El Gobierno presenta una Ley que “no resolverá la piratería”

La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá las “funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de sus servicios”, se puede leer en el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que ha presentado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en el Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso El Confidencial.

La norma inicia su trámite parlamentario señalando que habrá multas de hasta 300.000 euros para los infractores, “los responsables de servicios”. La Secretaria de Estado de Cultura explica a este periódico que “en ningún caso contra los usuarios”. A pesar de lo abultado de la sanción, en el texto queda claro que sólo será “en caso de incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada”. Y se especifica la reiteración: “Dos o más veces” de incumplimiento de retirada de contenidos declarados infractores. Llama la atención el desarrollo legal de la norma, casi 50 páginas en las que se presenta sin afinar y queda pendiente de la concreción durante el trámite parlamentario.

De la misma manera, se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para que el titular que vea dañados sus derechos pueda “solicitar a un juez la identificación del titular de una web sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo a gran escala contenidos protegidos, de forma directa o indirecta”.

El procedimiento se dirige contra esos prestadores “atendiendo a su nivel de audiencia en España, al número de obras” no autorizadas a las que se puede acceder a través “del servicio o del modelo de negocio”. Además, serán sancionados también los “prestadores” que faciliten “la descripción o la localización” de obras sin autorización. Pero aclara el texto de la norma que quedan fuera aquellos que se limiten a “actividades de mera intermediación técnica”. Es decir, motores de búsqueda.

Pero señala que incluirá a quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y prestaciones sin autorización, “con independencia de que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio”.

Desde la Secretaría de estado de Cultura se explica a este periódico que la Sección Segunda podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación del servicio de la página de enlaces que vulnere derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, el bloqueo no es automático, como dictamina una sentencia de la UE hace dos días, sino que queda “a la capacidad de la Sección Segunda decidir”, explica la fuente. “No puedes bloquear sistemáticamente webs de enlaces porque tiene un elevadísimo coste económico para las operadoras tecnológicas”, asegura.

Sin embargo, en la ley se puede leer: “El bloqueo técnico se aplicará cuando resulte proporcionado y necesario para alcanzar el fin de restablecimiento de la legalidad perseguido”. Es más, el nuevo artículo 158 dice deja todavía más claro, que el bloqueo es una cuestión subsidiaria: “El bloqueo del servicio de la sociedad de la información por parte de los proveedores de acceso de Internet deberá motivarse específicamente en consideración de su proporcionalidad y su efectividad estimada, teniendo en cuenta la posible eficacia de las demás medidas al alcance”.

Sin embargo, a lo largo de este último año la capacidad de la Comisión se ha visto seriamente cuestionada ante su falta de operativos. “El compromiso es dotar a la Sección Segunda de más recursos para trabajar. Dependerá del Ministerio de Hacienda y de esta Secretaría. Lo previsible es que así sea”, añade las fuentes solventes. “Previsible” es dejar al albur de la voluntad política la capacidad de actuación de esta comisión y, finalmente, de la ley.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, que ha estado tan ausente en la elaboración y negociación de esta ley como en la gala de los Premios Goya, aseguraba en rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros que ha dado luz verde a la tramitación del proyecto, que “esto no va a resolver la piratería, porque los problemas de la piratería no son sólo problemas nacionales: los alojadores de estos contenidos ilícitos no están en el ámbito jurisdiccional”.

Además de presentar la ley como incapaz para acabar con la piratería, Wert quiso despejar dudas sobre la falta de recursos de la Segunda Sección que denuncia la industria cultural: “Ha habido comentarios sobre su capacidad, si es eficaz o no. Estos son los datos: ha habido 151 solicitudes completadas, con 152 webs que han retirado sus contenidos identificados y 21 han cesado completamente. Se han resuelto el 84% de los expedientes. ¿Hay que reforzar esos mecanismos? Sin duda. Porque no sólo hablamos de los derechos de los titulares de la propiedad intelectual, también hablamos de piratería fiscal. Se hurtan ingresos a la Hacienda pública”. Es decir, hace falta reforzar a la comisión responsable de la defensa de los derechos.

No podía el ministro levantarse de la mesa que compartía con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría sin reafirmarse en una de las primeras frases que hicieron de él, un “toro bravo”: “Dije que España si quería ser importante en las Industrias Culturales Creativas no podía ser la Somalia en la propiedad intelectual, me reafirmo en esa creencia”.

Sí se incluye la posibilidad de la “estrangulación económica de las páginas web infractoras”. Es decir, se podrá requerir la colaboración de intermediarios de pago electrónico y de publicidad incluida en estas páginas de enlaces. ¿Cuándo? Sólo “en caso de falta reiterada voluntaria”. Es curioso, pero la intervención sobre las empresas cómplices queda en el aire: “La Sección Segunda podrá requerir la colaboración necesaria de los prestadores de servicios de intermediación”.

La Secretaría de Estado de Cultura insiste en aclarar que todas estas medidas están dirigidas a los prestadores de servicios, “en ningún caso afectan a los usuarios finales de internet”.

Las reacciones no se han hecho esperar: La Coalición de Creadores considera que este proyecto “no garantiza la eficacia en la lucha contra la piratería ni proporciona seguridad jurídica a las industrias culturales”. Valoran el intento del Gobierno de proteger la propiedad intelectual, pero creen que “no se apuesta por las herramientas más eficaces para la retirada de contenidos ilícitos en internet”. La coalición hace referencia al dictamen ofrecido por el Consejo de Estado que respalda el bloqueo como la medida más eficaz ante la vulneración de los derechos de propiedad intelectual.