expone la asociación de la economía digital

Google, Facebook o Amazon anticipan un desplome inversor por el pago a los editores

La asociación de las compañías digitales advierte de fuga de la inversión hacia países con una legislación más amable por la Ley de Propiedad Intelectual

Foto: El presidente de AEDE, Luis Enríquez (i), el ministro Wert y el director general, José Gabriel González. (EFE)
El presidente de AEDE, Luis Enríquez (i), el ministro Wert y el director general, José Gabriel González. (EFE)

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vendía ayer las bondades de la recuperación económica. Sin embargo, la decisión del Gobierno de modificar la Ley de Propiedad Intelectual para, entre otras cosas, obligar a los agregadores o buscadores de internet a pagar por enlazar noticias, no saldrá gratis a las finanzas españolas. Según un posicionamiento interno que prepara la Asociación Española de la Economía Digital (adigital), a la que pertenecen gigantes como Google -el más afectado-, Amazon o Facebook, los cambios normativos no sólo provocarán una fuga de la inversión en innovación hacia países con una legislación más amable, sino que frenarán la creación de nuevos proyectos generadores de empleo. 

"Exigir en España una remuneración por enlazar fragmentos de noticias supone una medida excepcional que nos aleja de los países de nuestro entorno con las consiguientes consecuencias para el desarrollo, y la inversión en nuevos modelos de negocio generadores de empleo e innovación y deja en una situación de desventaja competitiva a las empresas de contenidos digitales españolas, en un ámbito donde se prevé un fuerte crecimiento en el medio plazo", reza el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial y que también cuestiona la regulación de la copia privada y del procedimiento que fija la colaboración en el proceso de los intermediarios de publicidad y medios de pago.

El Consejo de Ministros aprobaba el pasado 14 de febrero la remisión al Parlamento del proyecto de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual. Entre las modificaciones incluidas, se reconocía “el derecho de las empresas editoras y autores de noticias a ser compensadas económicamente por la explotación de sus contenidos". Complacía así el Ejecutivo una demanda de largo aliento de los capos de los periódicos en España. De hecho, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) no tardaba mucho en expresar su satisfacción por la medida. El presidente del lobby, Luis Enríquez, consejero delegado de Vocento, aseguraba que la medida “es el paso más importante que ha dado un Gobierno en España para la protección de la prensa". Con la consiguiente reacción de los usuarios.

Para la asociación de las empresas digitales, en todo caso, la nueva regulación no sólo va en contra de la esencia de internet y de su capacidad de innovación, sino que impide a los propios editores decidir por sí mismos si permiten a los agregadores acceder a sus contenidos para indexarlos. “Adigital se manifiesta en contra del carácter irrenunciable del derecho de compensación a los editores por parte de los agregadores de contenidos porque no permite, por un lado, la renuncia voluntaria a cualquier remuneración que algunos editores y medios realizan al publicar sus obras para que se difundan libremente y, por otro, que los agregadores enlacen sin mediar ningún coste a medios o tengan la posibilidad de hacerlo con aquellos libremente interesados en hacerlo”, expone la nota en cuestión.

La batalla no es de poca enjundia. Adigital, que integra a empresas y entidades interesadas en el desarrollo de la economía digital para el impulso y la defensa de sus intereses, cuenta con unas 500 empresas asociadas. Además de las multinacionales citadas, también figuran en sus filas entidades financieras como BBVA, Sabadell u OpenBank (Santander); grupos líderes en la gran distribución como El Corte Inglés; eléctricas como Iberdrola; empresas de servicios ampliamente internacionalizadas como Indra o Abertis; e incluso diarios (La Vanguardia) o firmas dependientes de grandes grupos con participaciones en medios de comunicación (véase Arvato y Bertelsmann). Hasta Coca-Cola forma parte del plantel.

Olvidos en la copia privada

En paralelo, el Gobierno también revisó el concepto legal de copia privada, manteniendo bajo el paraguas legal las reproducciones de CD o DVD comprados y las grabaciones de fuentes de televisión y radio para un visionado o escucha posteriores. No obstante, remitía el tratamiento de las copias digitales a través de internet a los correspondientes contratos de licencia. Para adigital, más allá de lo que contempla la norma, esta nace obsoleta al no cubrir ni dar respuesta a una serie de prácticas que llevan años sin tener cobertura, un marco que también limita el desarrollo de nuevos negocios tecnológicos.

“Necesidades habituales del medio tecnológico, como la ‘asistencia de terceros’ en la reproducción, según la ley, implican estar fuera del límite legal de copia privada –subraya el documento–. La imposibilidad material de controlar las copias realizadas por personas físicas provocará que dichas copias queden fuera de la excepción de copia privada y requieran la oportuna autorización previa, concedida por escrito por el titular (algo que es materialmente imposible)”. Sin contar con que la ley excluye la posibilidad de reproducir sin autorización de sus titulares obras que se hayan puesto a disposición del público en internet. “Prácticas hasta ahora reconocidas por la excepción de copia privada se convertirán en ilícitas, generando confusión a los ciudadanos”, zanja el informe.

Finalmente, las compañías digitales –que no avanzan qué medidas tomarán frente a los cambios legislativos– consideran llamativo que se obligue a colaborar a los servicios de intermediación, medios de pago y publicitarios, con el fin de interrumpir la financiación o bloquear el acceso a internet a los prestadores de servicios que enlazan a contenidos que vulneran derechos de propiedad intelectual. “Dada la gran variedad de operadores y la compleja cadena de valor que existe en ambos mercados, es necesario precisar qué agentes son los efectivamente obligados, ya que de lo contrario el procedimiento podría devenir en inefectivo o ser excesivamente gravoso para la finalidad pretendida”, expone la asociación. Por delante, todo un tour de force

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