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De Cabo acusa al administrador concursal de Marsans de 'quedarse' con 6 millones
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PRESENTA UN RECURSO DE APELACIÓN

De Cabo acusa al administrador concursal de Marsans de 'quedarse' con 6 millones

La quiebra del Grupo Marsans adquiere un nuevo giro. El intermediario, en prisión desde julio del año pasado, presenta recurso de apelación.

Foto: Ángel de Cabo (i) y Gerardo Díaz-Ferrán (d)
Ángel de Cabo (i) y Gerardo Díaz-Ferrán (d)

La quiebra del Grupo Marsans amenaza con adquirir una nueva dimensión. El intermediario Ángel de Cabo, uno de los principales protagonistas del caso, en prisión desde julio del año pasado bajo fianza de 15 millones por su implicación en la Operación Crucero (la causa penal emprendida por los acreedores), presentó en julio un recurso de apelación contra los fundamentos del Juzgado de lo Mercantil que califican la insolvencia del grupo turístico como concurso culpable, y donde carga contra los cuatro integrantes de la administración concursal por facturar honorarios de seis millones de euros.

La defensa de Ángel de Cabo argumenta en ocho puntos por qué su defendido debe ser absuelto de la culpabilidad como administrador de hecho de Viajes Marsans durante el concurso, en cuyo transcurso se le llegaron a retirar las facultades para gestionar el patrimonio. Para justificar la petición, el intermediario valenciano ha optado por arremeter contra los administradores que tutelaron el concurso necesario del grupo turístico, a los que veladamente responsabiliza, por omisión y/o consentimiento, de las actuaciones que se llevaron a cabo durante el proceso.

Dado que el argumento del Juzgado de lo Mercantil para fallar contra De Cabo se basa en el Informe de Calificación de la Administración Concursal, al que se adhiere la Fiscalía, la defensa trata de demostrar la inconsistencia de sus conclusiones. Uno de los puntos más llamativos hace referencia a los honorarios cobrados por los administradores, sobre los que no se hace referencia, y sin embargo sí se considera que las obligaciones salariales -hasta 1,5 millones de euros- asumidas a favor de determinadas personas, como Iván Losada (director general bajo el concurso), perjudican a la masa pasiva.

No entendemos que la Administración Concursal ponga en duda el salario que se adjudicó a la entrada del nuevo órgano de administración y que no se cuestione los salarios de los administradores concursales

Como recoge en el recurso de apelación en lo referido a este punto (“Salida fraudulenta de bienes de la concursada”), la defensa argumenta que “no entendemos que la Administración Concursal ponga en duda el salario que se adjudicó a la entrada del nuevo órgano de administración, salarios que se correspondían con los que se devengaban anteriormente a los trabajadores que prestaban los mismos servicios, y que no se cuestione los salarios de los administradores concursales y de sus auxiliares a través de otra empresa, así como de la auxiliar delegada nombrada al efecto”.

En el resto de puntos, De Cabo trata de justificar cómo nunca fue administrador de facto o de hecho de la concursada Viajes Marsans a pesar de que a través de Posibilitum Business se quedó con Teinver, la patrimonial por la que Gerardo Díaz Ferrán, entonces presidente de CEOE, controlaba el grupo turístico. Un argumento es que el nombramiento de esta sociedad como administradora de Viajes Marsans se produce días después de que la empresa bandera se declarase en concurso, por lo que cualquiera de las decisiones que cuestiona la Administración Concursal tuvo lugar bajo su tutela efectiva.

Además, el recurso cuestiona otros aspectos de la calificación asumidos por el Juzgado de lo Mercantil, como la irregularidad contable, el falseamiento de documentación o la salida fraudulenta de bienes (tesorería, cheques, contrataciones…), que se producen en fechas en las que Teinver, bajo control de Posibilitum, todavía no es administrador único de Viajes Marsans. En otros casos, además, los administradores concursales tampoco ordenaron la reintegración de gastos efectuados durante la tramitación del concurso, por lo que de facto esas emisiones quedaron validadas.

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Con este movimiento, el empresario valenciano siembra un manto de dudas sobre el concurso de Marsans, aunque no es el único. Según fuentes jurídicas, la propia Policía sospechó que algún administrador filtraba información a De Cabo. Esta posible connivencia, sin embargo, choca con la tensa relación que se estableció entre las partes una vez avanzó el proceso, hasta el punto de que Posibilitum pidió la recusación de la auxiliar delegada, la famosa abogada Antonia Magdaleno, por el conflicto existente con otro de los administradores, el exjuez Edorta Etxarandio, antiguo compañero de Broseta Abogados.

En la actualidad, tanto Díaz Ferrán como De Cabo continúan en prisión preventiva a la espera de que el caso inicie la fase de juicio oral. De momento, gracias a la instrucción llevada a cabo desde la Audiencia Nacional, una vía penal abierta por un grupo de acreedores (Meliá, Orizonia y AC Hoteles) a los que se debía un monto de 40 millones de euros, se ha podido descubrir el entramado de sociedades y patrimonio oculto que seguían controlando los dos imputados, acusados de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, tanto en bienes inmobiliarios como en dinero en cuentas de Suiza.

Por una simple cuestión garantista, el recurso de apelación será admitido a trámite, pero lo más probable es que termine siendo desestimado, según fuentes jurídicas. No en vano, la administración concursal se ha sumado también a la causa en la Audiencia Nacional, donde el juez instructor ha nombrado como administradora de las sociedades bloqueadas a De Cabo a la abogada Magdaleno, protagonista de las principales suspensiones de pagos ejecutadas en la crisis (Llanera, Martinsa-Fadesa, Marsans…). Aun así, los acusados quieren poner a los cuatro administradores del concurso bajo sospecha.

La quiebra del Grupo Marsans amenaza con adquirir una nueva dimensión. El intermediario Ángel de Cabo, uno de los principales protagonistas del caso, en prisión desde julio del año pasado bajo fianza de 15 millones por su implicación en la Operación Crucero (la causa penal emprendida por los acreedores), presentó en julio un recurso de apelación contra los fundamentos del Juzgado de lo Mercantil que califican la insolvencia del grupo turístico como concurso culpable, y donde carga contra los cuatro integrantes de la administración concursal por facturar honorarios de seis millones de euros.

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