector de Hacienda, Enrique Martínez Robles. Se da la circunstancia de que la comunicación de Portela a Coimbra tuvo lugar tres semanas antes de la escritura formal que dio lugar a la adquisición de ONO por Vodafone. En consecuencia, y de acuerdo con el citado despacho jurídico, la compra podría haberse anulado si se hubiera entendido que el presunto fraude fiscal tenía la relevancia que ahora se le otorga como coartada para bloquear el pago de los bonus.

Las imputaciones de Vodafone para justificar las medidas disciplinarias y los consiguientes despidos de Castellano y Portela afectan gravemente a la honorabilidad de los antiguos responsables de ONO, a juicio del bufete Hernández Mancha. Los abogados de ambos directivos consideran que existe un claro perjuicio para el prestigio y la reinserción profesional de sus defendidos, que cuantifican en una cantidad equivalente a los merecimientos reconocidos en su día y que los nuevos dueños de la empresa se niegan ahora a pagar. En otras palabras, los 25 millones del bonus se duplican a efectos de las demandas en los tribunales, elevando el pleito a 50 millones de euros para cada uno de los dos principales ejecutivos de ONO que materializaron la venta a Vodafone.

A estas dos reclamaciones habrá que añadir una tercera, en el ámbito estrictamente laboral, que está siendo interpuesta por los abogados de Carlos Sagasta, el antiguo director financiero de ONO, destituido también de manera fulminante y al que se le adeudan otros 15 millones de euros del bonus especial. La evolución procesal del conflicto corre el riesgo de extenderse por distintas jurisdicciones, incluyendo la vía penal y la civil dadas las distintas circunstancias de cada uno de los afectados. En el caso de José María Castellano, la situación es si cabe más rocambolesca por cuanto que Vodafone le pagó antes de su cese un total de 800.000 euros en concepto de indemnización. En el ámbito mercantil las repercusiones de la batalla jurídica podrían llegar incluso ante la próxima junta general de Vodafone, donde los antiguos directivos de ONO quieren dejarse oír a través de sus representantes legales.