La amnistía a los grandes bufetes de abogados llega al Defensor del Pueblo y puede acabar en el Constitucional

La amnistía a los grandes bufetes de abogados sigue coleando. Comisiones Obreras (CCOO) ha pedido al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que hace tabla rasa de las actas levantadas por la Inspección de Trabajo a algunos grandes bufetes por contratación irregular de sus abogados.

La denuncia, igualmente, cree inconstitucional la consideración de la relación de los letrados con sus empresas como de carácter especial, lo que merma sus derechos laborales respecto a otros profesionales: arquitectos, ingenieros o economistas.

La demanda de inconstitucionalidad fue solicitada al Defensor del Pueblo el pasado 6 de febrero por el secretario general de CCOO, José María Fidalgo, y ahora será Enrique Múgica quien deba decidir si la asume. Si es así, tendrá que presentar el correspondiente recurso contra la ley 22/2005 que anuló cualquier tipo de sanción contra los despachos a los que se les levantaron actas de inspección en firme. El sindicato no puede hacerlo directamente, de ahí que haya reclamado la mediación de Múgica.

La demanda parte de que “estamos ante una condonación de una obligación de pago de cotizaciones a la Seguridad Social”, lo que acarrea “un perjuicio arbitrario” al patrimonio del sistema público de pensiones. Esta condonación, según CCOO, supone una actuación contraria al artículo 41 de la Constitución, en el que se consagra un régimen público de financiación de la Seguridad Social “cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales, estableciendo un núcleo o reducto indisponible por el legislador”. Dicho en otros términos, el parlamento no puede disponer de dinero de la Seguridad Social. En este caso, de las deudas generadas por los grandes bufetes a los que se abrió expediente.

Igualmente, CCOO argumenta que la nueva norma –pactada con los colegios de abogados- premia a los despachos que han incumplido sus deberes de pagar las cotizaciones sociales de sus trabajadores frente a quienes han satisfecho sus obligaciones: los bufetes que históricamente han venido cotizando por sus empleados. El sindicato recuerda una sentencia del TC del año 1985 en la que se establece que los poderes públicos han de procurar “la igualdad y efectividad” de los derechos constitucionales. En este sentido se recuerda que la ley de la Seguridad Social obliga a que un abogado cuya relación laboral se haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la ley sea dado de alta cuando dice la norma (el mismo día de comenzar su relación laboral) y no a la entrada en vigor del nuevo texto legal.

Carácter especial

La otra línea argumental que despliega CCOO para atacar la ley se refiere a la consideración del trabajo de los abogados como una relación laboral de carácter especial. Y, en este sentido, se esgrime que la Constitución prohíbe las desigualdades -el distinto tratamiento respecto a otros colectivos- que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables.

Comisiones Obreras denuncia que la nueva norma no prevé ningún contenido concreto respecto al carácter que debe tener la regulación laboral de carácter especial, sino que contiene una habilitación genérica e incondicionada. “Como se ve –continúa el escrito- se trata de una verdadera deslegalización del conjunto de derechos y deberes laborales”. Para el sindicato, “no estamos ante una prestación de servicios en la que concurran factores organizativos, económicos o sociológico que justifiquen un tratamiento diferenciado”.