Montoro pone pegas a la nueva venta de CatalunyaBanc por su coste para el Estado

La reactivación del proceso de venta de CatalunyaBanc se ha encontrado con un obstáculo mayor que la necesidad de crear un 'banco puente' para aparcar los activos más problemáticos: el ministro de Hacienda. Según fuentes conocedoras de la situación, Cristóbal Montoro se opone a inyectar los entre 2.000 y 3.000 millones adicionales de dinero público que requeriría la operación. Esta nueva inyección incrementaría la deuda pública -bien sea por una nueva emisión del FROB, bien por una mayor apelación al rescate europeo- y, lo que es más preocupante para Montoro, computaría como déficit ya que sería a fondo perdido, es decir, el FROB se apuntaría una pérdida por la totalidad de ese importe. Se trata del enésimo enfrentamiento entre Luis de Guindos y Montoro, y complica seriamente la solución para la más problemática de las entidades nacionalizadas.

"Tienen un problemón de aúpa con CatalunyaBanc y no saben qué van a hacer con ella", asegura una de las fuentes consultadas. "Montoro no quiere de ninguna manera que aumente el déficit y Guindos no quiere tirar más del rescate porque toda su obsesión ha sido utilizar lo menos posible ese dinero; por eso sólo ha cogido 40.000 de los 100.000 millones. Si ahora tiene que pedir más, su afirmación de que era suficiente para completar el saneamiento se vendrá abajo y todo el mundo se preguntará cuántos casos más hay como CatalunyaCaixa", añade.

De hecho, hay que recordar que fue el propio Guindos quien decidió dejar desierta la subasta de marzo porque todas las ofertas exigían saneamientos adicionales, en contra de la opinión del Banco de España. El ministro quería evitar a toda costa los titulares de que el Gobierno "regala" CatalunyaCaixa por un euro, después del revuelo que se montó por la adjudicación exprés de Banco Valencia a La Caixa en pleno estallido del escándalo Bárcenas. Por tanto, Guindos tampoco es excesivamente partidario de una nueva inyección, sino que su opción favorita era crear un holding con las tres entidades nacionalizadas -CatalunyaBanc, Bankia y NovaGalicia- pilotado por José Ignacio Goirigolzarri.

Sin embargo, el titular de Economía ha dado su brazo a torcer a raíz del informe de la consultora McKinsey, que considera un error aquella decisión y afirma que, cuanto más tiempo se tarde en vender la entidad, más valor perderá y, en consecuencia, más dinero público habrá que inyectarle para colocarla. Es decir, que los 2.000-3.000 millones estimados inicialmente y adelantados por El Confidencial se pueden quedar muy cortos si el Gobierno sigue esperando. Ante esta situación, el departamento de Guindos ha hecho de tripas corazón y ha buscado la mejor opción para este saneamiento adicional: el 'banco puente'.

Ahora que estaba resuelto el que parecía el nudo gordiano de la operación, aparece Montoro para volver a complicar la situación. Y no es una complicación menor, porque no va a ser fácil encontrar una fórmula que permita esquivar la inyección de capital público. Estos fondos incrementan la deuda pública, puesto que deben salir de emisiones de deuda del FROB o de una mayor apelación al rescate del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad); en cualquier caso, son préstamos que hay que devolver y que elevan el porcentaje de deuda sobre PIB.

Directo a déficit público

Esas inyecciones per se no computan como déficit público, porque sólo se consideran así los intereses de esta deuda y la parte de lo que se inyecte a las entidades que no se pueda recuperar mediante su devolución con los beneficios generados en los próximos años o su venta (el FROB ha reconocido ya pérdidas en el entorno de 11.500 millones en los últimos ejercicios más los 4.500 del Banco de Valencia, y Bruselas da por perdidos otros 26.000 más al considerarlos déficit público de 2012). Pero en este caso, la nueva inyección iría directamente a pérdidas porque no se recuperará nada en la venta, luego computaría íntegramente como déficit junto a los 12.050 millones ya inyectados en la fusión de Caixa Catalunya, Manresa y Tarragona. Lo único positivo es que este dinero no se tiene en cuenta a la hora de cumplir los objetivos de déficit impuestos por Bruselas.

En todo caso, si no hay más dinero público, no se podrá cerrar el tercer intento de venta de CatalunyaBanc porque ningún candidato está dispuesto a pujar por ella si no hay un saneamiento adicional de una cartera de unos 3.000 millones de créditos con una pérdida esperada muy alta. En caso de que sí se produzca ese saneamiento, el principal candidato a quedarse con la entidad es Santander.

De lo contrario, volvería a coger fuerza la opción del holding pese a que habría que convencer a la Comisión Europea para que la aprobase, ya que no se contempla en el MoU (Memorándum de Entendimiento) ni en los planes de reestructuración de las entidades individuales. Y no hay que olvidar el otro fleco pendiente del proceso: NovaGalicia, donde su presidente, José María Castellano, pretende mantenerse en el puesto y evitar la subasta de la entidad gracias a la protección del presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo.

La vía del 'banco puente'

Como también adelantó El Confidencial, Economía se ha decantado por el 'banco puente' para CatalunyaBanc, frente a traspasar los activos que no quiere ningún comprador al banco malo (Sareb). Aunque no se trata en su mayor parte de activos inmobiliarios ni de crédito promotor -básicamente, son créditos a pymes, autónomos y particulares muy deteriorados (morosos o refinanciados), incluyendo hipotecas a inmigrantes-, la ley permite esta segunda opción. Pero habría que convencer a la troika y es precisamente Bruselas quien no quiere modificar los planes de reestructuración de España después del lío de Chipre.

Así, ha sido la propia Comisión Europea la que ha propuesto a Economía crear una unidad de resolución que separe los activos buenos de los malos de CatalunyaBanc y NovaGalicia para proceder a su liquidación ordenada, al estilo de lo que existe en el Reino Unido. Es decir, la opción del banco puente que se contempla en el artículo 27 de la Ley 9/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito, donde se contempla la venta de esos activos en cinco años frente a los 15 años de vida de Sareb. Carlos Pla, el nuevo presidente de la entidad en sustitución de Adolf Todó, pilotará esta separación de activos.