documento de regulación aeroportuaria

Ana Pastor ultima el plan DORA para dar nuevas alas a la privatización de Aena

El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) asegurará el control de las tasas a las aerolíneas en función de tráficos, inversiones y calidad del servicio

Foto: La ministra de Fomento, Ana Pastor. (EFE)
La ministra de Fomento, Ana Pastor. (EFE)

La ministra de Fomento, Ana Pastor, no pierde la esperanza de relanzar en el primer semestre de este año la venta de Aena, pero sabe que el proyecto estrella de su departamento requiere de un consenso político que sólo podrá obtenerse mediante un marco regulatorio que asegure el control efectivo del gestor aeroportuario cuando pase a manos privadas. Para ello sirve el DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria) que fijará durante el periodo 2016 a 2020 el business plan de Aena, incluyendo el importe anual de las tasas aeroportuarias de acuerdo con las previsiones de tráficos, el nivel de inversiones y los estándares del servicio.  

El mantenimiento de unas tarifas que aseguren la recuperación de los costes de Aena constituye una necesidad impuesta por la actual regulación comunitaria que tiene que ser revalidada de cara a la privatización y previa consulta con las compañías aéreas. El Ministerio de Fomento ha seguido la pauta del modelo experimentado por el Reino Unido y Francia, donde la regulación económica del mercado aeroportuario se establece desde hace tiempo a partir de planes de actuación a medio y largo plazo.

En mayo pasado el Gobierno estableció la llamada ‘pax tarifaria’ en el sector aéreo mediante un sistema de precios inicialmente referenciado al IPC y que ha sido adaptado en las últimas semanas al nuevo proyecto de ley de Desindexación de la Economía. A la postre, dicho acuerdo tendrá una efectividad de dos años durante los que servirá como puente de enlace con el futuro marco regulatorio y supondrá en 2014 una subida de tasas del 0,9%, que entrará en vigor a partir del mes de marzo.

Desde el punto de vista político la fijación y control de unos precios que garanticen la competitividad de los aeropuertos es una cuestión esencial para el Ministerio de Industria, como responsable máximo del sector turístico. El ministro José Manuel Soria es uno de los que más escépticos se habían mostrado ante la privatización de Aena, precisamente por el temor a una subida de tasas que provoque el rechazo de las compañías aéreas y ponga en peligro la reactivación de una industria considerada como la gran palanca de la recuperación económica en España.

No habrá cierre de aeropuertos

Aena acaba de batir un récord histórico con 129 millones de pasajeros internacionales transportados a lo largo de 2013, incluyendo llegadas y salidas desde los aeropuertos españoles, por lo que el riesgo de ‘matar la gallina de los huevos de oro’ es algo que está descartado de entrada en todos los debates sobre la privatización que la ministra mantiene con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.  El equipo que dirige Ana Pastor ha diseñado precisamente el DORA como una especie de contrato multilateral en el que los precios se adecúen a la calidad del servicio blindando las relaciones comerciales a medio plazo con todas las aerolíneas que operan en España.

El presidente de Aena, José Manuel Vargas. (EFE)
El presidente de Aena, José Manuel Vargas. (EFE)
Las compañías tendrán derecho a beneficiarse de las penalizaciones que el nuevo marco regulatorio impondrá al gestor aeroportuario en el supuesto de que no cumpla los parámetros de la calidad del servicio, tales como pueden ser los tiempos de espera mínimo en los llamados filtros de operación y, sobre todo, los márgenes de puntualidad previamente establecidos. El DORA incluirá también un plan quinquenal de inversiones destinado a garantizar el mantenimiento y adecuación de la red de aeropuertos con un importe estimado de 400 millones de euros anuales.

Otro de los aspectos básicos que estarán previstos como paso previo a la privatización será la prohibición de cerrar los aeropuertos no rentables cuya financiación depende de subvenciones cruzadas dentro de la propia red estatal. Fomento quiere despejar el horizonte de cualquier tentación que pueda dar lugar a discusiones estratégicas sobre el futuro integral de la actual entidad pública por parte de sus eventuales socios privados. Bajo estos condicionantes es posible que algunos inversores industriales retiren sus ofertas de compra pero eso es algo que tampoco preocupa en el Gobierno dada la capacidad de gestión del actual equipo directivo de Aena.

Luis de Guindos apoya a Ana Pastor

Como paso previo a la privatización el marco regulatorio del sector aeroportuario deberá ser refrendado también por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) dependiente del Ministerio de Economía. El titular del departamento, Luis de Guindos, se ha mostrado claramente a favor de la OPV de Aena, cuya mayor resistencia se encuentra ahora entre el grupo de asesores del presidente. En concreto, el zar económico de Moncloa, Álvaro Nadal, ha advertido en su círculo de influencias del riesgo que, a su entender, implica la transferencia de monopolios públicos al sector privado sin liberalizar los mercados.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, y Ana Pastor. (EFE)
El ministro de Economía, Luis de Guindos, y Ana Pastor. (EFE)
El historial de las grandes privatizaciones llevadas a cabo durante la etapa de José María Aznar no son del agrado de los consejeros más cercanos a Rajoy, pero el presidente está calibrando si el remedio puede ser peor que la enfermedad. A fin de cuentas, la posibilidad de mantener Aena en su conformación integral y con su naturaleza estatal es una quimera si a la vuelta de un par de años el Gobierno de la nación tiene que estar soportado en un pacto con alguno de los partidos nacionalistas que tradicionalmente han actuado de bisagra interesada en el ordenamiento legislativo del país.

Ni Rajoy ni Pastor olvidan que la privatización de Barajas y El Prat estaba sobre la mesa del Consejo de Ministros cuando el PP llegó al poder hace dos años. Tendría su gracia que un Gobierno liberal defendiera el control estatal de una empresa para luego tener que trocearla en beneficio de los intereses territoriales de otros grupos políticos claramente hostiles a la unidad de mercado en España. 

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