LA BANCA CREE QUE SALVARÁ MÁS DE 30.000 MILLONES

Guindos garantiza el 30% de las pensiones de las grandes empresas aunque quiebren

La nueva normativa de activos fiscales (DTA) no sólo beneficiará a los bancos. Las empresas con planes de pensiones para sus empleados también salen ganando

Foto: El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos (EFE)
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos (EFE)

La nueva normativa de activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) no sólo beneficiará a los bancos. Las grandes empresas que tienen planes de pensiones para sus empleados o que han acometido grandes prejubilaciones también salen ganando de la reforma anunciada el viernes por Luis de Guindos, puesto que les garantiza recuperar el 30% de esos gastos (es decir, garantiza la deducibilidad fiscal de los mismos) en cualquier caso, aunque entren en pérdidas o incluso quiebren. Por otro lado, los bancos podrán mantener en su capital los DTA generados desde 2011, y el sector considera que finalmente se salvarán más de los 30.000 millones anunciados por el ministro, a la luz de la redacción del real decreto ley.

La nueva normativa de los DTA lo que hace básicamente es garantizar que los bancos van a recuperar la totalidad de estos créditos contra Hacienda tarden lo que tarden en ello y aunque entren en pérdidas o quiebren. Esta garantía es necesaria para que puedan seguir computándose estos activos en su capital según las normas de Basilea III, de ahí su enorme importancia para el sector. Pero como hacer una normativa fiscal específica para la banca vulneraría las normas de la competencia de la UE y se consideraría ayuda de Estado, estas normas deben aplicarse a todas las empresas que tributan por el Impuesto de Sociedades.

La mayoría de los DTA de la banca proviene de las provisiones por morosidad, concepto que, aunque también existe en las empresas no financieras, es muy poco relevante. Pero sí hay un capítulo en el que se beneficiarán notablemente: los planes de pensiones de sus empleados y el coste de las prejubilaciones. Estos gastos generan DTA y han sido salvados en el Real Decreto Ley 14/2013 que aprobó el viernes el Ejecutivo, con lo que se les otorga también la garantía de recuperabilidad total; y como el Impuesto de Sociedades tiene un tipo del 30%, eso se traduce en que el Estado asumirá el 30% de dichos gastos.

Estamos hablando de mucho dinero: Telefónica tiene un plan de pensiones para sus empleados con un patrimonio de 2.884 millones hasta septiembre, el de Endesa alcanza los 2.670 y el de Iberdrola, los 1.053. Además, todas las grandes empresas españolas han acometido ERE mayores o menores en los últimos años que han incluido importantes jubilaciones anticipadas.

Según el nuevo decreto, los créditos fiscales se recuperarán siempre, aunque el auditor no prevea beneficios suficientes en el futuro (ahora existe ese límite) e incluso en caso de quiebra. Si una entidad tiene pérdidas en el futuro, el Estado tendrá que poner parte del dinero pendiente de compensar para absorberlas, y, si quiebra, aportará todo para intentar paliar la situación. Y no habrá límite temporal para apuntárselos, aunque en España lo hemos hecho un poco sui generis: en vez de eliminar el plazo y hacer a los DTA perpetuos (como en los demás países), aquí se ha decidido que, si una entidad no los ha recuperado en 18 años, cobrará lo que le falte en el año 19.

Los DTA son futuros créditos contra la Hacienda Pública (es decir, servirán para reducir los impuestos que deberían pagar los bancos por sus beneficios en el futuro) y pueden ser de dos tipos: los generados por pérdidas del pasado (bases imponibles negativas en el Impuesto de Sociedades) o derivados de gastos anticipados que no son deducibles en el impuesto, como las provisiones dotadas en 2012 por los reales decretos 'De Guindos', los saneamientos y gastos de reestructuración realizados desde 2010 o los compromisos por pensiones.

La banca esperar salvar más de 30.000 millones

La regulación internacional de solvencia conocida como Basilea III, que entra en vigor a partir de 2014, obliga a descontar ambos tipos del cómputo del capital. Esto supone restar a las entidades una media del 30% de sus fondos propios, un capital que tendrían que generar con sus beneficios, que pedir en el mercado o que recibir de fondos públicos. Ahora podrán mantener en torno al 60% de los DTA totales (unos 50.000 millones) gracias a las garantías que les otorga el real decreto.

En la esfera estrictamente bancaria, las entidades se quedaron bastante descolocadas por una norma que difiere notablemente de lo que se les había comunicado, puesto que salvará los DTA generados por estas provisiones y por los gastos de pensiones, pero no las bases imponibles negativas de años anteriores generadas por la morosidad del crédito o los activos inmobiliarios (provisiones específicas), lo que deja fuera 20.000 millones según Economía. La primera impresión de los bancos tras leer la norma es que probablemente se salvarán más de los 30.000 anunciados ya que esta sí es retroactiva a partir del 1 de enero de 2011. Asimismo, consideran que los grandes perjudicados son las entidades nacionalizadas, como adelantó El Confidencial el viernes.

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