La quiebra de Marsans resulta un pelotazo: otros 2,6 millones para los administradores

Gestionar la situación concursal y judicial de una empresa puede ser un servicio muy provechoso. Hasta millonario. La liquidación de las empresas pertenecientes al emporio del Grupo Marsans controlado por Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual sigue generando minutas millonarias para los responsables de su ejecución, para desesperación de la masa acreedora, que sigue viendo cómo parte del dinero generado o recuperado no revierte al completo en los legítimos destinatarios, que además fueron determinantes en la aportación de las pruebas del fraude cometido durante la administración concursal.

Poco ha importado que asumieran el cargo hace sólo unos meses, en octubre de 2013. El pasado día 26 de febrero, Antonia Magdaleno, María del Carmen Fernández, George Lumby, Paulino S. Pérez y Luis A. Arqued, los administradores judiciales de las antiguas sociedades propiedad de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual (administración concursal de su herencia yacente) que están siendo investigadas por el Juzgado Central de Instrucción n°6 de la Audiencia Nacional, remitieron una diligencia previa a esta instancia con una propuesta de honorarios de 2,6 millones de euros.

El importe fijado, al que se suma una mensualidad de 55.000 como comisión de gestión, ha provocado el malestar de los acreedores y la frontal oposición del Fiscal, que han trasladado al juez instructor Eloy Velasco su oposición a esta minuta por considerarla desproporcionada. Más allá del factor tiempo (cinco meses como administradores judiciales), la principal objeción tiene como argumento el método de cálculo, ya que se han acogido al activo y el pasivo de las sociedades según la contabilidad, a pesar de que todas ellas fueron vaciadas por Angel de Cabo y GerardoDíaz Ferrán bajo la figura de concurso de acreedores.

Las sociedades bajo administración penal judicial están siendo investigadas por la presunta actividad delictiva llevada a cabo por los investigados, que se sirvieron de estas mercantiles para traspasar activos y unidades de negocio con el objeto de reservarse, excluyendo a los acreedores, los activos productivos de las empresas que formaban parte de Grupo Marsans o del patrimonio personal de sus propietarios. Sin embargo, el grueso de estas firmas están inactivas o cerradas y carecen de actividad empresarial, como reconocen los administradores, por lo que los activos a gestionar son casi inexistentes.

Para justificar sus honorarios, los administradores judiciales esgrimen que sus tareas no se superponen a las desempeñadas como administradores concursales (diferencia entre personas físicas y jurídicas) y fijan sus criterios de retribución respecto a las últimas cuentas anuales inscritas en el Registro Mercantil, independientemente del estado actual de las compañías, según permite la actual legislación. De esta manera, los administradores reclaman el devengo de unas cantidades que suman 2,6 millones de euros, además de unos honorarios mensuales de 55.000 euros com comisión de gestión.

Los administradores judiciales han mandatado a un banco de negocios para la venta de Trapsatur

En el auto de constitución de la administración judicial, el propio juez recuerda que la retribución "se fijará una vez tomen posesión y sepan cuál va a ser su labor, en función de los activos a administrar, y las actividades derivadas de su rendimiento y conservación, así como la plantilla de trabajadores y personal a regir, y siempre orientándola a que avengan bienes a la masa concursal, y siempre con la idea de excluir un doble cobro por lo mismo, calculándose su retribución en función de precios de mercado y sólo por lo que de añadido tenga respecto de su labor concursal en el Juzgado de lo Mercantil".

A pesar de la inactividad del grueso de sociedades, algunas todavía desarrollan su práctica empresarial, como es el caso de Trapsatur (Naturaleza y Turismo), el touroperador turístico de Grupo Marsans, especializado en circuitospor Europa. Los administradores judiciales, que han mandatado a un banco de negocios para su venta, pretenden llevar a cabo antes una distribución de dividendos por importe de 4,9 millones de euros en favor de Promegan Negocios, una sociedad tenedora de acciones para facilitar la venta. Muy a pesar de los acreedores, poco dinero de la transacción irá a parar a sus bolsillos.